Redacción Canal Abierto | La reforma laboral tiene dos etapas: una transversal a todos los sectores de trabajo -expresada en el anteproyecto que por estas horas la CGT consensua con el ministro Triaca- y otra que modifica a la baja los convenios colectivos. Así como sucumbieron dóciles los dirigentes petroleros de Vaca Muerta y los lecheros de Atilra, ahora el turno le tocó a los trabajadores electrónicos y de electrodomésticos de Tierra del Fuego.
Los verdugos, en este caso, fueron la gobernadora justicialista Rosana Bertone, el titular nacional de la UOM, Antonio Caló, el secretario general metalúrgico en la provincia, Oscar Martínez, los ministros Nicolás Dujovne, Francisco Cabrera y Rogelio Frigerio, y los empresarios agrupados en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).
Todos suscribieron congelar entre junio de 2018 y junio de 2020 el salario de los casi ocho mil trabajadores del sector a cambio de que no haya despidos ni suspensiones. «Era peor una reducción (del 30%) de sueldos (como proponía la cámara patronal), y mucho más si se comenzaban a perder parte de los puestos de trabajo directos», aseguró el secretario adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares a FM del Pueblo.
El objetivo de los empresarios y su gobierno es reducir los precios de los teléfonos celulares, LCD, equipos de aire acondicionado y microondas. La pregunta que comenzó a circular como murmullo entre las filas sindicales es si después que las patronales recuperen su ganancia los trabajadores recuperarán el poder adquisitivo perdido.
Si bien el Banco Central estimó que el inflación proyectada para 2018 es del 15%, las estadísticas del IPC Congreso resaltan que desde 2011 hay una inflación interanual (que no cede) del 25%.
La jugada que emprendió el gobierno sobre el tablero se la puede considerar tan hábil como extorsiva: si hace quince días amenazó con eliminar el impuesto del 17% sobre la tecnología local e importada, ahora planteó una reducción gradual hacia 2023.
Bertone, quien advirtió al principio que la eliminación del impuesto llevaría a “la disolución de la provincia», ayer estampó su firma de buena gana.