Redacción Canal Abierto | En el marco de la elaboración del anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, la Comisión Redactora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esboza “incorporar una exención de responsabilidad penal a la punibilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, que provoquen lesiones o la muerte de una persona durante el cumplimiento de sus deberes y con el uso de las armas en forma reglamentaria”, lo que implica que el policía que ejerza gatillo fácil no deberá pagar por ello.
Al respecto, María del Carmen Verdú, abogada y fundadora de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sostiene: “Dado que el Código Penal vigente ya contiene una enumeración taxativa de las causales de justificación, como es el caso de quien actúa en estado de necesidad, el que cumple un deber o el que ejerce defensa propia, la reforma propuesta sólo puede entenderse como la exculpación anticipada del gatillo fácil o, lo que es lo mismo, su consagración legislativa como práctica de control social promovida expresamente desde el Gobierno, con amparo legal. Es la orden precisa y clara de tirar a matar, y la garantía de que ningún integrante de las fuerzas de seguridad será castigado por cumplirla”.
Estas reformas hablan de un claro fortalecimiento de las políticas represivas que el Gobierno intenta imponer, porque “para Macri y Bullrich, Chocobar se defendió y cumplió su deber”, finalizó Verdú.
Un informe realizado por la CORREPI arroja que para fines de 2017 se registró un saldo de 725 muertes por parte del aparato represivo estatal, lo que da cuenta de una muerte por día desde la asunción de Cambiemos al poder.
Sólo los casos denunciados recogen más de 4300 muertes por gatillo fácil y 200 desaparecidos desde 1983, repartidos entre la Policía y el Servicio Penitenciario, y sólo el diez por ciento de los casos asociados con policías van a juicio.
Sin ir más lejos, el pasado 23 de abril la Justicia otorgó una audiencia para evaluar la libertad anticipada de José Salmo, ex oficial de la Bonaerense y autor de un reconocido caso de gatillo fácil que dejó en silla de ruedas a Carla Lacorte en 2001.
Salmo sólo cumplió tres de los siete años de la condena dictada en 2014, y en 2010 fue absuelto porque el juez resolvió que el disparo fue en cumplimiento de su deber.
Esta suerte de control social que quiere establecer Cambiemos se vio potenciado con el aumento de la represión de la protesta social, que creció notablemente, sobre todo en 2017 cuando el reclamo masivo por los ajustes, la reforma previsional y los despidos coparon las calles.