Redacción Canal Abierto | Hoy se realiza la séptima Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Tras un año en el que las medidas de prevención dispuestas para enfrentar la pandemia de coronavirus obligaran a que se hiciera en formatos más chicos o virtuales, esta edición retomará su práctica habitual y habrá movilizaciones en distintos puntos del país para denunciar una práctica que atraviesa gobiernos, colores políticos y fuerzas de seguridad.

La convocatoria parte de familiares de víctimas de la violencia institucional y organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y de género y diversidades. La iniciativa surgió en Córdoba en 2015, luego del asesinato de Ismael Sosa a manos de la policía de esa provincia en Villa Rumipal, a donde había viajado desde Merlo para ver un recital de La Renga.

En la ciudad de Buenos Aires la convocatoria es a las 15 en 9 de julio y Avenida de Mayo. Allí comenzará la movilización a Plaza de Mayo con las consignas Basta de gatillo fácil, No a las detenciones arbitrarias, No al uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio, No a la defensa de policías y demás miembros de las fuerzas por instituciones del estado, Acceso gratuito a la justicia para familiares y víctimas de la represión y Castigo efectivo a los culpables de hechos represivos.

Al mismo tiempo se harán manifestaciones en el mismo sentido en ciudades de las distintas provincias del país como Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Santiago del Estero. En cada punto la movilización tendrá sus particularidades locales. En algunos será frente a su poder ejecutivo y en otros frente al judicial.

“La expectativa es la de todos los años: poder confluir con familiares de distintas causas. Siempre le denominan la marcha de los abrazos, porque cada vez que nos juntamos, está esa necesidad. No solamente se comparte la lucha, sino que comparte la vida. Muchos decimos que a partir de los que nos pasó nos conocimos y obviamente que nuestra vida cambió. Pero también en ese camino uno encuentra personas de distintas familias con distintas historias y la verdad que eso a uno lo va lo va formando y lo va lo va ayudando a crear conciencia. De eso se trata la Marcha Nacional de crear conciencia porque con visibilizar no basta sino que la lucha tiene que ser más profunda”, expresó a Canal Abierto Emilia Vasallo, madre de Taly Alcorta, un joven fusilado por la policía bonaerense en Morón en 2013 y referente de la Marcha Nacional.

También en diálogo con este medio, la titular de Correpi María del Carmen Verdú sostuvo que “tardamos mucho en concitar suficientes voluntades como para poder hacer una marcha nacional contra el gatillo fácil una vez al año, más allá de las actividades permanentes que se llevamos adelante en torno de los distintos hechos de gatillo fácil de tortura de detenciones arbitrarias de pelea por libertad de presos y presas políticas en fin de todo el menú antirrrepresivo. Pero hace siete años se generó esta iniciativa de parte de las propias compañeras y compañeros familiares de víctimas de la represión organizados y organizadas”.

Esta séptima marcha nacional es la primera de carácter masivo y unificado tras el gobierno de Mauricio Macri, que se caracterizó por dar un paso inaudito en torno a la materia al no limitarse a hacer caso omiso a los reclamos, sino que pasó a reivindicar la práctica con el caso Chocobar como emblema.

“En una conferencia de prensa Patricia Bullrich la defendió como política de Estado. Siempre decimos que los cuatro años de macrismo a nivel nacional marcaron la situación más grave, porque por primera vez en nuestra historia desde el 83 a la fecha vez que una gestión de gobierno nacional, desde su primera línea integrada por el presidente, la ministra de Seguridad, gobernadores, jefe de gobierno, ministros de otras carteras, diputados y senadores salieron a defenderlo y a plantar `esta es nuestra política´. Eso es lo que resume la foto con Chocobar”, manifestó Verdú.

“Incluso si analizamos los años previos a la última dictadura cívico militar eclesiástica o si leemos los escritos sobre gatillo fácil o tortura de Rodolfo Walsh vemos que siempre fue una práctica tolerada por el Estado y por eso una de las consignas fundacionales de Correpi es que no son hechos aislados, sino parte de una política estatal de represión para funcionar como como mecanismo de control social. Pero durante el macrismo esa tolerancia se convirtió en apoyo explícito”, agregó la abogada.

Vasallo hizo una caracterización similar del gobierno anterior y planteó que fue “un gobierno represivo que lo que hizo fue generar odio en la gente. Los pobres son basura que para la gente de del gobierno de Cambiemos y para la gente del 40% que los votó. Tienen esa necesidad de odio a la gente pobre, de querer aplastar los más de lo que están aplastados”.

Ambas referentes reconocieron que el cambio de gobierno fue positivo, aunque no suficiente. Algunas buenas intenciones expresadas en actos concretos se vieron truncadas a partir de la pandemia y las medidas de confinamiento preventivas dispuestas por el gobierno en marzo del año pasado.

En tal sentido, Verdú señaló que “si bien había habido algunas señales auspiciosas al inicio de la gestión del actual Gobierno Nacional como la derogación de los protocolos Bullrich que permitían el disparo por la espalda, el de ofensores de trenes, el del servicio cívico voluntario en valores de Gendarmería o el protocolo para detención de personas LGBT, lo cierto es que a partir de la irrupción de la pandemia, esa primera iniciativa que incluso venía cumpliendo algunos de los puntos que contiene con carácter urgente nuestra agenda antirrepresiva se vio interrumpida. Frente a la situación de excepción impuesta por la pandemia se tomó una decisión francamente errónea y de gravísimos resultados que fue la de dejar la implementación de las medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno en manos de la fuerza de seguridad”.

La referente de Correpi señaló que el resultado de este cambio de situación fue que “terminamos el año pasado con un promedio de una muerte cada 20 horas por gatillo fácil o tortura en lugares de detención o desapariciones forzadas o femicidios de uniforme entre otras modalidades de menor incidencia y seguimos teniendo este año”.

Y agregó que “a pesar de que ha variado la forma de intervención de la fuerza de seguridad en el marco de la pandemia a partir de la flexibilización de actividades y de circulación sigue habiendo un índice también muy alto. No tenemos todavía los datos completos a la fecha porque recién estamos iniciando el trabajo fino de recopilación y chequeo para lo que va a ser la actualización 2021 del archivo, pero sí les puedo decir que ya tenemos registrados más de 100 casos de muertes en todo el país ocurridos durante este año a manos de las fuerzas de seguridad”.

Por suparte Vasallo afirmó que “hay una lucha de pobres contra pobres. Muchas veces se plantea el discurso el pobre trabajador que sale que se levanta las cuatro de la mañana y sale a trabajar y viene un pibe gel mismo barrio que a lo mejor es el hijo de un trabajador desocupado o de una mamá sola con un montón de hijos que lamentablemente está inmerso en las drogas que no tiene la posibilidad de acceso a estudiar o la posibilidad de acceso a tener todos los que lo que el consumismo y los medios de comunicación le quieren imponer a los pibes”.

 

 

 

 

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