Redacción Canal Abierto | Se conoció en las últimas horas una ordenanza del Concejo Deliberante del departamento mendocino de Malargüe que prohíbe y castiga interrupciones de embarazos no punibles. Se trata de una norma anti-aborto que, con una redacción amenazante, obliga a crear una oficina estatal de protección de los derechos del niño por nacer e impide a los médicos realizar esa práctica, aún en los casos en los que es legal. Según se pudo saber, la absurda iniciativa fue propuesta por organizaciones “pro vida” de la capital, San Rafael, y del distrito malargüense.

Distintos sectores que luchan por la ampliación de los derechos de las mujeres, en la provincia y a nivel nacional, ya han hecho saber que pondrán todas sus fuerzas en intentar derogar la ley local presentando, entre otras cosas,  un recurso de inconstitucionalidad.

Constanza Fosch, integrante de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en Mendoza, analiza en conversación con Canal Abierto el contexto en el que surge la legislación municipal: “Es una provincia conservadora, muy católica, y el sur es peor porque es donde tienen Unidad Básica los sectores de la Iglesia más ortodoxos, el Verbo Encarnado, el Opus Dei, tienen su base de operaciones allí”.

Mendoza es una de las 8 provincias que no adhiere al Protocolo de abortos no punibles; hubo pedidos de investigación al Programa de Salud Sexual y Reproductiva por “promover” el aborto, en contra inclusive de la mayoría de los argumentos de muchxs oradorxs que se opusieron a la sanción de la ley durante los debates en Diputados y Senadores, que recomendaban continuar y ampliar el plan, y la Educación Sexual en colegios.

Además, es uno de los 6 distritos en los que el flamante Partido Celeste está tramitando su personería, para desembarcar en la arena electoral su cruzada anti derechos.

“También está prohibida la venta de misoprostol en farmacias desde 2009, solamente existe en los hospitales y solo la pueden administrar los médicos que trabajan en los establecimientos públicos. O sea que una mujer con una receta no puede ir a comprar porque no hay, y aparte podría tener problemas legales solo por tener la receta”, advierte Fosch, que además asegura que “se está trabajando para derogar esa ley en la legislatura, y han salido a amenazar fuerte a los médicos y las médicas que receten misoprostol”.

El texto vocifera: “Impulsa el espíritu de esta Ordenanza la convicción de que el aborto no es una solución para la mujer, sino que constituye una grave lesión a su salud física y psicológica. Es por ello que los profesionales intervinientes no podrán atentar contra los principios enunciados en el Capítulo I, induciendo a la realización de una práctica abortiva, siendo ésta una causal de remoción del cargo que desempeña”.

En este caso, no solo el activismo ha encendido una señal de alarma sino que especialistas en legislación, constitucionalistas y analistas políticos no dudan en afirmar que se trata de un atentado contra leyes superiores.

 “No nos atiende nadie del Concejo, todavía no han dicho absolutamente nada. Estamos enojadas y asombradas por lo ridículo de esto, porque una ordenanza municipal pasa por encima del fallo de la Corte y del Código Penal, es indignante que esta gente nos esté representando”, completa la militante del pañuelo verde.

“Los efectores de salud que trabajan en las salitas y en los centros de salud pública tienen miedo, lógicamente, entonces si una mujer necesita acceder a una ILE no va a poder”

Por otro lado, las organizaciones feministas destacan que existe un aval del gobierno local. El Intendente es el doctor Jorge Vergara Martínez, un radical aliado del gobernador Cornejo, y la presidencia del CD la ejerce Cambiemos.

A pesar del retroceso que la ordenanza impone, “la potencia que hemos logrado como colectiva es impresionante, no les va a ser tan sencillo legislar de esta manera sin consecuencias sociales, eso no pasa más”, asegura Constanza Fosch, de la Campaña.

Anti derechos constitucionales

La Corte Suprema de la Nación determinó en 2012 que en casos de violaciones o riesgo de vida la interrupción del embarazo es un derecho y no puede ser punible. Incluso esa práctica se puede hacer sin necesidad de judicialización. En Malargüe ahora está prohibido.

“Se considerará como especialmente agraviante y discriminatoria la calificación del niño por nacer como “deseado o “no deseado”, “valioso” o “sin valor”, dice el revulsivo texto de la ordenanza.

La abogada de la Campaña Mariana Hellin, mendocina también, especialista en temas de género, pone las cosas claras: “Es un delirio, es increíble lo que han hecho, tienen pretensiones, ya ni siquiera de legisladores nacionales sino de convencionales constituyentes. La ordenanza dice que todo niño por nacer tiene derecho a la vida desde la concepción, cosa que ni siquiera dicen los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional. El embrión no es un sujeto de derecho para nuestro sistema jurídico y esta ordenanza pretende pasar por arriba de todo, es una aberración jurídica”.

Hellin, que fue una de las oradoras en los debates del Congreso Nacional, considera que “es parte de una ofensiva que empezó a crecer después del 8 de agosto. Perdieron el 13 de junio y se organizaron como saben hacerlo, de manera sistemática, presionando en cada espacio, y decidieron ganar el 8 y después ir por mucho más”.

A la hora de responder sobre el origen de esta ordenanza, a la abogada feminista tampoco le tiembla la voz: “La Iglesia Católica ha movido sus mecanismos perversos y poderosos de siempre, pero también se ha probado como un actor político fuerte el sector evangélico”

“No puede ser que lo confesional pase a ser norma, y mucho menos una norma que va en contra de todas las jerarquías constitucionales, necesitamos que se sepa el nivel de locura de lo que han hecho”, dice.

Y sobre la virulenta redacción del texto asegura que “es un panfleto, una patoteada ideológica y confesional, convertida en una norma institucional. Nos decían a nosotras que queríamos hacer listas negras por los objetores de conciencia y han hecho esto que es coactivo, avasalla los derechos de trabajadorxs de la salud que quieran llevar adelante una práctica que es legal. ¿Qué profesionales de la salud van a avanzar en un aborto con esta ordenanza? Es entendible que quieran cuidar su trabajo”, lamenta Hellin.

“Nosotras hemos vivido en la resistencia, y así avanzamos, entonces para nosotras no es una sorpresa, pero es lamentable que tengan cabida institucional, porque una cosa es lo discursivo, pero que las instituciones respondan es grave”.

“Es un caso interesante de litigio estratégico para llegar a la Corte y que se diga claramente que no se pueden hacer estas barbaridades, no solo para plantear que no es posible este avasallamiento de la pirámide jurídica, sino además para que la CSJ empiece a decir algo, es una buena oportunidad para que ratifiquen el fallo”, anuncia finalmente la abogada Mariana Hellin.

 

 

 

 

 

 

Foto de portada: M.A.F.I.A.

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