Redacción Canal Abierto | El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura de Tucumán, Marcelo Caponio presentó un proyecto de ley “De protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer”, que señala como punible la interrupción del embarazo en casos de violación.
La iniciativa firmada por 29 de los 49 diputados y diputadas que integran la cámara también impediría que la mujer reciba información sobre sus derechos con respecto al aborto no punible y fomentaría la denuncia de los médicos en caso de «sospechas de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.
El proyecto incluye la posibilidad de considerar “declaración falsa” el relato de la mujer y le otorga facultad a los médicos, y al resto del personal sanitario interviniente, para hacer la denuncia ante la fiscalía de turno y pedir la intervención del Defensor de Menores. El único requisito es la “sospecha de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.
Irónicamente, plantean como principios generales la “protección, armonización y promoción de los derechos civiles y constitucionales de la mujer embarazada y del niño, desde el momento de la concepción hasta su mayoría de edad”, cuando se está vulnerando el artículo 86 del Código Penal que existe desde 1921 y va en contra del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, de 2012. Este indica que es obligatorio que las interrupciones del embarazo que son legales puedan llevarse adelante sin intermediación judicial o médica.
“Esto constituye un atraso. Es un proyecto inconstitucional e ilegal y está reuniendo una serie de denuncias porque representa un avance de los sectores más conservadores y retrógrados contra los derechos ya adquiridos para las mujeres y las personas capaces de gestar”, explicó la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad, Victoria Freire.
El artículo 7 de este proyecto antiderechos señala que “toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”, será considerada como violencia contra la mujer.
Para Freire, “esto hay que entenderlo como una disputa política, simbólica y cultural contra la demanda del movimiento feminista -que durante este año se movilizó masivamente a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo- y contra los derechos ya adquiridos”.
Esto se da en una provincia que hace tres meses se proclamaba “pro vida”, que no implementa la Educación Sexual Integral, ni la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y que tampoco cuenta con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo.
“Es algo que sucede en muchas provincias de nuestro país que no implementan, no dan presupuesto y no adhieren a estas leyes que vulneran los derechos que indica el fallo FAL y el artículo 86 del Código Penal”, agregó Freire.
Sin ir más lejos, producto de un Estado ausente que garantice estas leyes, murió una nena de 13 años embarazada por una violación, que se encontraba desnutrida y con un cuadro de tuberculosis y la obligaron a parir, negándole su derecho a interrumpirlo.
“Por eso es importante señalar que cuando hablamos de legalizar el aborto y de llevar adelante las interrupciones legales estamos hablando de una cuestión de justicia social, de salud pública y de derechos humanos”, finalizó la socióloga.
