Redacción Canal Abierto | Como ocurre desde el inicio de la cuarentena, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo su relevamiento mensual de la situación del sistema sanitario y la pandemia en general en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. Y, al igual que en los informes anteriores, la situación volvió a empeorar en el último mes.

Este empeoramiento tiene números. Según Google Covid Cases -el conteo que hace la multinacional informática de casos de coronavirus a nivel mundial-, al 26 de agosto Buenos Aires rankeaba en el primer puesto en cantidad muertes por la enfermedad (693) por millón de habitantes entre las capitales del mundo. Seguida por Bogotá (657) y, de lejos, por Toronto (445). Y muy por encima de los 26 casos que registró Montevideo.

La explicación de esta disparada de infectados y víctimas fatales radica, para la APDH, en las medidas adoptadas –o no- por parte del gobierno porteño.

“Se observa en la ciudad una apertura indiscriminada, tanto de los negocios como del tránsito vehicular y peatonal, a lo que se suma la ausencia de efectivos de control en los distintos barrios porteños”, analiza el informe.

 

Comunicación contradictoria y responsabilidad individual

En efecto, a mediados de julio los funcionarios porteños anunciaban el plan para “volver a la normalidad”, a través de una apertura escalonada de actividades en seis etapas que, según Larreta, servirían “para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros y recuperar la actividad económica”.  El Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad dejaba en manos de la responsabilidad individual del ciudadano el cuidado de sí mismo y de los demás.

“Desde los primeros días de agosto pasado se observó la pasividad del jefe de Gobierno de la Ciudad frente al alto incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) como una medida excepcional ante la eventual propagación del COVID-19, máxime cuando la extensión de contagio ya era comunitaria –sostiene el informe-. Aún cuando la Ciudad se encontraba atravesando la fase 1 y luego en la fase 2, un amplio sector de los porteños había decidido por motu proprio dar por finalizado el ASPO”.

Y agrega: “Hoy podemos decir que esta deshilachada cuarentena ha sido el efecto de las dualidades o las contradicciones del jefe de Gobierno en la comunicación a la ciudadanía. Proponiendo siempre una cuarentena controlada, que nunca se logró, y una apertura controlada que por lo que vemos conduce al mismo objetivo de no controlar nada. Finalmente queda como corolario la insistencia de Larreta y sus funcionarios en la responsabilidad individual. Como si fuera posible el cuidado de la vida y el funcionamiento del mercado en una silenciada apertura que deja al individuo el libre albedrío de contagiarse o contagiar a los demás. De esta manera el Estado no sería el responsable de la salud colectiva en medio de una pandemia”.

Situación sanitaria

Como los pacientes graves de COVID-19 están internados, en general, de tres semanas a un mes, la mayor preocupación en la Ciudad es que la disponibilidad de camas en las unidades de terapia intensiva (UTI) no se sature. Pero, según destaca la APDH,  en estos últimos días del mes éstas “llegaron a la saturación del 100% en algunos hospitales”.

“Desde el Gobierno porteño se contabilizan las camas en servicios como shockroom, guardias, UCO (Unidades Coronarias de Observación) como si fueran de UTI, pero no es así, dado que esos lugares no son de internación prolongada, ni están debidamente equipados, ni cuentan con personal capacitado –destaca el informe-. El problema de las camas para pacientes graves es que las mismas deberían ser habilitadas no solamente en términos de equipamiento tecnológico sino también del recurso humano. Actualmente estos recursos humanos son insuficientes”.

Según información del Ministerio de Salud porteño, había ocupadas a mediados de mes 290 de las 400 camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con coronavirus, es decir, un 72% de ocupación en los hospitales del sector público, de los cuales hay cuatro –el Hospital Argerich, Fernández, Muñiz, y Santojanni- que son “de primera derivación”, por la complejidad de los pacientes.

También se encuentran complicados el Hospital Rivadavia, epicentro de uno de los focos más complicados de la pandemia, donde el 7 de agosto falleció una médica del servicio de Neonatología tras haber contraído la enfermedad, la segunda de personal sanitario del establecimiento. Y el Hospital Durand, donde hay 120 pacientes internados por la enfermedad distribuidos en tres pisos y ya hubo 276 casos positivos entre el personal, tres de los cuales fallecieron.

 

Sector privado

“Más de doce clínicas y sanatorios privados tienen una ocupación promedio del 90% con respecto al total de camas disponibles para internaciones”, sostiene la APDH.

A modo de ejemplo, cita al Hospital Méndez, perteneciente a la Obra Social de los Trabajadores del Gobierno de la CABA (Sutecba), donde han sido internados con COVID-19 varios docentes contagiados a partir de la entrega quincenal de alimentos en las escuelas, “actividad que representa un foco de infección y que se continúa ejerciendo a causa de la negativa del jefe de Gobierno en hacer una tarjeta alimentaria”.

También están complicados el Sanatorio Dupuytren, el Hospital Italiano Central (con la UTI completa), la Clínica del Sol (100% completa), la Clínica Bazterrica (100%), el Sanatorio Mater Dei (95%), el CEMIC (95%), el IADT (82%) y el Hospital Santojanni.

En lo que respecta a los contagios en el personal sanitario infectado, la ciudad de Buenos Aires tiene el récord del país.

 

Trabajadores de las APP

“A raíz del ASPO, el servicio es esencial, los pedidos aumentaron alrededor de un 30%, hay alrededor de 15.000 repartidores en la CABA”, señala la APDH.

En efecto, la ciudad se inundó de trabajadores y trabajadoras de Rappi, Glovo, Pedidos Ya quienes, pese a haber logrado formar un sindicato (APP: Asociación de Personal de Plataforma) y haberse plegado a un paro internacional el pasado 22 de abril para denunciar la precariedad laboral, sufren de las peores condiciones de trabajo.

Los trabajadores deben proveerse de la bicicleta, moto, el powerbank, el teléfono, el uniforme, las cajas de traslados con el logo de la empresa, alcohol en gel, y barbijo. Las empresas, por su parte, deciden las tarifas y comisiones por los envíos, pueden bloquearlos si tienen una conducta inadecuada, establecen un sistema de premios y castigos arbitrario, y no les proveen seguro alguno ni salario fijo.

Los consumidores tampoco suelen darles propina, al asumir que es la aplicación la que paga por el servicio.

“El 29 de julio la Legislatura porteña aprobó una ley para las aplicaciones de delivery que flexibiliza y profundiza la dura realidad de lxs trabajadores. Estos se quejaron, la ley fue criticada duramente por el sector de lxs repartidores. Ellxs opinan que la ley genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizando, cuando ellxs mismos sacaron a la luz el sistema de castigos para que se conozca cómo trabajan”, apunta la APDH.

En tanto, no hay números sobre la cantidad de trabajadores de APP contagiados de COVID-19.

 

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