Redacción Canal Abierto | El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró inconstitucional la Ley de Alquileres sancionada en 2017. La norma tendrá plena vigencia hasta una definición del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad emitió un comunicado en el que sostiene que el Estado tiene facultades para reglar el tema alquileres porque es de interés público y afecta a más de 400.000 familias. Además agregó que su rol es “respaldar a los más débiles”, que en este caso son los inquilinos y aseguró que ley tendrá vigencia hasta que el Tribunal Superior de CABA defina lo contrario.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo basó su fallo en los amparos presentados por el Centro de Corredores Inmobiliarios, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios,  y 75 corredores matriculados.

En diálogo con Canal Abierto, el abogado Jonatan Baldiviezo aclaró las instancias legales del tema y la problemática habitacional.

-El fallo marca una inconstitucionalidad en el avance de la Legislatura local sobre una competencia el Congreso Nacional. ¿Cómo se explica esto?

El Congreso en la cuestión de alquileres ya intervino dictando el Código Civil y Comercial, y lo que dicen los jueces –a mi entender, equivocado- es que la Legislatura de la Ciudad tiene competencia para establecer el monto máximo de los honorarios de los corredores inmobiliarios.

Lo que no puede hacer la Legislatura es decidir quién paga esa comisión. Centanaro y Díaz dicen que el Código Civil reguló el contrato de corretaje de intermediación inmobiliaria y que en esa regulación el inquilino puede aceptar pagar los honorarios o realizar un protesto. Es decir que puede rechazar la intermediación y no pagarlos. En ese marco sostienen que la Legislatura avanzó, abriendo una tercera vía que es la prohibición a las inmobiliarias de cobrar comisión a los inquilinos.

La trampa que establecen los jueces de la Cámara es que por una parte ellos están considerando  que con el derecho de protesto que tienen los inquilinos se soluciona el tema ya que establecen una alternativa para que tenga la posibilidad de no pagar.

-En la práctica, ¿esto se da así?

No. En la vida real lo que sucede es que si el inquilino hace un protesto, el propietario directamente decide no tratar con él. La comisión tiene un monto elevado. Es un mes de alquiler, que hoy ronda entre $10.000 y $15.000. Entonces, la herramienta, que podría ser utilizada en una relación igualitaria entre propietarios e inquilinos, en la actual situación del mercado inmobiliario –donde el propietario no tiene la necesidad de urgencia del inquilino porque el déficit habitacional es cada vez más alto- el inquilino termina dejando de lado el protesto para poder acceder al alquiler.

-Entonces, ¿cuál es la discusión real?

La discusión es si la Legislatura tiene la capacidad de incidir o no en el mercado inmobiliario. Y lo que las cámaras inmobiliarias, a través de este cuestionamiento que establece la ley de comisión, lo que hacen es justamente cuestionar esa capacidad de regular su mercado.

Establecer quién paga la comisión fue una intervención. La  cuestión ahora es si la Legislatura puede a futuro seguir avanzando en esta regulación del mercado inmobiliario. Pero la postura que toman los jueces es equivocada, porque cuando el Estado ya ingresa a un contrato entre privados, deja de ser privado. Se transforma  y se inserta en una política pública del gobierno y, por lo tanto, gobernado por el derecho administrativo.

En este caso, donde el Estado ya ha decidido intervenir en la relación entre inquilinos y propietarios, no podría ser regulado por el derecho civil, sino por el derecho administrativo de la Ciudad, que en este caso es la ley de la Legislatura que estableció que las comisiones deben pagarlas los propietarios.

-Es una postura que favorece a los propietarios….

Aquí hay un abordaje erróneo de los camaristas para defender que el Estado no tenga intervención, que es una relación en desequilibrio de poder, lamentablemente.

Están favoreciendo a la parte más poderosa de la relación, que son los propietarios, y defendiendo el negocio de las inmobiliarias. Como no quieren esta competencia entre inmobiliarias -porque tendrían que ganar menos-, deciden junto a los propietarios ir en contra de los inquilinos, que no tienen ninguna defensa  y la necesidad hace que tengan que pagar el máximo que tolera la ley.

-La ley nacional de alquileres también se dejó caer

Si. Perdió estado parlamentario este años, después de haber conseguido media sanción. Era una promesa de Macri establecer alguna regulación de alquileres. Pero aquí vemos una intención interna del gobierno, donde hay un sector que sigue protegiendo a las empresas inmobiliarias y otro que quiere impulsar la regulación.

Esta es una de las problemáticas habitacionales más graves a nivel nacional. En las ciudades de Argentina hay un promedio de un 40% de familias que son inquilinas. Eso a su vez demuestra que hay un incremento de la concentración de la tierra urbana en pocas manos. Esto, que genera una fractura social de propietarios de muchos terrenos e inquilinos sin vivienda es de los grandes problemas urbanos que tenemos en el país, y que a pesar del “compromiso” del Presidente, en el Congreso se decidió no tratarlo y dejar esta problemática sin solución.

-Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo debería fallar la Justicia?

El Tribunal Superior de Justicia debería fallar a favor de la constitucionalidad de esta ley. De lo contrario dejaría sin armas a la Legislatura de la Ciudad para poder abordar localmente esta problemática que, conjuntamente con el crecimiento de las villas y los servicios públicos, es una de las más graves y no está teniendo un abordaje profundo e integral por parte de los últimos gobiernos de la Ciudad.

promoción

Nuestros temas