Redacción Canal Abierto | “El pedido del Gobierno argentino para que se investigue a un juez federal que adelanta una investigación sobre supuestos actos ilegales de inteligencia y extorsión que podrían implicar a autoridades atenta contra la independencia judicial”, señaló en las últimas horas la organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch.

En las últimas semanas se destapó una olla que involucra al fiscal más relevante de la Argentina, Carlos Stornelli, con una red de espionaje político, mediático y judicial que incluye a operadores y servicios de inteligencia locales y foráneos.

A contramano del discurso oficialista que enarbola la bandera de lucha contra la corrupción, la inmediata respuesta del gobierno fue apuntar sus cañones contra el juez a cargo de la investigación, Alejo Ramos Padilla. El propio Mauricio Macri calificó como “un show mediático” el desempeño del magistrado, cuestionó su “ecuanimidad” y pidió su destitución.

«Pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

A las declaraciones mediáticas del Presidente se sumaron varias voces del oficialismo -entre ellas la diputada nacional, Lilita Carrió, quien llegó a asegurar que el magistrado “ya está muerto”.  El Gobierno fue incluso más lejos, con la presentación de un pedido de juicio político por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano.  

“Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el Gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG. “Por el contrario, pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

Al pedir que se investigue al juez Ramos Padilla, Garavano indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso. Sin embargo, la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del poder judicial publicó el procesamiento de D’Alessio.

“Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar”, señaló Human Rights Watch.

El Consejo de la Magistratura, compuesto de 19 miembros, es el organismo encargado de investigar la actuación de los jueces en Argentina y tiene la facultad de destituirlos cuando tengan “mal desempeño” o cometan un crimen. Con arreglo al derecho argentino, la causal de “mal desempeño” incluye, entre otros, actuar con “negligencia grave”, cometer actos de “manifiesta arbitrariedad” o “incumplimiento[s] reiterado[s] de la Constitución, normas legales o reglamentarias”.

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El reciente posicionamiento de Human Rights Watch se suma a los respaldos que expresaron en los últimos numerosos dirigentes sociales, sindicales, políticos y de Derechos Humanos de los últimos días. Esta semana, incluso, un grupo de artistas realizaron una peculiar protesta en Comodoro Py para, entre otras cosas, denunciar la embestida contra Ramos Padilla.

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