Redacción Canal Abierto | La condena a Luiz Inácio Lula Da Silva que se conoció hoy establece que, además de cumplir nueve años y medio de presión, se encontraría inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 19.
El fallo del juez Sergio Moro que declaró culpable al ex mandatario de 71 años de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero es, para muchos, la segunda instancia de un golpe de Estado que comenzó con la salida forzada de Dilma Rousseff de la presidencia el año pasado.
“Para nosotros es parte de un golpe orquestado porque Lula suena como el nombre principal para la elección de 2018. Michel Temer no tiene popularidad y no va a lograr mucho permanecer mucho tiempo más en el poder. Pero Lula representa un peligro muy grande para el oficialismo”, explica Stela Jordy, periodista brasileña y corresponsal internacional, en diálogo con Canal Abierto.
La condena al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) se da al día siguiente de que el Congreso brasileño aprobase la reforma laboral más resistida por los trabajadores, que habilita a la patronal a negociar y fijar un salario por debajo del indicado por ley, sin la intervención de los sindicatos. Esto, para la dirigencia sindical, hiere de muerte a las convenciones colectivas sancionadas por la OIT y retrotrae la legislación a los años 50, previa a las leyes obreristas de Obdulio Vargas.
Para Jordy, la falta de una consulta popular sobre este tema habla a las claras de que se trata de “un cambio de arriba para abajo, un movimiento de las empresas contra los trabajadores”. Y la lectura de dos fallos de este calibre en la misma semana revela que se “abre el camino para la derecha en Brasil, para que la derecha domine el escenario político”.
El momento justo
Para impedir que Lula se presente a las elecciones presidenciales del año que viene la sentencia debe confirmarse en segunda instancia, y el plazo máximo que tiene el tribunal para ratificar el fallo es un año y medio.
Lula fue condenado por aceptar un triplex en Guarujá, en la costa de San Paulo, como supuesto soborno de la constructora OAS a cambio de favorecerla en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El ex presidente negó las acusaciones y exigió que se exhibiera alguna prueba, porque por ahora el fallo sólo se sostiene sobre la delación forzada de los dueños de la empresa detenidos por el juez.
“Sabíamos que pasaría esto pero no sabíamos cuándo. Es muy sospechoso que justo ahora lo estén condenando. Es un cerco político muy bien orquestado y no hay cómo defenderse. Además, la población con mayor poder adquisitivo de Brasil avala la prisión de Lula”, sostiene Jordy.
La opción de esta porción de la población es João Doria Júnior, el alcalde de San Pablo, el candidato que suena más fuerte desde la derecha de la agitada política brasileña y que algunos describen como el Donald Trump vernáculo. Se trata de un hombre que no viene de la política, un empresario muy bien relacionado con sus pares y muy bien visto por los sectores económicamente más prósperos del país vecino.
Entretanto, la población está, según la periodista, “perpleja y conmocionada”. “Es muy pronto para decirlo, pero seguramente la respuesta a esta avanzada será en las calles”, anticipa.