Redacción Canal Abierto | Desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, los organismos de Derechos Humanos mantuvieron en alto la guardia frente a un potencial avance sobre las causas de lesa humanidad. Aunque para algunos de forma premeditada, la actitud defensiva no resultaría en vano.

Es que en estos dos años y medio fueron varios los funcionarios del Poder Ejecutivo que relativizaron la magnitud del genocidio, siempre en un intento por revivir la teoría de los dos demonios.

Sin embargo, sería desde otro poder, el Judicial, de donde surgirían la mayoría de los ataques a la búsqueda por memoria, verdad y justicia.

El enorme atraso en más de un centenar de causas en todo el país para fijar audiencia de debate, la extensión en el tiempo de los juicios orales, tribunales incompletos y el fallo de la Corte Suprema para beneficiar con el 2×1 a represores fueron algunos de los intentos, y a la vez síntomas, de una justicia nostálgica de las botas y bastones.

“Aunque sería muy arriesgado decir que este estancamiento se debe a una sola razón, hay algo que no ayuda. Si vos tenés un Poder Ejecutivo que da señales contradictorias en torno del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, porque por un lado dice que los juicios de lesa humanidad son política de Estado, y por el otro desmantela o debilita los equipos de investigación que están en los ministerios, no contribuye a profundizar el proceso de justicia o a acelerarlo”, explica Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En esa línea se interpreta el reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal: desde 2006 a la actualidad se dictaron 209 sentencias, y sobre un total de 1004 detenidos, 641 se encuentran con arresto domiciliario. Es decir, un 63% de los represores probados se encuentra en su casa.

Los datos arrojan también que son 984 los imputados que han sido sentenciados (862 condenados y 122 absueltos), los que representan menos de un tercio del total. Respecto de los imputados que aún no han obtenido sentencia, 715 se encuentran procesados, a 173 se les dictó falta de mérito, 81 fueron sobreseídos y en relación a los 502 restantes, falta que se resuelva su situación procesal (19 han sido recientemente indagados y 483 tienen pedido de indagatoria por su presunta participación en los crímenes).

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