Redacción Canal Abierto | Ayer se oficializó lo que en la previa Cumbre del G20 había trascendido de manera extraoficial: la ampliación del uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas de seguridad federales.

Entre otras cosas, la Resolución 956/2018 establece que no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan en situaciones “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Lo cierto es que este nuevo guiño en la escalada de envalentonamiento de la violencia estatal por parte de Cambiemos generó un sinfín de críticas y cuestionamientos, en particular de los organismos de Derechos Humanos. “Lo que hacen directamente es legalizar el accionar del gatillo fácil”, expresó a Canal Abierto, Carla Lacorte, referente en la lucha contra el gatillo fácil e integrante del Centro de Profesionales por  los Derechos Humanos (CeProDH).

En la misma línea, desde CORREPI salieron al cruce: “Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder”.

En diálogo con este portal, el abogado e integrante del Centro de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Esteban Rodríguez Alzueta criticó la medida y advirtió: “Es una resolución electoralista que va a ser judicializada y avanza sobre una facultad que es competencia del Poder Legislativo”.

En los términos en los que se expresa, el reglamento no puede ser considerado como un protocolo ni como una guía para la intervención policial, sino más bien como una grave e irresponsable señal.

“Los policías tienen que saber que el Gobierno está sembrando de pistas falsas su labor cotidiana; y que si –por poner un ejemplo- matan a una persona por la espalda o desarmada, no va a haber una obediencia debida que los ampare”, señaló el docente en posgrados sobre sociología del delito, violencia e inseguridad.

En cuanto a la interpretación de la resolución en sí, Alzueta explicó que “dice lo que ya figura en la legislación de fondo –en particular el artículo 34, inciso 6 del Código Penal-, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en vez de decir `podrá hacer uso´, expresa `hará uso´. Es decir, está ordenando directamente el uso de la fuerza en caso de fuga”.

En el mismo sentido, un documento de la Comisión Provincia por la Memoria (CPM) denuncia que “no sólo propicia la muerte como resultado de las intervenciones de los agentes estatales, sino que también enuncia mensajes rápidamente asimilables por las fuerzas policiales y de seguridad que tienen como premisa la ilegalidad y la desprofesionalización”.

“El Ministerio que conduce Patricia Bullrich está sobreactuando en un intento por adecuar su retórica a la pirotecnia verbal que hoy atraviesa la región, en línea con discursos extremos como el de Bolsonaro en Brasil”, analizó en abogado.

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