Redacción Canal Abierto | En las instalaciones del Centro Gallego, sus trabajadores realizaron hoy una nueva olla popular, medida que adoptaron para visibilizar un conflicto que hoy ya lleva 10 meses. La actual intervención, encabezada por Martín Moyano Barros, les adeuda salarios, aguinaldos, y redujo a la mitad el plantel de empleados.
El centro fue intervenido en 2012, y actualmente, quienes están a cargo manifestaron la intención de vender el hospital para poder resolver las cuestiones económicas y laborales que enfrentan.
Se conoció que quien iba a efectuar la compra era el grupo Ribera Salud –actual administrador de la Fundación Favaloro-. Sin embargo, Yolanda Guitian, enfermera con más de 25 años de servicio en el Centro Gallego y delegada del Sindicato de Salud Privada, informó que no hay ningún compromiso escrito serio de parte del comprador ni de parte de la intervención que manifiesta que lo va a vender. Y advirtió: “nosotros creemos que apuestan al negocio inmobiliario, y de vender el hospital vaciado”.
Cuando se reactivó la institución, la planta de trabajadores alcanzaba los 1500 puestos y había una capacidad operativa para atender 350 camas. Hoy hay 600 empleados y 20 camas funcionando.
“En su momento tuvimos 43 obras sociales y un contrato con el Garrahan. Todo eso lo tiró este interventor. Le dio de baja a esa capacidad de trabajo que funcionaba en ese momento. Por eso entendemos que hay una clara intención de vaciamiento y estamos pidiendo que haya una auditoría económica y financiera”, indicó Guitian.
El vaciamiento, además de los insumos, implicó despidos, retiros voluntarios, cierre de sectores y licencias. “Hubo persecución a los que se resistieron a este vaciamiento. A los que hicieron firmar retiros voluntarios todavía no les pagaron un peso de esa deuda”, comentó Yolanda.
Por su parte, en las asambleas realizadas, los socios le exigieron a la intervención la presentación de los balances financieros del centro. Lo que obtuvieron tenía irregularidades y reiteraron el pedido. Hasta el momento no lo presentaron.
“Hay una resolución del juzgado donde exigen que se reactiven los servicios y turnos para los socios, y en la propia asamblea el interventor leyó una lista de profesionales con la intención de reabrir esos servicios y eso tampoco se cumplió”, manifestó la enfermera.
Desde el sindicato también denunciaron la pérdida de datos y archivos. “Borraron todo. En este vaciamiento trabajan como delincuentes. Hay funcionarios que conocen esta situación porque lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo, de Salud, en el INAES, y no se hacen cargo de salvar un hospital en una ciudad que cuenta con muchísimo presupuesto. Priorizan el negocio inmobiliario antes que la salud de la comunidad y los puestos de trabajo”, sostuvieron.