Redacción Canal Abierto | Esta mañana, los grandes medios festejaron con bombos y platillos que el “sinceramiento fiscal” –el plan con el que el Gobierno sedujo capitales de argentinos no declarados para volver al país e ingresar al sistema legal- permitió blanquear activos por 116.800 millones de dólares que ya aportaron al fisco 148.600 millones de pesos. Pero esto, ¿es una buena noticia?
“Hay que matizarlo. En primer lugar, esto es la demostración de que la economía argentina tiene un problema con la inversión porque los capitales en lugar de reinvertirse, se fugan”, explica Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) y coordinador del Instituto Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Pero en Argentina, “fuga” no siempre es sinónimo de ilegalidad. “Muchos de estos capitales se fueron con instrumentos evasores, ilegales; pero también hay muchos activos que se fueron con operaciones legales de bonos (contado con liqui) –continúa Raffo-. Y esto tiene que ver con que en realidad la economía argentina no tiene nuevos proyectos de inversión. Donde hay ganancias, está todo ocupado por grandes empresas, extranjerizadas la gran mayoría. Y lo que ganan esas mismas empresas no tienen incentivos para producir más o reinvertirlo en otros sectores, entonces lo fugan. Los accionistas de esas empresas o los que tienen una renta importante tratan de tener rendimientos también elevados que no se consiguen en la parte productiva sino en lo financiero”.
“Es decir que la parte de estos capitales que se fueron por la vía legal demuestra que falta un modelo productivo que torne racional que los capitales, en vez de fugarse, se inviertan. Y viene de lejos este problema”, agrega.
Los datos que en conferencia de prensa fueron anunciados conjuntamente ayer por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , el jefe de la AFIP, Alberto Abad, y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, arrojaron que el 80% de los activos blanqueados está en el exterior. En el caso de las inversiones, casi el total estaba repartido entre Estados Unidos (30%) y Suiza (26%). Algo similar ocurrió con los fondos en cuentas, donde el 77% estaba en el extranjero. Con estas cifras, el Gobierno sumó el equivalente a un mes de recaudación tributaria extra.
Para los economistas neoliberales, estos datos hablan de que los inversores no tenían confianza en la Argentina y que –con esta medida- estarían revirtiendo la situación, como se encargó de afirmar el propio Abad en más de una oportunidad. Sin embargo, este retorno responde también a una cuestión más macro. “La situación internacional ha cambiado. Ahora hay un convenio internacional para que los países puedan gravar los capitales que vienen del exterior –aclara Raffo- . Si no están declararos, la tasa del gravamen es superior. Hay un incentivo de los que evadieron para evitar pagar una tasa afuera que seguro va a ser superior a la que el blanqueo les va a imponer. No pagaron en su momento, pensaron que estaban cubiertos afuera, y como ahora no lo están, vuelven al país donde van a pagar menos”.
Raffo también advierte que “hay un incentivo a que inviertan, pero no necesariamente va a ser así”. “Más allá de las intenciones del Gobierno de que los capitales inviertan en sectores de la economía real, o productiva, esto no pasa sólo por buenas intenciones. Ocurre si hay un esquema que haga que la inversión en el sistema productivo sea más rentable que en el sistema financiero, y no es así. Lo que va a pasar es que la mayoría se va a volcar a mantener la reserva de valor: plazos fijos o construcción”, subraya.
“Al mismo tiempo, si leés esto en clave de lo que está pasando en la economía local, donde el Gobierno definió que no va a haber un aumento salarial real, sino que va a haber aumentos igual a la inflación, entonces de ningún modo esto va a ser una buena noticia. Porque si en el mejor de los casos hubiera nuevos emprendimientos en la construcción, como mucho tendríamos mayor nivel de empleo, pero no un aumento del salario real. Consecuentemente, tendremos una mayor demanda en el mercado interno atada a mayor volumen de empleo pero no a mayor poder adquisitivo, y esta mayor demanda, en un contexto donde la economía no invierte, va a determinar que a la larga tengamos una inflación superior a la que dice el Gobierno”, afirma.
Por otro lado, el 98 por ciento de los nuevos contribuyentes eligió pagar la penalidad en efectivo y sólo el 2 por ciento utilizó la alternativa de adquirir algunos de los bonos que se ofrecían, contradiciendo la supuesta “confianza” que destacaron los funcionarios oficialistas.
En el caso de los inmuebles se dio una particularidad: la mayor parte de lo blanqueado estaba en el país (66%, unas 110.000 propiedades). «Para que dimensionen: es como si nos encontráramos de la noche a la mañana con 220 countries con 500 viviendas cada uno”, se relamió Abad. La metáfora no es casual, ya que la mayoría de los inmuebles locales sin declarar estaban en barrios privados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y en Córdoba.
Para Raffo, un plan para revertir este problema argentino que desalienta la inversión debería incluir una «mejora y democratización de lo que hay, un estudio para fomentar los sectores estratégicos, y un fomento al desarrollo en tecnología». Pero también un castigo «con todo el peso de la ley» a los evasores. «Aquí se ha premiado la evasión y la fuga legal, en vez de castigar. Y el premiar lo que hace es reproducir en el tiempo este comportamiento. Por eso, seguramente, los procesos de fuga de capitales no se van a terminar: se blanqueó una parte para luego reiniciar el circuito de fuga”.