Redacción Canal Abierto | La raíz del asunto yace en la sanción, por parte del Congreso de la Nación, de la ley 26.702. Aprobada en 2011, la norma transfiere a la órbita porteña una serie de delitos penales, entre ellos atentado y resistencia contra la autoridad, y otro como  los referidos a estupefacientes.

Ahora, a los fines de legislar dicha transferencia, el Ejecutivo porteño impulsa un proyecto que busca introducir “medidas especiales de investigación”. De aprobarse, según denuncia la oposición y un espectro amplio de organizaciones civiles y sociales, implicaría un atentado a la privacidad y la intimidad.

Una de las instituciones más críticas con la iniciativa oficialista, Amnistía Internacional señala que en el caso de la duración de la vigilancia, esta “quedaría sujeta a la libre interpretación de los jueces. Sin límites temporales máximos exigibles se habilita a la renovación indefinida de las medidas. Este tipo de intervenciones, que deberían ser de última ratio, deberían disponerse en plazos cortos, entre los 15 y 45 días”.

Otro rasgo del proyecto que atentaría contra el Estado de derecho y las garantías individuales actuales es que este duplica el tiempo que tienen un fiscal y un juez para resolver la situación de una persona detenida. El plazo pasa de 24 a 48 horas.

La ley también habilitaría el acceso remoto a teléfonos celulares y otros dispositivos móviles sin límite en el tiempo y sin el efectivo control por parte de los investigados y de su defensa. “No establece mecanismos de salvaguarda ni de destrucción de la información que se obtenga sobre las víctimas del delito ni otras personas. Tampoco se regula qué autoridad estará a cargo de la información recopilada ni qué se hará con los datos personales obtenidos. Esto alimenta la divulgación, las filtraciones y otros usos indebidos que ya han sucedido bajo la órbita del mecanismo nacional actual de interceptación de comunicaciones”, indica al respecto el documento de Amnistía, y agrega: “los criterios y requisitos que cada juez/a debe seguir y cumplir antes de otorgar a los/as fiscales una medida de vigilancia no están determinados. Esto implica una discrecionalidad en el procedimiento judicial”.

“Entre otras cuestiones, contempla como medidas probatorias válidas e incuestionables una serie de normas violatorias de las garantías constitucionales y consagratorias (ahora en el texto de la ley) de un verdadero estado de excepción”, señala un comunicado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

También, como las escuchas y las medidas de vigilancia, a través de un acta reservada, un juez podrá disponer del uso de “agentes encubiertos” y “reveladores” por parte de las fuerzas de seguridad, apelar a informantes y a entregas vigiladas. Sin embargo, advierten, en este caso tampoco están aclarados los alcances o qué delitos incluiría, a diferencia de la puntualización que sí existe en el Código Procesal Penal de la Nación.

“No ha de perderse de vista que esta superposición de lo legal y lo ilegal es funcional al proceso de concentración de riquezas y centralización de su comando, que profundizó Cambiemos. Porque no es casual que se intente promulgar esta reforma cuando más se agudizan las tensiones sociales por efecto de la devastación económica que sufren los trabajadores y el pueblo”, atiza CORREPI.

La oposición en la Ciudad también alzó la voz en el cielo ante lo que muchos consideran un atropello contra la privacidad e intimidad ciudadana. Entre otros legisladores, la abogada y diputada por el Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, apuntó contra el Jefe de Gobierno: “Mientras Larreta se hace el copado con los Juegos Olímpicos, mañana quiere aprobar una ley para espiar y controlar a todos los habitantes de la ciudad, especialmente a los sindicatos, a los movimientos sociales y a la oposición”.

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