Redacción Canal Abierto | En octubre de 1947, cientos de personas de la comunidad pilagá se habían reunido en el paraje La Bomba, cercano a Las Lomitas, Formosa, para participar de un encuentro sagrado. La reunión era en torno a Tonkiet, un hombre que -según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. El lugar se transformó así en un espacio de resistencia, donde cada noche los himnos se mezclaban con los tambores y resonaban en el pueblo vecino, sede del escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. La multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería intimó a las familias a abandonar esa concentración, pero los caciques, ancianas y ancianos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna. La negación fue asumida como un acto de rebeldía y el 10 de octubre por la tarde inició una sangrienta represión que duraría varias semanas. Los violaron, fusilaron, apilaron y quemaron. Los grupos que huyeron fueron perseguidos por el monte y capturados, se repitieron los fusilamientos, se borraron las pruebas. 600 pilagá murieron.

Juana Segundo es descendiente de los sobrevivientes de la masacre de Rincón Bomba y presidenta de la comunidad Penqolé, que desde 2010 se asienta sobre esas tierras que el Escuadrón 18 de Gendarmería (el mismo que masacró a su pueblo) y luego un particular (Jorge Luna) usurparon al ser desplazados los pilagá. El paraje se encuentra sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.

La comunidad fue debidamente inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y reclama la posesión de las tierras ancestrales que ocupan de hecho. Esperan, como muchas otras comunidades, el relevamiento de tierras comunitarias que la ley 26.160 dispuso a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y permitiría regularizar esta situación.

A raíz de esto, la comunidad fue denunciada por Gendarmería y por Luna. Juana, por su rol frente a la comunidad, sufre el acoso judicial del Estado y tiene varias causas en su haber. Una de ellas es por “usurpación de tierras” y la otra por un corte de ruta.

En diálogo con Canal Abierto, Paula Mercedes Alvarado abogada de la Federación Pilagá y de Juana, explica la situación: “Este conflicto se inicia cuando la multinacional Techint se hace presente en la zona para realizar el tendido de un gasoducto que atraviesa el territorio comunitario”. Fue a inicios de 2015, cuando personal de la firma se acercó e instó a la comunidad a firmar un convenio que fue incumplido e iniciaron las obras: cortaron alambrados, cavaron pozos y comenzaron la instalación de las cañerías. La comunidad también presentó una denuncia a la empresa por contaminación ya que ésta arrojó residuos tóxicos y de los baños químicos en el terreno, en un pozo cavado cerca de la fuente de agua de los pilagá.

Luego en 2016, realizan junto a otra comunidad un corte de ruta exigiendo una escuela con maestros bilingües y tendido eléctrico. Explica la abogada: “fue un corte parcial, dejaban pasar urgencias. A raíz de este corte Juana y el referente de la comunidad del kilómetro 14, Saturnino Miranda, fueron judicializados y llegamos en estos días a juicio oral por el delito de corte de ruta, un delito federal. En ese momento Juana tenía otro abogado que no hizo bien su trabajo y renunció cuando la notificaron. Cuando me hice cargo de la causa, ya estaban jugadas las alternativas del trámite judicial y la comunidad en asamblea decidió ir a un arreglo con la fiscalía por el cual se sometieron a una probation, que consiste en tareas comunitarias en la escuelita y en la Iglesia: ocho horas semanales durante tres meses”.

El Estado provincial se excusa en la precariedad de la situación dominial de las tierras como justificación para no levantar allí una escuela, en una zona de conflicto. Es así como el Estado continúa discriminando a una comunidad a la que masacró y, pese a las leyes que hoy la asisten, incumple los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan.

 

Fotografía principal: Natalia Colazo para el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

 

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