Redacción Canal Abierto | El 30 de abril Facundo Astudillo Castro (22) salió temprano de su casa en la ciudad de Pedro Luro, municipio de Villarino, rumbo a la casa de una ex novia, en Bahía Blanca. Nunca llegó.

Hoy, múltiples actos en las calles y virtuales impulsados por organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos reclamaron por la aparición con vida del joven, cuya causa se tramita bajo la carátula de “desaparición forzada”. La razón fueron las innumerables contradicciones e inconsistencias en los testimonios de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires intervinientes en el caso, que valieron que la Justicia apartara a esta fuerza de la investigación y el expediente pasara del fuero provincial al federal.

Uno de esos actos fue un conversatorio virtual realizado por la CTA Autónoma que fue transmitido por las redes sociales de la Agencia ACTA. Del mismo participó el abogado de la familia de Facundo, Leandro Aparicio quien sostuvo que desde el 30 de abril se desplegó un “protocolo de encubrimiento que consta de cinco etapas”.

“La primera ocurre el 30 de abril. La segunda se desarrolla en los primeros días de junio cuando un amigo quiere hacer la denuncia y no se la toman –relata el letrado-. Después instalan que Facundo está deprimido y se quiere suicidar, que se lleva mal con la madre, con la novia, que tiene problemas de drogas, y que sale a dar vuelta por los caminos. La tercera etapa, la más clara, se produce el 15 de junio, cuando debería haberse hecho un rastrillaje que no se hace por razones climáticas y la policía empieza a apretar y a amenazar a distintos testigos a quienes quieren llevar por la pista de que los responsables de su muerte son los familiares de su ex novia”.

Y continúa: “Dos días después, Luciano (Peretto, abogado) y Cristina, su mamá, van a Mayor Buratovich a hacer el rastrillaje y son impedidos de hacerlo por cinco patrulleros, el comisario y por otra persona que casualmente es policía, hermana de la policía que lo había infraccionado (a Luciano el 30 de abril a las 10 de la mañana) y dice que lo llevó a Origone. Y ahí se van todos Origone. Y se complementa con otro policía que dice que lo vio, que le sacó una foto al carnet y que vio que una camioneta se lo llevaba. Cristina sintió la sensación de que algo andaba muy mal. Ahí me llaman y recomiendo hacer la denuncia por desaparición forzada. Un día después, casualmente, empieza a haber testigos en Bahía que lo habían visto a Facundo”.

Para el abogado, la cuarta parte del protocolo de encubrimiento desplegado por la Policía Bonaerense se produjo entre el 26 de junio y el 6 de julio cuando, luego de la visita al distrito del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, la investigación se trasladó a Bahía.

Finalmente, una quinta etapa, según Aparicio, es una maniobra que introduce de manera irregular en la causa a una persona que habría llevaba a Facundo. “Los dos policías que introducen a la testigo que se desvirtúa en todos sus dichos son, casualmente, los que detuvieron a Facundo el 30 de abril a las 10 de la mañana. Tenemos acreditado que nueve policías han participado de la desaparición de Facundo y el encubrimiento”, afirmó.

 

Responsabilidad gubernamental

Para el abogado, la responsabilidad por la desaparición de Facundo llega al presidente Alberto Fernández, ya que la misma se da en un contexto de pandemia regulado por el decreto 297/20 que autoriza a las fuerzas de seguridad a detener a quienes transiten sin permiso y establece un protocolo que en este caso no se cumplió.

En cuanto a Berni, aseguró: “ahora entiendo que forma parte de un plan encubridor” y pidió por la aparición con vida de Facundo, y también de Daniel Solano, y Sergio Ávalos, entre otros desaparecidos en democracia.

En coincidencia con Aparicio, Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, aseguró: “A la violencia institucional se la debe combatir cuando se es oposición pero mucho más cuando uno acompañó el proceso político que llegó al gobierno, y cuando se es parte de un proyecto político que históricamente ha condenado la violación a los derechos humanos. Desde la función pública hay que oponerse a la violencia institucional, gobierne quien gobierne”.

Y, como funcionaria nacional, consideró que la desaparición de Facundo se enmarca en lo que llamó “tres sistemas muy destartalados”.

“La Policía Bonaerense es una institución destartalada, sumada a un sistema judicial obsoleto.  En este caso es clarísimo el entorpecimiento que produjo el sistema judicial para que al día de la fecha no sepamos dónde está ni qué pasó con Facundo Aparicio –enumeró Carpinetti-. Y a esto se le suma un Poder Ejecutivo que desde hace mucho años se dedica a criminalizar y judicializar la pobreza en vez de construir estrategias claras de persecución del delito complejo y fuerzas de seguridad que estén preparadas para eso y para actuar con elementos de cercanía en relación al conflicto social, que tiene que ver con la desigualdad y con el conflicto callejero. Hay un vínculo muy roto entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes. ¿Cómo se regenera ese vínculo? Ahí hay un gran trabajo por hacer”.

Del conversatorio también participaron María José Cano, del Departamento de Derecho de los Pueblos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Emiliano Hueravilo, secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma bonaerense, y Ricardo Peidro, secretario general de la Central, quien aseguró que “lo que tiene que cambiar es una concepción dentro de las fuerzas de seguridad”, que están “impregnadas del abuso y tienen fundamentalmente a los jóvenes como enemigos porque encarnan la rebeldía, la potencialidad del cambio”,

“Las estadísticas son durísimas, dicen que durante la pandemia nada más 20 chicos y chicas fueron asesinadas por el gatillo fácil. Nuestro reclamo de aparición con vida de Facundo tiene destinatarios claros: el gobierno nacional y provincial. No pueden tener medias tintas. Tiene que haber un mensaje clarísimo para que se comprometan”, afirmó Peidro.

Finalmente, el cierre estuvo a cargo de Hugo Godoy, secretario general de ATE y adjunto en la Central quien dijo: “Mucho se discute en estos tiempos de pandemia sobre las posibilidades que se abren sobre modificar el rol del Estado, y pensar un Estado participativo, democrático, popular. Pero al mismo tiempo se refuerzan las peores tendencias de los sectores dominantes de la sociedad. Porque las crisis por sí mismas no modifican las situaciones”.

Y continuó: “En la desaparición de Facundo, lo que se está demostrando es que se refuerzan mecanismos perversos y represivos en el funcionamiento del Estado y la única manera de cambiar eso es alentando la participación y la conciencia popular de construir un Estado diferente. Queremos decirle al gobierno nacional y provincial que no se necesitan justificaciones, se necesitan actos concretos que hagan aparecer a Facundo y que enjuicien y condenen a los responsables de su desaparición”.

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