Redacción Canal Abierto | Luego de que se conocieran los detalles del acuerdo negociado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron a sonar algunas voces disidentes, incluso desde adentro del Frente de Todos.

Es el caso de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación, quien destacó que la decisión “implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado”.

Lozano, junto a Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, impulsaron una denuncia penal en diciembre de 2019 contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del mega préstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.

Por el primer acuerdo, contraído con el FMI en abril de 2018, Baldivieso y Lozano ya habían presentado un amparo colectivo que solicitaba una medida cautelar urgente y otra denuncia penal, con argumentos similares a la segunda.

Entre sus fundamentos, figuraba que “el FMI ha violando su propio Estatuto que le impide prestar fondos en países en situación de fuga de capitales”. En efecto, desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina US$ 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda US$ 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron US$ 36.380 millones.

Ahora, Lozano volvió sobre el tema al argumentar que “el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los foros políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI” y “desistió de promover la nulidad del crédito Macri-FMI, tanto a nivel local como internacional”.

“Jamás produce buenos resultados validar la impunidad”, concluyó.

 

Ajuste y menos soberanía

“En segundo lugar, mientras esperábamos un acuerdo de facilidades extendidas a diez años, el gobierno sorprende con un stand by recontracondicionado y controlado, seguido luego por facilidades extendidas sin que quede claro desde cuándo se cuentan los años de gracia. Si es desde el primer desembolso, o al final del stand by”, planteó Lozano sobre los detalles del acuerdo que dio a conocer el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según explicó, la diferencia no es menor, ya que en ella radica si los vencimientos que Argentina no pagará ahora se concentrarán en 2026 o en 2028, lo que le da un margen más o menos grande al país para crecer en tanto limita las posibilidades de esperar un shock de confianza a partir del acuerdo.

“Lo que resulta es que la negociación termina siendo apenas un default diferido y no una solución al endeudamiento –resumió el economista–. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda”.

En tercer lugar explica que, si bien el acuerdo no implica condicionalidades estructurales (reforma laboral, previsional y fiscal) “sí hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024”.

 

Las jubilaciones, las tarifas y el dólar

“El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8.920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4.200 millones de dólares respecto al Presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado. Se trata de un ajuste fiscal de 1,7% PBI  en dos años y de 1,1% en el 2022”, detalló.

Esa reducción sólo será posible achicando el gasto de “salarios, jubilaciones y prestaciones sociales (…) o bien la reducción de subsidios con impacto potencial en la evolución de las tarifas”.

Finalmente, Lozano puso el eje en que el ajuste sobre la emisión monetaria con este acuerdo será mayor aún, ya que pasa del 3,7% del PBI, en 2021, al 1 % en 2022, lo que “tiende a alimentar el comportamiento especulativo del mercado de capitales en pesos y a desalentar la política de crédito para el desarrollo productivo”, “supone inducir la devaluación del dólar oficial” y que la política de salarios y jubilaciones queden “subordinadas a las metas fiscales establecidas”.

“Más allá de lo preciso de las metas establecidas, el acuerdo supone la cesión de soberanía expresada en la instalación de una misión permanente del FMI en el país a la cual habría que consultar las políticas, y el desarrollo de 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante”, finalizó.

 

La CTA Autónoma también se pronunció en rechazo al acuerdo

La Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, de la cual Lozano es el referente económico, también emitió su opinión en rechazo a los resultados de la negociación llevada adelante por el gobierno de Alberto Fernández.

“Dados los anuncios efectuados, Argentina entra en un sendero de ajuste para llegar al déficit cero en el 2025 –sostuvo en un comunicado–.  En definitiva, de pasar a denunciar al FMI y a la Administración anterior Argentina opta por el camino de refinanciar un préstamo fraudulento, asumiendo un sendero de ajuste y resignando soberanía”.

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