Redacción Canal Abierto | Dos oficiales retirados de Gendarmería fueron condenados en Santa Fe. Las penas son por torturas cometidas en 1976 y 1977, cuando eran interventores de la cárcel de Coronda, en perjuicio de 38 presos políticos, dos de los cuales murieron a consecuencia de los tormentos recibidos.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó a los comandantes retirados Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi a 17 y 22 años de prisión, respectivamente.
Los jueces María Ivón Vella (presidenta del Tribunal), José María Escobar Cello y Luciano Lauría resolvieron, además, que ambos condenados seguirán en prisión domiciliaria «hasta tanto perduren las circunstancias por las cuales oportunamente se les concediera el beneficio».
La abogada de HIJOS Santa Fe, Lucila Puyol, representante de la querella, le explicó a Canal Abierto que “la sentencia condenatoria es muy importante para el colectivo El Periscopio, que es la querella de los ex presos políticos de la cárcel”. La letrada valoró además que se trata de “penas muy altas, importantes, estamos conformes, se juzgó con jueces naturales, no con un tribunal especial, la sociedad argentina condenó a Kushidonchi y Domínguez como genocidas en el marco de plan sistemático de persecución y exterminio de militantes”.
La causa se inicio en 1984 con las primeras denuncias. La aplicación de las leyes de impunidad la demoró pero se retomó en 2006 desde la fiscalía. Ya en 2000 uno de los hijos de uno de los militantes muertos en la tortura hizo una presentación para saber qué había sucedido con su padre.
“Es una causa emblemática porque los compañeros estuvieron impulsándola permanentemente, y finalmente en 2006 comenzó la etapa de instrucción”, analizó Puyol.
La etapa oral empezó en diciembre, y desde entonces pasaron 80 testigos.
Domínguez, comandante principal (R) de Gendarmería Nacional, de 77 años, fue considerado en la sentencia «autor penalmente responsable de los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Luis Hormaeche».
A su vez, Kushidonchi, comandante mayor (R) de Gendarmería, de 78 años, fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de «tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Raúl San Martín».
La lectura fue seguida por centenares de personas que, junto a los organismos de derechos humanos, se concentraron en las puertas del Tribunal, en Primera Junta y San Jerónimo.
Entra otras organizaciones estuvieron representadas Madres de Plaza de Mayo, Agrupación HIJOS, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y los querellantes de la Asociación El Periscopio, integrada por ex presos políticos de Coronda, además de funcionarios, legisladores, organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Las querellas presentaron documentos que demostraron el brutal régimen de secuestro que sufrieron los detenidos, y el aislamiento al que fueron sometidos.
La abogada de HIJOS detalló a este portal: “nosotros ofrecimos a algunos familiares como testigos para demostrar lo que fue el régimen de prisión, no sólo adentro con los compañeros que fue tremendo, sino cómo fue con las familias”.
La condena avaló lo actuado en la instrucción y en el debate oral acerca de que la cárcel de Coronda fue un lugar de confinamiento de presos políticos desde 1974 y que, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se dio «una llegada masiva de perseguidos políticos y se agravaron las condiciones degradantes de detención».
Domínguez fue director interventor de ese penal entre el 8 de febrero y el 27 de marzo de 1977, y desde el 18 de noviembre de ese año al 1 de febrero de 1978.
Kushidonchi, alias «El japonés», dirigió la cárcel corondina entre el 10 de noviembre de 1976 y el 13 de febrero de 1977, y por un período de varios meses desde el 1 de febrero de 1978.
En esta causa también era investigado por delitos de lesa humanidad otro ex comandante de Gendarmería, Octavio Zirone, pero murió en Buenos Aires a mediados de 2014.P
Puyol -quien junto a Guillermo Munné intervino representado a las víctimas en este juicio-, valoró la condena en el marco de las dificultades a las que se enfrenta en la actualidad la lucha por Memoria, Verdad y Justicia: “es un momento dificilísimo, en este contexto político donde hay una ofensiva desde el gobierno nacional tan fuerte contra la política de derechos humanos».
«No sólo la sentencia llega en un momento muy fuerte para todos nosotros sino que sentimos el compromiso de redoblar los esfuerzos, de continuar con las causas y decimos con mucha fuerza que los juicios no se paran, los juicios van a seguir, la política de memoria y el camino que nos enseñaron nuestras Madres y Abuelas es un compromiso que hemos asumido -agregó-. A veces el tiempo nos juega en contra, por eso hay que estar presentes en todas las causas, impulsarlas y que lleguen a juicio. Mientras quede un genocida vivo continuaremos, porque el único lugar para un genocida es la cárcel”.