Redacción Canal Abierto | El culebrón judicial Odebrecht tiene un nuevo capítulo local igual o más jugoso que los anteriores. Esta vez, la empresa brasileña implicada en el escándalo de corrupción que por estos días hace tambalear al gobierno de Michel Temer, ofrece un acuerdo al Poder Ejecutivo argentino y al Ministerio Público Fiscal que, según se supo, incluye diversos beneficios para la constructora a cambio de información sobre pagos de coimas y sobreprecios entre funcionarios y empresarios.
Según lo que trascendió, en la propuesta lo que más le importa a la empresa es asegurarse la continuidad de los contratos firmados y el compromiso de que el Ejecutivo no iniciará ni avalará denuncias penales contra ella. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aseguran no haber tenido acceso a los términos.
Todo esto se da a conocer a sólo dos días de que el juez federal Sebastián Casanello ordenara allanamientos en las oficinas de la empresa en la Argentina, de seis compañías que fueron sus socias y de AySA, la empresa pública de agua, con el fin de obtener documentación sobre la construcción de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Bicentenario, cuyos contratos fueron adjudicados a Odebrecht y Camargo Correa. Los allanamientos que duraron siete horas iban tras información sobre licitaciones «mellizas», que comparten nombres y prácticas con las que se investigan en Brasil.
Justo mientras el procedimiento acontecía, el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantenía una reunión con el abogado de Odebrecht para intentar llegar a un acuerdo. Ni bien este último supo del procedimiento judicial, se retiró.
Fuentes judiciales aseguran que lo que el Gobierno pretende negociar es que la empresa entregue una lista de nombres involucrados –relacionados con la gestión kirchnerista y, en especial, con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido- y suprima otros, cercanos al oficialismo y a la familia presidencial. En este último grupo los que escuchan sonar los sirenas más cerca son el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa, una de las socias locales de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento.
Una parte de la Justicia no compartiría, al parecer, el mismo objetivo. De allí que el allanamiento que hizo fracasar la reunión con Garavano podría no ser casualidad.
Para la tribuna
Este miércoles, el fiscal Federico Delgado le había ofrecido a los directivos de Odebrecht un acuerdo. La Operación Lava Jato, como se la conoce mundialmente, avanza en Brasil gracias a la “delación premiada”, una suerte de ley del arrepentido que beneficia con reducción de penas a sospechosos en causas de corrupción que aporten datos relevantes para la investigación. Aunque en la Argentina no existe esa figura, las leyes permiten a las fiscalías negociar algunos beneficios con los imputados, siempre que el juez los acepte. En ese marco aconteció el ofrecimiento de Delgado, pero la legislación local no hay normas que respalden la renuncia a iniciar acciones penales a cambio de colaborar, como implica la reciente propuesta de la constructora brasileña.
Por otro lado, el 1 de junio termina el llamado “sigilo interno”, es decir que ese día los documentos que impulsan la investigación en Brasil dejarán de estar protegidos. Diez países, entre ellos el nuestro, los han solicitado para avanzar sobre los crímenes cometidos por ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa Odebrecht en el exterior.
Sin embargo, no falta quienes vean estas movidas jurídicas como acciones pour la galerie, ya que con la documentación que ya está en manos de la Justicia argentina alcanzaría y sobraría para avanzar en la causa y contra varios de los implicados. Por otro lado, Brasil tiene una política de Estado de vieja data por la que no hay antecedentes de que comparta datos de este calibre, ni extradite personas.