Redacción Canal Abierto | En un breve discurso de siete minutos, el Presidente volvió a plantear la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior.

La idea no es nueva, e incluso pareciera una obsesión para el Gobierno de Cambiemos: la última vez, en marzo de este año, fue el propio Macri quien deslizó la posibilidad; y ya en diciembre de 2016, el ministro de Defensa, Oscar Aguad planteó la posibilidad de conformar Fuerzas de Despliegue Rápido con las que las Fuerzas Armadas colaboraran para “combatir el narcotráfico” y “cuidar los recursos naturales”.

La realidad es que, en Argentina, las Fuerzas Armadas tienen prohibida la intervención en temas de seguridad interior. En principio gracias a las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior de 1988 y 1991, el decreto 727/2006, reglamentario de la ley de defensa nacional, que desde la gestión de Néstor Kirchner solo permite el empleo de las Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo.

Para materializar esta embestida militarista, el Ejecutivo debería cambiar las leyes, o el decreto en cuestión. “Éste es el desplazamiento que el Gobierno está intentando hacer: modificar esa definición para entender que una agresión externa es cualquier mercado ilegal trasnacional”, explica Manuel Tufró, coordinador del Área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con Canal Abierto.

“En Estados Unidos hay una ley que impide que las fuerzas armadas intervengan dentro de Estados Unidos en cuestiones de seguridad. De todos modos, ellos son los primeros que dicen que en Latinoamérica sí debería ser de esta manera. Las policías en Estados Unidos han tenido un proceso de militarización y de recibir armamento militar, pero no son las fuerzas armadas las que intervienen -detalla Tufró-. En Europa, como regla general, las fuerzas armadas no intervienen en materia de seguridad interior. Es un trabajo de inteligencia criminal hecha por la propia policía o por las fiscalías, y no un trabajo de dominio territorial militar”.

Sobre esta cuestión, la especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, con una amplia trayectoria como secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), Elsa Bruzzone agrega: “en ningún ‘país serio’, como ellos dicen, las fuerzas armadas intervienen en la seguridad interior.”

Por su parte, Tufró aclara que “las fuerzas armadas no están preparadas para este tipo de intervenciones. En los países en lo que lo han hecho, como México y Colombia, no sólo no han resuelto los problemas, sino que se ha empeorado en los niveles de violencia.

“Si se lleva a cabo, es una regresión muy importante. La distinción clara entre seguridad y defensa es uno de los acuerdos básicos de la democracia argentina y es una de las características que hace que nuestra democracia sea más robusta que otras en las que los militares siguen teniendo intervención en temas de seguridad, y eso los convierte en actores políticos”, alerta.

Tras el discurso del Presidente no tardaron en llover las críticas. No sólo de organismos de Derechos Humanos, como el caso del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos o Centro de Estudios Legales y Sociales, sino también desde el mundo gremial.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo “Cachorro” Godoy, caracteriza la iniciativa del Gobierno como “indudablemente violatoria de la ley”, y como “un paso más en la política represiva contra quienes resisten cotidianamente sus políticas de ajuste.

“Es un peligro, y augura momentos aún más difíciles que los que ya estamos atravesando. Está en las antípodas del modelo democrático que necesita nuestro país”, sentencia el dirigente estatal y candidato en las próximas elecciones de la CTA Autónoma del 8 de agosto.

En su discurso, el mandatario argentino confirmó que comenzarán a desplegarse miembros de las Fuerzas Armadas para la  “la custodia de los objetivos estratégicos”, como centrales nucleares y yacimientos de petróleo como Vaca Muerta. Además, anticipó que en el próximo mes enviarán 500 efectivos a las zonas de frontera en Salta, Formosa y Misiones, que llegarán a 5.000 en un año.

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