Redacción Canal Abierto | La Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizaron la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2016/2017.
Las cifras hablan de un 10% del total de niños y niñas de 5 a 15 años que realizan al menos una actividad productiva, y que en los adolescentes de 16 y 17 años se intensifica, alcanzando el 31,9%. En ambas franjas etarias, el porcentaje se duplica en zonas rurales.
Lo cierto es que estas cifras son sólo eso, cifras. En diálogo con Canal Abierto, Laura Taffetani, abogada y miembro de la Fundación Pelota de Trapo y el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, habló sobre las cuestiones de fondo detrás de números que desvían el eje y que en cierto punto terminan por penalizar a los chicos y chicas que deben trabajar para sobrevivir.
De los 8 millones de niños en situación de pobreza, el INDEC habla de 763.544 como población infantil trabajadora. Para la abogada, “son números que se tiran para focalizar el problema en la consecuencia” de no generar políticas que garanticen sus derechos básicos, un mayor bienestar e incluso su felicidad.
Otro punto es el parámetro con el que se realizan este tipo de encuestas y qué es lo que consideran trabajo aquellos encargados de estas mediciones.
“Para ellos pedir es un trabajo y creo que para cualquier sentido común, pedir nunca puede ser un trabajo. La sobrevivencia no es un trabajo”, sentenció Taffetani.
Cuando un chico está pidiendo en la calle, ¿qué hago? Está prohibido. ¿Qué hace el Estado cuando esto sucede? ¿Lo levanta? ¿Lo mete preso? ¿Multa a los padres? ¿O cuando encuentra chicos y chicas en esta situación promueve políticas que les permitan acceder a esos insumos básicos de crianza? ¿O políticas para que sus padres y madres tengan trabajo?, se pregunta la militante de niñez.
Por último, Taffetani sostiene que plantear estas cifras desde el Estado como una denuncia, es en realidad una auto denuncia que descansa en señalar un problema, penalizarlo y no generar políticas que den una solución.