Redacción Canal Abierto | Daniel Oyarzún mató a un ladrón hace dos años. Dos ladrones entraron a su carnicería, le robaron, y él los persiguió con su auto hasta que pudo atropellarlos. Ayer fue absuelto por un juzgado popular.
Un tribunal popular de 12 integrantes declaró a Oyarzun “no culpable”. El veredicto no es apelable, por lo que Oyarzún quedó definitivamente absuelto. El debate había comenzado el lunes pasado en el Tribunal Oral en lo Penal número 2, de Campana.
En septiembre de 2016, Marcos Daniel Alteño entró a la carnicería de Oyarzún y robó 5.000 pesos. Salió corriendo del local y se subió a una moto manejada por Brian González. El carnicero subió a su auto, los persiguió y chocó la moto. González quedó atrapado entre la trompa del auto y un poste de madera y Oyarzún, junto a otras personas, le dio una paliza. La golpiza fue filmada por vecinos. Durante el juicio dijo que se trató de un accidente.
En esta entrevista con Canal Abierto, el abogado Esteban Rodríguez Alzueta, del Centro de Investigación y Acción Jurídica de la Plata, analiza el impacto que social que generó el hecho, en el que el presidente Mauricio Macri se involucró directamente pidiendo la libertad de Oyarzun, en un claro mensaje doctrinario que luego se profundizó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, y la invitación a la Casa Rosada al policía Chocobar, entre otros casos.
Además, una mirada espesa sobre la justicia por mano propia y su versión institucional en los juicios por jurados, y los peligros de la justicia televisiva.
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¿Qué análisis hace de la repercusión mediática que suscitó el caso?
Lo primero que hay que señalar es que el caso del carnicero, la justicia por mano propia protagonizado por el carnicero, no fue un hecho aislado. Es un evento que hay que leerlo al lado de otros eventos que tienen asegurada la repercusión en los medios. Digo, la justicia por mano propia hay que pensarla sin perder de vista los numerosos linchamientos o tentativas de linchamientos que se vienen realizando, los apedreamientos de comisarías, las quemas de vivienda de ladrones, los comentarios escatológicos de los lectores u oyentes a las noticias de los periodistas y los escraches en las redes sociales de los foros vecinales. No se trata de eventos aislados sino repertorios de acción emotivos que proponen a la infamia como forma de castigo paralelo y para siempre. Estas prácticas son la expresión de las fuerzas vivas de la sociedad que yo llamo “vecinocracia”, un actor que se fue componiendo a medida que la inseguridad ganaba la pantalla de los medios y se complejizaba la conflictividad social y la violencia callejera. No digo que la vecinocracia sea un invento del periodismo, pero tampoco vamos a negar que las periódicas campañas de pánico moral no constituyan un factor que debamos ignorar. Me parece que el tratamiento truculento y sensacionalista que los medios ensayan habitualmente sobre estos hechos tiene la capacidad de enloquecer a la opinión pública. Han ido modificando los umbrales de tolerancia, y estándares de castigo.
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Los casos de alto impacto generan inmediata apropiación política….
(Macri se apuró a pedir la libertad de Oyarzún, en 2016)
Estos casos no son la expresión de la ausencia de Estado sino de una frustración vecinal: La policía no está presente como ellos quiere que esté. En otras palabras: si no hay gatillo policial habrá linchamiento vecinal. El linchamiento, la justicia por mano propia, son un reclamo de mano dura, la expresión de un punitivismo por abajo que encuentra en los casos extraordinarios un punto de apoyo para activar las pasiones punitivas sedimentadas en el imaginario social. Esto es un gran problema, pero se vuelve un problema mayor cuando el punitivismo por abajo coincide con el punitivismo que viene por arriba.
De hecho, el gobierno de Cambiemos ha hecho de la sensación de inseguridad una fábrica de legitimidad. Bullrich recala en la indignación de la opinión pública, se hace eco de la estupidez vecinal que entra en pánico, para reclutar las adhesiones que necesitan el endurecimiento de un aparato policial, pero también para desviar la atención hacia otros problemas que les permita transformar los problemas sociales en cuestiones policiales. Hay una continuidad entre el carnicero y Chocobar, entre la violencia vecinal y la violencia policial. Dos violencias enlazadas por el funcionariado de turno a través de la pirotecnia verbal de la ministra Bullrich.
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Finalmente los “jurados” lo encontraron «no culpable»… ¿Que particularidades -peligros o beneficios, puede implicar este tipo de procesos?
Ya sabemos que el Estado hace rato perdió el monopolio de la verdad, que el periodismo en general, y sobre todo el periodismo televisivo en particular, le viene disputando la verdad que durante mucho tiempo los tribunales administraron exclusivamente con un lenguaje ilegible y prácticas elitistas, que rozaban el secreto. Los jueces saben muy bien que si un caso llegó a la pantalla de televisión ese caso deberá encararse con otras reglas, otros criterios y otra duración. De allí que la justicia estatal imite cada vez más a la justicia mediática. Una justicia que invirtió la presunción de inocencia, que no necesita pruebas para juzgar a las personas, una justicia que confunde la velocidad con el conocimiento, una justicia que propone castigos cada vez más ostentosos y apasionados, una justicia parapetada detrás de la víctima, que administra justicia con el dolor de la víctima, una justicia que en vez de cuidar a la víctima la expone y fagocita, le zampa un micrófono a la víctima y la pone a legislar y a juzgar. Los periodistas son los testaferros de la víctima y se la vendieron en paquete a los fiscales y magistrados a cambio de cuidarles sus espaldas.
Ahora bien, los jurados -el sistema de jurados- se autopostulan como la reserva moral de justicia. ¿Pero de qué justicia estamos hablando? Se trata de la justicia de los vecinos que aprendieron justicia viendo televisión, una justicia que se parece a la venganza, que ya no tiene la capacidad de detener la violencia. Una justicia que no necesita razones sino pasiones, una justicia temperamental, urgente, aplanadora de la complejidad social, que hizo del encarcelamiento la respuesta a todas preguntas. Por eso no creo equivocarme si digo que el sistema de jurados es la expresión de una alianza entre la justicia estatal y la justicia vecinal. Un sistema que permite a los magistrados blindar el punitivismo que viene militando con el auspicio del Poder Ejecutivo.
* Esteban Rodríguez Alzueta es abogado y Magister en Ciencias Sociales, investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de la Plata. Es miembro del CIAJ, autor de “Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno”, entre otros muchos libros. Impulsor de la Campaña Contra la Violencia Institucional. Es director de la revista digital “Cuestiones Criminales”.
Sus notas pueden leerse en su blog Crudos: http://rodriguezesteban.blogspot.com.ar/