Redacción Canal Abierto | El reciente respaldo de los votos permitió al Gobierno un fuerte espaldarazo para avanzar de forma exprés sobre dos reformas de alto impacto en la vida de los trabajadores. Con el pretexto de impulsar la producción y el empleo – ambas necesidades ciertas y concretas -, y casi en forma simultánea, el gabinete macrista presentó sus proyectos en materia laboral y tributaria.
“No cabe duda de que en los hechos este paquete de reformas busca ampliar la ganancia empresaria”, asegura la integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “De fondo, el diagnóstico que hace el Gobierno es que si los empresarios tienen los bolsillos llenos, luego esa riqueza se volcaría necesariamente sobre los sectores populares”. Esta perspectiva político – económica, conocida como “teoría del derrame”, tuvo -en mayor o menor medida- preponderancia en nuestro país y buena parte de la región desde la década del 90´hasta la actualidad. “Es un intento de legitimar la desigual distribución del ingreso que provocan las políticas liberales”, indica Rameri en esta entrevista con Canal Abierto.
Eufemismos a parte, el objetivo declarado de ambas reformas es el de abaratar costos para mejorar la competitividad argentina, algo que el Gobierno dejó en claro pretende lograr vía reducción del precio de la mano de obra.
“La idea de que el trabajador argentino es demasiado caro es sólo un mito que se pretende instalar como verdad. Es mas, este no sería un modelo de carácter extractivista, como de hecho lo es, si tuviéramos salarios altos. Al contrario, el salario hoy se encuentra bastante deprimido, y está muy lejos de ser el vector dinamizador de la demanda como lo fue en la Argentina industrializada”, asegura la economista.
En junio de 2017 la tasa de desocupación a nivel nacional era del 9,2%, un 1,6 por encima de los datos del mismo periodo del año anterior. Este incremento obedeció a un proceso de destrucción de puestos de trabajo que, si bien se profundizó en la era Cambiemos, tuvo su correlato en al menos los dos últimos años de gobierno kirchnerista.
En este sentido, una de las propuestas con vistas a la generación de empleo es la implementación gradual (en cinco años) de un Mínimo no Imponible para contribuciones patronales, con el cual los primeros 12.000 pesos de remuneración bruta no pagarían estas contribuciones. “En los 90´ ya se había aplicado una eliminación casi total de los aportes patronales. Todo da a suponer que ahora, al igual que en aquel entonces, no va a tener ningún efecto en materia de generación de empleo”.
“Para generar trabajo real y estable hay que plantear un cambio estructural del actual modelo, y para ello es necesario que el Estado se ponga al frente del proceso de inversión. Con esta reforma, por el contrario, se busca que los precios arbitren en la asignación de recursos, liberando al mercado las fuerzas de reactivación económica”, opina la investigadora del IPyPP, y agrega: “El buen clima de negocios que intenta proponer el macrismo hace que las ganancias extraordinarias sean mayores, pero sin repercusión en las inversiones o generación de empleo”.
En la conferencia de prensa del pasado 31 de octubre, el ministro Nicolás Dujovne presentó una reducción -en un plazo de cuatro años- de la alícuota del impuesto a las ganancias de 35 a 25 por ciento para ganancias que no se distribuyan, es decir, que se reinviertan en el circuito productivo. “Si bien este es uno de los pocos aspectos positivos de la reforma, no se llegan a tocar las ganancias de personas físicas con mayor capacidad contributiva, uno de los aspectos mas injustos de la propuesta”.
Otro cambio que se viene es la eliminación de Ingresos Brutos, una carga impositiva de carácter provincial que, coinciden la mayoría de los economistas, resulta distorsiva para la actividad económica. Este impuesto suele representar hasta 7 de cada 10 pesos que obtienen las provincias de sus propias recaudaciones. “Tiene que estudiarse y avanzar de forma cuidadosa porque podría dejar a las provincias en un estado de una aún mayor dependencia del Poder Ejecutivo nacional, o en la necesidad de salir al mercado financiero internacional, con el riesgo que implica el endeudamiento para afrontar el gasto corriente”, asegura Rameri.
Entre la batería de anuncios brilló por su ausencia una modificación que desde hace años vienen reclamando sectores políticos y sociales. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), una carga fiscal que cae sobre las espaldas de los consumidores finales (es decir, la mayoría de la población), es considerado uno de los impuestos más regresivos e injustos. En Argentina el IVA se aplica en torno al 21%, una de las tasas más altas del mundo. “Un ejemplo claro del sistema impositivo injusto que rige en la actualidad y que no pretende cambiar esta reforma son que los impuestos indirectos al consumo, como el caso del IVA, sigan teniendo un peso importantísimo en la recaudación nacional. Mientras que los tributos de imposición directa, por ejemplo a los bienes personales o la herencia, se mantienen muy bajos”, asevera la economista.
“La experiencia histórica indica que los precios no son los mejores asignadores de recursos y que si no hay voluntad política, no sucede un cambio estructural de forma espontanea. Es decir, todo excedente del margen de ganancias en el bolsillo de los empresarios se convierte en fuga de capitales”, concluye Ana Rameri.
En esta línea, cabe recordar que durante 2016 se fugaron 10 mil millones de dólares, mientras que en lo que va de este año el monto alcanzó los 15 mil millones. “Nuestros cálculos estiman que con esta reducción del costo impositivo se podría llegar a triplicar la fuga de capitales”.
Entrevista completa:
Entrevista: Diego Leonoff