Redacción Canal Abierto | A un mes del fallecimiento de Fabián Tomasi, el trabajador rural de Entre Ríos que llevaba en su cuerpo los desastres que habían provocado los agrotóxicos, la justicia de esa provincia, hizo lugar a un amparo presentado el 22 de agosto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, contra el gobierno provincial y el Consejo General de Educación para proteger a docentes y alumnos de las escuelas afectadas por las fumigaciones.
La legislación provincial sólo contemplaba 50 metros de pulverizaciones terrestres y 100 metros aéreos, aunque venían denunciando que esto tampoco se cumplía.
“Desde la coordinadora Basta es Basta nos nucleamos para potenciar la batalla en toda la provincia. Una de ellas fue presentar un amparo colectivo contra el gobierno de Entre Ríos y contra el Concejo General de Educación. Es terrible, se termina el alambrado de las escuelas e inmediatamente empiezan los campos. Frecuentemente pasan los aviones y hay niños afectados. Ese es nuestro escenario”, explica en diálogo con Canal Abierto, María Fernández Benetti, abogada de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM).
La Cámara Segunda de Paraná falló a favor y dio un área de protección de 1000 metros terrestres y de 3000 metros aéreos de todas las escuelas rurales de la provincia pero, el amparo fue apelado por el gobierno provincial de Gustavo Bordet.
“Dijeron que era una locura el fallo, que si no producimos con veneno paramos la provincia. Lo que nos preocupa es el hecho político de que nuestro gobernador haya salido con esa postura. A su vez, el viernes se reunió con la Cámara de Cereales y con los vendedores de insumos que son los principales lobbistas de la provincia”, señala Fernández Benetti.
El dictamen, que significa un hito en la lucha que llevan adelante, abarca a las 1023 escuelas de la provincia, afecta a todos los agrotóxicos, suspende en horario de clases a cualquier distancia todas las fumigaciones, ordena al Estado entrerriano a hacer estudios para analizar la situación general de las afecciones en el ambiente y salud, y lo condena a que en dos años se implanten barreras arbóreas a 150 metros alrededor de todas las escuelas rurales.
“En la fundamentación que hizo el Juez privilegió el derecho a la salud y el derecho al interés superior del niño por sobre cualquier otro derecho a comercializar o a producir. El Gobierno apeló y ahora el expediente está para resolver en la suprema corte provincial”, sentencia la abogada.
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