Por Sergio Alvez | La semana próxima comienza en Corrientes el juicio por las desapariciones de obreros del establecimiento yerbatero Las Marías, perpetradas durante la dictadura militar en la localidad de Gobernador Virasoro.

Las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores yerbateros se desarrollarán entre el 2 y el 4 de julio, según dictaminó el Tribunal Oral Federal de la provincia. El decreto de admisibilidad de pruebas fue firmado a finales de febrero por la presidenta del Tribunal, Lucrecia Rojas de Badaró, quien integra el estrado junto a Víctor Alonso y Fermín Ceroleni.

Esta instancia tendrá al militar retirado Héctor María Torres Queirel –acusado de ser coautor de la desaparición del obrero Marcelo Peralta– como único imputado. “El militar era dueño del establecimiento rural vecino a Las Marías donde secuestraron al trabajador. En 2009, fue dictada la absolución del dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, quien fuera gobernador de facto en Corrientes y que resultó beneficiado por el juez federal subrogante de Paso de los Libres, Antonio Chalup”, confiaron fuentes judiciales de la provincia.

Mate y represión

Pablo Franco trabajó en la empresa yerbatera Las Marías desde 1973 hasta que se lo llevaron detenido en 1976. Tenía entonces 22 años y era delegado gremial. Hoy vive en la localidad misionera de Apóstoles y trabaja en otra yerbatera, Rosamonte. “Muchos compañeros fueron detenidos en su lugar de trabajo (Las Marías) y otros fueron allí señalados y llevados de sus casas”, cuenta Franco acerca de una época que en el norte argentino estuvo signada por el sanguinario accionar de las fuerzas represivas pero con el aditamento de que eran los propios patrones quienes delataban, señalaban o directamente entregaban a los trabajadores marcados como “subversivos”. En este caso, los testimonios de los sobrevivientes apuntan al oscuro magnate Navajas Artaza.

“De Las Marías salió el listado que luego entregaron a (el capitán Juan Carlos) Sacco (interventor militar), y el propio Navajas participó junto a los militares de la asamblea en la que se les ordenó (a los trabajadores) el cese de toda actividad sindical”, aporta Noemí Acuña, testigo en la causa. Noemí es hija de Marcelo Acuña, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), quien fue torturado y permaneció preso durante cinco años. “En Virasoro no persiguieron a dirigentes políticos, a referentes sociales, a jóvenes militantes políticos o a sindicalistas de otros sectores, sólo buscaron a los trabajadores de Las Marías vinculados a los sindicatos de trabajadores rurales y de la alimentación”, sostiene.

El propio Acuña, quien falleció hace unos años, sostuvo que en Las Marías durante la dictadura, la empresa abrió varias causas contra los delegados gremiales del Sindicato de la Alimentación y de FATRE (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores): “Primero nos acusaron de malversación de fondos en el sindicato y, como no lo pudieron probar, dijeron que formábamos una ‘asociación ilícita’, pero como eso tampoco prosperó, pasaron de la Justicia ordinaria a la Justicia federal y nos acusaron de ‘subversión’. El régimen laboral en Las Marías era un trato de esclavos y habíamos iniciado la actividad sindical en 1973”.

En junio de 2015, el fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, encabezó un allanamiento ordenado por la jueza federal subrogante Gladis Mabel Borda a Las Marías, junto a contadores de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), de la Procuración General y personal de la Gendarmería Nacional. Durante el allanamiento, se secuestró información de relevancia -legajos, libro de sueldos y jornales, hojas móviles y libros societario– que se incorporaron a la causa en la que se investiga la participación de los directivos de la empresa en la represión ilegal dirigida contra los trabajadores de la firma durante la última dictadura cívico-militar.

En la causa Las Marías se investiga la responsabilidad de los directivos de la empresa en los secuestros y desapariciones de trabajadores del establecimiento yerbatero, quienes además eran miembros o dirigentes de los gremios de FATRE y STIA.

Desde marzo de 2006, cuando el hijo de uno de los obreros desaparecidos de Las Marías impulsó una denuncia judicial, fueron 19 los jueces y conjueces que ya se excusaron de impulsar la pesquisa, debido a sus vínculos con Navajas Artaza. En 2008, el empresario quedó imputado como autor intelectual de la desaparición del trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977, Neris Pérez. También por la muerte del sargento primero José Anchetti, que trabajaba para la yerbatera. Se lo acusa, además, de haber colaborado con las fuerzas represivas y su accionar criminal ofreciendo tierras de su cementerio privado para el entierro de víctimas de la represión.

Por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, pero nunca prestó declaración. Pese a ello, el juez Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.

Una historia oscura

Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía. Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone. De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el Premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005, se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por Proyecto Corrientes.

La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores de su empresa es también señalada por las organizaciones de derechos humanos correntinas. Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, afirma que “hubo connivencia de Navajas Artaza en la represión que sufrieron los sindicalistas y trabajadores”. “Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, relata.

Distante a unos 323 kilómetros de la capital correntina, Virasoro es una pequeña localidad de que fue creciendo en torno a la planta de Las Marías. Durante décadas, el establecimiento dedicado a la producción de la yerba mate y de té fue la única fuente laboral del pueblo.

La empresa familiar comenzó a desarrollar el cultivo de yerba mate ya en 1912 y hoy es una de las diez compañías que acaparan el 80% del total de la producción y comercialización industrial de yerba mate en la Argentina.

En Corrientes, un antecedente en el juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, es la causa denominada Ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), que comenzó en febrero de 2008, contó con más de 80 testimonios y acabó con condena a prisión perpetua del ex coronel Rafael Barreiro, a 25 años de cárcel al ex capitán Juan Carlos Demarchi y al ex coronel Horacio Losito; y a 18 años al ex gendarme Raúl Reynoso.

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