Redacción Canal Abierto | La cancha llega embarrada pero el partido aún no se jugó y –se dice por ahí- que el resultado se definirá en el recinto y también en las calles.

El poroteo venía parejo hasta el domingo. Ese día la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FPV-PJ), a quien todos contaban a favor, anunció que rechazaría el proyecto e inclinó la balanza en favor de los celestes. La cuenta, desde entonces, quedó en un 37 a 31 en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dos indecisos (el santafecino Omar Perotti y el tucumano José Alperovich), una abstención (Lucila Crexell, de Neuquén) y una ausencia (la puntana Eugenia Catalfamo, a favor del proyecto pero con licencia por embarazo).

Sin embargo, las últimas movidas del sector autodefinido “pro-vida”, que milita para que el nuevo derecho no lo sea, no lo muestran como un triunfador cómodo y despreocupado. Durante la tarde-noche del 7 de agosto, corrió el rumor malicioso de que la sesión comenzaría muy temprano y que los opositores se abstendrían de hablar para que se votase alrededor de las 17. La jugada persiguió un único objetivo: evitar la concentración en las calles de las y los manifestantes “verdes” que prometen una manifestación apabullante para cuando caiga el sol. Y es que la presión del afuera podría influir en un resultado que no está puesto.

El medio dictamen aprobado en Diputados cayó como un baldazo en los sectores conservadores que no se la vieron venir y se prometieron que no ocurriría de nuevo. Las verdes, en tanto, aprovecharon desde el primer día la ventana de oportunidad que se abrió con la venia presidencial para tratar el proyecto largamente postergado. Y militaron cada voto, dieron cada debate, y colaron la discusión hasta en los ámbitos más hostiles. El triunfo llegó celebradísimo por una vigilia que aguantó afuera del recinto la madrugada helada del 14 de junio, cuya presencia también fue decisiva en el resultado: sin la presión de la calle, la aprobación no salía.

Con ese antecedente, la lectura es sencilla. “Que sea ley depende de la manifestación popular. Tenemos que ser dos millones”, circula entre activistas, quienes saben que, suceda lo que suceda, ya nada será como antes. Los legisladores también lo comprenden y ninguno quiere pagar el costo político de rechazar un proyecto que ganó más centímetros cada día en el consenso popular y que podría ubicarlos en el Medioevo parlamentario para siempre.

 

El radicalismo en su encrucijada

Además de la calle, está la UCR. Presionados a darse vuelta, los senadores radicales tienen, desde el lunes, el comité nacional tomado a manos de la Juventud Radical, la Franja Morada y la FUA que les exigen que apoyen la reforma. “Tienen ustedes en sus manos, la posibilidad de que nuestro país cuente con una vergüenza menos, con una libertad más”, les escribieron en una Carta Abierta.

Allí, les espetaron: “Conservamos las esperanzas de que en estos últimos días decisivos, quienes representan las ideas del radicalismo en el Congreso de la nación no desoigan a la militancia partidaria. Tenemos la esperanza de que en esta hora no nos dejen en soledad, no nos vuelvan a patear hacia la oscuridad, porque no estamos dispuestos a volver allí. Queremos y necesitamos un partido que nos escuche, la Argentina nos necesita”.

Graciela Fernández Meijide, Ricardo Gil Lavedra, Leandro Despouy y el ministro de Salud, Aldo Neri, enviaron sus adhesiones. También se hicieron presentes, entre otros, Ernesto Sanz, Carla Carrizo, Martín Lousteau, María Luisa Storani, Facundo Suárez Lastra y hasta el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Durante la tarde del martes, se acercó a darles su apoyo la escritora Claudia Piñeiro. “Sólo pedimos que honren la historia del partido que es laica y reformista”, explicó a Canal Abierto.

La UCR cuenta con nueve senadores. En sus manos estará decidir si los 354.627 abortos que se practican al año en la Argentina seguirán siendo clandestinos e ilegales.

 

¿Tecnicismos?

El Senado deberá debatir primero qué dictamen se trata. Los celestes lograron bloquear un dictamen de consenso que obtuvo 26 votos, uno menos que los necesarios para imponerse. Éste incluye tres modificaciones al texto tal cual llegó de Diputados, que garantizan el voto de varios senadores titubeantes: bajar de 14 a 12 semanas el plazo para poder practicar un aborto legal, reducir las penas a los médicos que se nieguen a practicar abortos, y dar lugar a algunos casos de objeción de conciencia institucional que no afecten el sistema de salud público. Si los verdes logran que se discuta el despacho con modificaciones, el proyecto se debatirá mirando por la ventana.

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