Redacción Canal Abierto | “Vicentin se las ingenió para exhibir a sus acreedores, con base en documentación con fuertes indicios de falsedad (indicios precisos, plurales, graves y concordantes) una solvencia que era ya inexistente desde hacía muchísimo tiempo”.

La frase forma parte del comunicado que el Comité de Control, compuesto por los acreedores de la primera cerealera del país, elevó al juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso en el que entró la empresa luego de su cesación de pagos. De él forman parte los grandes bancos extranjeros; los trabajadores agrupados en los sindicatos aceiteros de General Obligado, San Javier, y San Lorenzo; los productores –en calidad de acreedores comerciales–; y el Banco Nación, principal damnificado de la crisis de la firma e impulsor de la investigación que terminó con la decisión del Gobierno de intervenirla y expropiarla, que luego quedó trunca. 

Bajo la gestión macrista, a cargo de Javier González Fraga, el Banco Nación le otorgó a la agroexportadora un préstamo por US$ 350 millones. La cifra supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.

“En la Comisión de Control no siempre coincidimos, pero en este caso, lo que lograron los síndicos es que hubiera un informe unánime cuestionando su informe”, sostiene Claudio Lozano, director del Nación, en diálogo con Canal Abierto.

 

El clima y la devaluación

El controversial informe de Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco los tres síndicos dispuestos por la Justicia tiene 150 páginas al cabo de las cuales concluye que Vicentin no tuvo responsabilidad en la cesación de pagos que condujo al concurso de acreedores de la empresa. La misma, dicen, se debió a una multiplicidad de causas que excedieron el accionar comercial y financiero de la agroexportadora. Su tarea, según la Ley de Concursos y Quiebras, es defender los intereses de los acreedores, pero fueron estos últimos quienes salieron a responderles.

“Los síndicos de Reconquista han venido teniendo, al igual que el juez, un comportamiento absolutamente favorable a la empresa. Y acá lo terminan desnudando de manera absoluta –agrega Lozano-. No hay creatividad de parte de los síndicos: todas sus explicaciones están copiadas de la Memoria y Balance de Vicentin, todas ellas absurdas, para justificar una crisis que no hay modo de justificar. Del mismo modo que está el informe del síndico, están los informes presentado por nosotros, por la AFIP, y de manera conjunta por todos los acreedores del Comité de Control, que refutan todas y cada una de las cosas que dice la Sindicatura y que al mismo tiempo señalan el incumplimiento de las responsabilidades que como síndicos tienen”.

Para Amut, García y Telesco, las causas de la crisis financiera de la empresa están relacionadas con la corrida cambiaria, la devaluación, el contexto internacional y hasta con el clima.

“En su momento, nosotros cuestionamos todo esto. Por ejemplo, no se sabe por qué Vicentin alega que la sequía de 2018 la afectó en 2019. Y es obvio que la devaluación, lejos de ser un problema, para una empresa que exporta más del 90 por ciento de su producción, es un beneficio: ellos tienen ingresos en dólares y como tienen una parte importante de sus gastos en pesos, se licúan frente al aumento del dólar. Siempre la ecuación neta de la devaluación, aún con créditos a pagar en dólares, para una empresa de esta naturaleza, es positiva”, resume Lozano.

 

Todos son Vicentin

El economista afirma no tener “ninguna expectativa positiva sobre el desarrollo del concurso” porque tanto el informe de los síndicos como el comportamiento general que ha tenido el juez “ha sido de una absoluta irregularidad tendiente a favorecer a la empresa”.

“Nosotros seguimos agotando todas las instancias pero si esto decanta tal cual viene, puede terminar en una quiebra fraudulenta que dé como resultado un desguace de la empresa para que aquellas partes que resultan atractivas queden en manos de algún acreedor importante, como Glencore”, vaticina.

Por todo esto, desde el Nación están impulsando dos iniciativas: que se corra el velo societario, para demostrar que Vicentin Argentina “es lo mismo” que Vicentin Family Group Uruguay, de manera tal que todo el conglomerado quede involucrado en el quiebre de la empresa con todo su patrimonio; y que el concurso salga de la Justicia de Reconquista, Santa Fe, hacia las de Buenos Aires o Rosario, para que intervenga otro el juez no sospechado de parcialidad.

Más información: “El que ha violentado la seguridad jurídica es Vicentin”

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