Por Bruno Dobrusin* | En plena campaña electoral, durante una visita a los estados industriales de Ohio y Pensilvania, Donald Trump hizo eje sobre la cuestión del comercio. Denunció al Tratado del Trans-Pacífico (TPP) y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés).
“Estos acuerdos funcionaron para los intereses económicos de unos pocos, que han saqueado a nuestro país”, fueron sus palabras frente a un auditorio de obreros industriales. Las promesas de Trump a los sectores obreros van quedando en el camino sin ser cumplidas. Las renegociaciones de los tratados de libre comercio son una demostración clara de esto.
Casi un año después de aquella gira, en agosto de 2017, ya con Trump como Presidente de EEUU, comenzó el proceso de renegociación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá. Trump prometió hacer un acuerdo ‘justo’ para el pueblo norteamericano. Sin embargo, filtraciones a la prensa sobre las negociaciones dentro del congreso estadounidense (publicadas por la organización PublicCitizen) demuestran que son justamente los intereses económicos denunciados por Trump los que están empujando la ‘renegociación’.
Entre las principales propuestas de cambio, aparecen la quita de los mecanismos de protección social y ambiental que podían ejercer los gobiernos locales; así como el refuerzo al sistema de resolución de inversiones, al estilo del que se había pensado para el TPP. Los documentos muestran claramente la intención del gobierno de Trump de profundizar los beneficios para grandes empresas, utilizando como excusa los efectos negativos sobre el empleo en EEUU. Uno de los aspectos más relevantes de este documento tiene que ver con la protección, al entender de EEUU laxa, de los derechos de propiedad intelectual en los otros dos países. Esto afectaría todavía más a la autonomía económica de los estados, en beneficio de las grandes empresas.
La renegociación del tratado es un momento para repensar los efectos del NAFTA sobre los trabajadores en los tres países. México fue seriamente afectado por el acuerdo, con aumento de la pobreza estructural, estancamiento económico y el desplazamiento de más de 5 millones de campesinos de sus tierras, imposibilitados de competir con los productos agrícolas norteamericanos fuertemente subsidiados. En Canadá y Estados Unidos, el NAFTA impulsó un proceso de pérdida de millones de empleos industriales. Se estima sólo en EEUU una caída de 4,5 millones de trabajos industriales desde la firma del tratado. La competencia a la baja en los estándares de protección laboral, así como en condiciones de seguridad en el trabajo, es una de las aristas más preocupantes del tratado, y que amenaza con profundizarse en esta renegociación.
Sectores sociales y sindicales en los tres países reclaman que se fomenten los derechos laborales mediante cláusulas específicas y que se refuerce la implementación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, se reclama por una mayor protección ambiental y capacidad de los estados de regular la inversión extranjera, así como el fin de los mecanismos de arbitraje de diferencias entre estados y empresas, que claramente benefician es las grandes corporaciones.
Hasta el momento la propuesta del gobierno de EEUU no es pública. Las filtraciones indican que se profundizarán los aspectos más nocivos del tratado, buscando reforzar la posición de las empresas norteamericanas más importantes. Es una clara demostración que la política de Trump está lejos de mejorar la vida de los trabajadores, sino que se enfoca en aumentar los márgenes de ganancia del gran empresariado.
En este contexto político-económico, el rechazo al NAFTA tiene que ser total. La renegociación del acuerdo no tiene sentido en ninguno de los escenarios posibles, ni siquiera con las llamadas cláusulas sociales. Rechazar el NAFTA, así como los demás tratados existentes, implica obligar a los gobiernos a repensar acuerdos que tengan la realidad de los pueblos en el centro de las preocupaciones, y no como un factor más al que solo escuchar durante la campaña electoral.
* Asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma