Redacción Canal Abierto | El barrio 18 de Marzo, de la localidad salteña de Salvador Mazza, fue desalojado el miércoles. Las 86 familias fueron corridas de los terrenos que ocupaban hace 2 años, y sus viviendas fueron derrumbadas por las topadoras. A pesar de que, como tantos otros en todo el país, ya existía la orden judicial, sorprendió que se efectivizara de manera intempestiva, ya que no existió intimación previa, y sobre todo porque los habitantes se encontraban recibiendo los Certificados de Vivienda que entrega el Estado Nacional a cada familia incluida en el Revelamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Se trata de una política impulsada por las organizaciones sociales en 2016, por la cual además deben ser expropiadas las tierras en las que están asentados los barrios relevados.

Durante el desalojo la policía identificó a dos militantes que coordinaban la organización del barrio y los detuvo.  Se trata de Matías Mora, de Buenos Aires, que se encontraba entregando los Certificados de Vivienda ya que es trabajador del Renabap, y a José Castro Videla, que además había participado del relevamiento, integrante del Movimiento Evita. Recién ayer fueron liberados, en un procedimiento viciado de irregularidades, de principio a fin. También había sido detenido un menor de edad, trasladado a la comisaria y liberado al rato.

Ignacio Rico, dirigente del Evita, cuenta para esta nota que “en la ciudades más alejadas de nuestro país, donde no hay organizaciones sociales, nosotros tenemos un equipo de compañeros que son parte del Renabap, que una semana van a Tierra del Fuego, la otra a Chubut, después  a Salta, y van relevando o entregando Certificados de Vivienda, un ejemplo de eso es Salvador Mazza, una ciudad de frontera en un rincón del país”, y denuncia: “Creemos que son tierras que compraron o iban a comprar el intendente o su hijo. Por eso dio el desalojo de un día para el otro para que los compañeros no lleguen a entregar los Certificados de Vivienda, porque si no perdían el negocio”.

Las condiciones irregulares del desalojo, de las detenciones y de las liberaciones, alientan a la organización a impulsar “un juicio al juez y al intendente que tiene un hermano preso por narcotráfico, que está acusado de violencia de género y fue destituido por el Consejo Deliberante de la ciudad y puede ejercer mediante una apelación a la Corte Suprema de Salta”, aclara Rico.

La Mesa Nacional de Barrios Populares alerta que se trata de  “86 familias que podían entrar en un proceso de integración urbana y se quedaron, de un día para el otro, en la calle. Muchas pasaron la noche en carpas, viendo las ruinas del barrio, con sus hijos en brazos, esperando alguna respuesta. El Estado no se hizo presente, pero sí nuestros compañeros. Llevaron algo de comida y conversaron con los vecinos para ver qué iban a hacer, para ver si podían dar una mano. Frente a este gesto solidario, la policía de Salta se los lleva detenidos. Pasaron 2 días en la cárcel, sin pruebas y hoy enfrentan una causa judicial por instigación al delito«.

Rubén Méndez es el intendente de Salvador Mazza, peronista aliado al gobernador Juan Manuel Urtubey.

“El operativo presentó distintas irregularidades, como que la notificación del desalojo no tenía fecha, no se presentó nadie del poder judicial, situación por demás grave teniendo en cuenta la presencia de menores en el lugar que requiere la intervención del Asesor de Menores. Ni el gobierno municipal ni provincial se hicieron presentes para resolver el conflicto”.

Si bien la situación es desesperante para este grupo de familias, Nacho Rico asegura que “las irregularidades dan legitimidad para declarar la nulidad del procedimiento y que las 86 familias puedan volver al terreno”.

 

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