Redacción Canal Abierto | En la oficina de Karina Palacios, directora nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, se dilata la resolución de un recurso que garantiza la democracia sindical entre los conductores navales (SICONARA). La maniobra no parece inocente: el gremio aceptó a fin de año pasado reducir los francos para nuevos buques de bandera nacional, a los fines de incrementar la rentabilidad empresaria.   

Quienes recurrieron al arbitrio de la cartera laboral fueron los trabajadores de la opositora lista Verde y Blanca, para denunciar que la junta electoral del sindicato impugna con malicia su participación en los comicios que se desarrollarán entre el 17 de septiembre y 12 de diciembre.

La asesora legal de los proscriptos, Mariana Amartino, había solicitado una audiencia con la directora Palacios en su carácter de autoridad de aplicación de la ley de Asociaciones Sindicales, en busca de garantizar transparencia en el proceso electoral. Pero nunca fue recibida.

El 22 de junio pasado, la comisión directiva central del sindicato que encabeza Armando Alessi desde hace 16 años publicó en diario Clarín el llamado a elecciones y, en los plazos establecidos, los dirigentes verde blancos Walter Canteros y Martín González formalizaron sus candidaturas.

A lo largo de un mes, la oposición solicitó formalmente a la junta electoral nacional el padrón general de afiliados. Lo que se le entregó fueron sólo apellidos y nombres de 906 trabajadores pertenecientes a la sede central del gremio. Y, amparándose en los insuficientes avales reunidos sobre un padrón de 2473 personas, la junta electoral impugnó la oficialización de la lista.

“El comportamiento lesivo y antisindical se advierte en tanto la junta exige una cantidad de avales mayores en función de un padrón electoral que jamás entregó, a lo que se suma la falta de intimación siquiera a esta lista para que subsane el yerro, quien al pretender acompañar más avales al momento de notificarse del rechazo de la oficialización, se le deniega tal posibilidad”, explica la abogada Amartino.

La urgencia del dictamen que saldrá de la funcionaria Palacios es neurálgico, porque de extenderse violaría en concreto la participación democrática.

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