Redacción Canal Abierto | Luego de los anuncios que el presidente Mauricio Macri hizo durante la mañana del lunes en Campo de Mayo, finalmente se firmó el decreto 638/2018 que permite el uso de las Fuerzas Armadas ante «cualquier agresión externa» y la colaboración y el apoyo de los militares en seguridad interior.
“El ministro de Defensa lo había anticipado simultáneamente con los anuncios de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso marca cuál es la intencionalidad. Al mismo tiempo que se anuncia el paso decisivo en materia de entrega y saqueo, se avanza con la política represiva estatal”, explica en diálogo con Canal Abierto, María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
En Argentina, las Fuerzas Armadas tienen prohibida la intervención en temas de seguridad interna. En principio gracias a las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior de 1988 y 1991, el decreto 727/2006, reglamentario de la ley de defensa nacional, que desde la gestión de Néstor Kirchner sólo permite el empleo de las Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo.
El texto publicado en el Boletín Oficial y suscrito por el Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, generó el repudio de gran parte de la sociedad y de organismos de Derechos Humanos en particular, ya que legitima el accionar represivo.
“El Presidente dijo que entre las tareas nuevas que se le dan al Ejército estará la de garantizar la seguridad en eventos internacionales estratégicos como por ejemplo las reuniones del G20 y la presencia de (Donald) Trump en Argentina. En 2005, en Mar del Plata, cuando el que vino fue Bush tuvimos que enfrentar a la Policía, ahora vamos a tener que enfrentar al Ejército”, asegura Verdú.
«El año pasado cuando intentábamos caracterizar el cambio de etapa en materia represiva, primero con Santiago Maldonado, después con Rafael Nahuel y con Chocobar, decíamos que la represión dejó de ir por la escalera para subirse al ascensor y ahora estamos como Menem, tendríamos que hablar de un cohete a la estratosfera», agrega la titular de Correpi.
En este sentido, la Comisión Provincial por la Memoria también repudió la modificación del decreto: “Es una reforma altamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional al accionar de las Fuerzas Armadas que limite su capacidad de intervención y evite actos que vulneren la democracia”.
El próximo jueves organismos de Derechos Humanos convocan a una masiva marcha para repudiar el decreto presidencial, que comenzará a las 15.30, con el acompañamiento a la ronda histórica de las Madres de Plaza de Mayo.
Foto: Noticias Argentinas
