Redacción Canal Abierto | Como Tucumán, como Neuquén, como el conurbano bonaerense y la Capital Federal, Bahía Blanca se destaca por la ferocidad con que la represión golpeó a sus habitantes y militantes durante los 70s, antes y después del 24 de marzo de 1976. Por eso y por la lucha de las organizaciones y familiares, también se alza por sobre la mayoría de los distritos del país en cuanto a cantidad de juicios por delitos de lesa humanidad realizados en los últimos años.

Sin embargo, el proceso que comienza hoy, el séptimo de este tipo desde 2003, no es uno más. Se trata del primero en el que ninguno de los imputados fue integrante de alguna fuerza armada o de seguridad, y el primero en el que se van a analizar secuestros, torturas y asesinatos cometidos entre 1974 y 1975.

Cuatro integrantes de la Triple A bahiense son juzgados desde hoy por una veintena de casos bajo los cargos de “asociación ilícita” y “homicidio”. Alejandra Santucho, de la agrupación H.I.J.O.S. local, explica a Canal Abierto que la “organización parapolicial actuó muy fuertemente en la ciudad”.

“La fiscalía tiene en investigación, además, más de 25 asesinatos, todos con la misma modalidad, con estudiantes o militantes políticos que eran secuestrados primero y aparecían acribillados con más de 40 o 50 a balazos en las afueras de la ciudad, generalmente tirados al costado de alguna ruta, con signos de haber sido torturados”, dice la mujer.

Los acusados son habitantes de la ciudad que se reciclaron y siguieron ejerciendo actividades públicas: Héctor Forcelli fue hasta hace poco dirigente del gremio de empleados de Comercio; Juan Carlos “el Loco” Curzio es un ex piloto de midget y campeón de speedway, dos categorías de carreras de autos y motos sin frenos, de altísima popularidad en Bahía Blanca. En los años de los hechos investigados integraba la UOCRA; Osvaldo Pallero es un reconocido dirigente peronista bahiense. Los tres afrontan este proceso como integrantes de una asociación ilícita para cometer delitos. El otro imputado es Roberto Raúl Aceituno, que está señalado de haber participado del asesinato del estudiante y militante de la Fede comunista, David “Watu” Cilleruelo, en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur, en la calle Colón, donde se realizarán los debates del juicio que comienza hoy.

Forcelli, Curzio y Pallero llegan al juicio en libertad. Aceituno obtuvo la prisión domiciliaria gracias a la depresión de su esposa. Un quinto imputado, Héctor Oscar Chisu, falleció en diciembre.

“Son personajes conocidos en la ciudad, que han seguido viviendo su vida aquí, por eso es un juicio totalmente distinto, estamos viviéndolo con una complejidad muy grande porque para algunos eran unos vecinos más”, dice Santucho.

“A Forcelli lo repudiamos hace poco porque se presentó en un acto por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre pasado”, completa.

“Sobre todas nuestras familias pesaron estas persecuciones, todos nuestros viejos fueron perseguidos por esta patota. En lo personal, nosotros nos tuvimos que ir de Bahía Blanca en 1975 porque mi viejo estaba amenazado de asesinato. Mi papá trabajaba en el puerto y ahí estaba lleno de estos personajes, así que prácticamente no lo dejaban entrar diciéndole que lo iban a matar, hasta que nos fuimos a La Plata” dice la referente de H.I.J.O.S. sobre su padre, Heldy Rubén Santucho, y su madre, Catalina Ginder, militantes montoneros secuestrados junto a su hija mayor, de 14 años, y asesinados en diciembre de 1976. (NdA: Los restos de Mónica fueron identificados en 2009, permitiendo resolver una de las búsquedas de Abuelas de Plaza de Mayo).

Sobre las dificultades que afrontarán los familiares y sobrevivientes en este juicio Alejandra Santucho explica: “Estos personajes, esta patota, estos asesinos que asolaban la ciudad persiguiendo militantes, estudiantes y gente comprometida, actuaban en la clandestinidad, los secuestros los hacían en plena noche y sin testigos, y ahí radica lo difícil de las comprobaciones y la diferencia con una fuerza en la que hay una cadena de mandos que debe hacerse cargo de los hechos. En este caso no, todos sabemos lo que hacían pero para probarlo en un juicio es muy complejo”

La causa había sido elevada en 2015 por el juez federal Alejo Ramos Padilla. La instancia oral tenía fecha para comenzar el 12 de febrero pasado, pero fue postergada a pedido de la defensa de los represores. El tribunal está compuesto por los jueces Roberto Amabile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. Se espera que se extienda durante un año.

“Lo que va a hacerlo más largo o más corto –advierte Santucho- es la predisposición que tenga el Tribunal para convocar audiencias más seguidas, ya que en los últimos juicios estamos teniendo audiencias cada 15 días. Esperamos que la predisposición sea buena, aunque hasta ahora viene siendo todo lo contrario: hace un rato nos confirmaron el horario, sabíamos que empezaba el lunes y no podíamos convocar, hay gente que viaja, y además las demoras hacen que las salas estén vacías.  Cuando se suspendió en febrero también nos enteramos sobre la fecha. El Poder Judicial, como siempre, como ya nos tiene acostumbrados, deja bastante que desear”, concluye.

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