Redacción Canal Abierto | Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) puso el foco sobre una constante de la economía argentina. Se trata de la fuga de capitales que el empresariado nacional ha practicado de manera sistemática durante los últimos cuarenta años.
El instituto que coordinan los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo elaboró un informe titulado «Paro y Blanqueo» que compara las pérdidas económicas del paro nacional del 6 de abril, sobre el que hace foco la mirada economicista de la medida, con «el otro paro del que nadie habla».
Frente al cálculo del Ministerio de Economía que sostiene que el paro de los trabajadores costó al país unos 15 mil millones de pesos, esta fuga significó para el país, según datos del Banco Central, una pérdida de cerca de 14 mil millones de dólares, de enero del 2016 a febrero 2017. Es decir que la fuga de capitales que los empresarios realizaron desde que comenzó el gobierno de Cambiemos significó para el país «un costo 13 veces superior al de los trabajadores».
«El de los empresarios se trata de un paro -sostiene el informe- puesto que la fuga es excedente que se dirige afuera de la economía argentina. Son recursos que se generan en nuestra economía, bajo procesos productivos de valorización, que los empresarios al remitir al exterior transforman en pérdida millonaria para la economía nacional. En los últimos años, la fuga de capitales acumula un total de 240 mil millones de dólares».
Estas cifras se dan en el marco del reciente blanqueo, promocionado por el oficialismo con bombos y platillos.
Según estimaciones privadas, el valor de los activos que los millonarios argentinos tienen en el exterior ascendería a los 375 mil millones de dólares. El blanqueo significó para estos capitales fugados jugosos incentivos fiscales para retornar al país. Sin embargo, los economistas sostienen que en realidad se trata de incentivos «para exteriorizarse» porque no necesariamente retornan.
Estos incentivos «llevan en el orillo la evidencia de que la política en curso considera que el paro empresarial o fuga ha sido absolutamente legítimo y al cual la sociedad en su conjunto debe pedirle disculpas resignando impuestos y exculpando delitos», afirman Lozano y Raffo. Una política económica que, lejos de revertir la tendencia, la legitima.