Redacción Canal Abierto | Hace unos días, la revista MIT Technology Review incluyó al voto electrónico como una de las diez peores tecnologías del siglo XXI. La publicación es la más antigua del mundo sobre la temática, y en su análisis consideró que esta tecnología es vulnerable a la piratería. Pese a esto, y a que los países pioneros en aplicarlo, como Holanda, ya se echaron atrás por la falta de confiabilidad del sistema, la discusión sobre voto electrónico sí o no todavía no fue saldada en la Argentina.

Hace unas semanas, en Neuquén, las elecciones generales para gobernador se realizaron a través de una boleta electrónica, impresa en máquinas de votación, que despertó polvareda en varias mesas: algunos votantes se quejaron de que el candidato impreso no era el que habían elegido. Sin embargo, el sistema ya se ha usado en Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, y planea implementarse en La Falda, Marcos Juárez y Cosquín, en las provinciales que se disputarán en Córdoba el 12 de mayo.

“Hay que preguntarse ¿para qué queremos voto electrónico? ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Porque si yo no tengo previamente el problema que quiero solucionar, la tecnología puede abrir puertas a problemas para las cuales ni siquiera estoy preparada”, sostuvo Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre y firme destractora del voto electrónico, en una entrevista al Canal de la Ciudad.

“Creemos que es mejor la boleta única papel. Este sistema elimina el voto cadena, el robo de boletas. Nos significa, en muchos lugares donde quizá no tenemos fiscales, la garantía de que nuestra boleta esté”, explica Pablo Sanseverino, abogado y apoderado nacional de Unidad Popular.

A nivel nacional, la intentona del Ejecutivo en 2016 para implementarlo no pasó el Congreso, pero el escándalo estalló cuando se infirió que el Gobierno ya había encargado (y, seguramente, pagado) más de 100 mil máquinas que, cuando se cayó la ley, terminaron en el Congo.

Los requerimientos del sistema electoral son tres, sin los cuales estaría viciado: el secreto del voto, su integridad, y la legitimidad del proceso basada en la confianza pública, que se construye con participación ciudadana y transparencia. “Lápiz y papel es la tecnología que, al día de la fecha, es la mejor dotada y la que presenta las mejores condiciones para garantizar estas tres cuestiones, la que no tiene una intervención oscura”, afirmó Busaniche.

Muchos partidos suscriben a la teoría de la experta. “La boleta única electrónica despierta una cantidad infernal de paranoias, intencionadas algunas y otras no tanto. Frente a esa situación, creemos que es mejor la boleta única papel. Este sistema elimina el voto cadena, el robo de boletas. Nos significa, en muchos lugares donde quizá no tenemos fiscales, la garantía de que nuestra boleta esté”, explica Pablo Sanseverino, abogado y apoderado nacional de Unidad Popular.

Sin embargo, el determinismo tecnológico que asume a la digitalización como algo ineludible y la considera siempre mejor opción, impulsó otra medida gubernamental y, con ella, otro escándalo.

De forma resumida, se trata de digitalizar sólo una parte del proceso: el telegrama, dirigido a la Dirección Electoral que depende del Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), encargada del escrutinio provisorio, ya no será entregado al empleado del correo para que lo lleve a la oficina más cercana, sino que será escaneado directamente desde la escuela y recibido por un empleado de una empresa privada para su carga en el sistema.

«A quienes están involucrados en partidos políticos les hago un llamamiento a custodiar los documentos fundamentales del acto electoral. Las actas de mesa se tienen que ir en papel, no se puede digitalizar cualquier cosa», alertó Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.

A comienzos de año y desde su página web, Correo Argentino llamó a “presentar ofertas para la prestación de un servicio de recuento provisional de resultados para el proceso electoral nacional 2019”. Y en tiempo récord le adjudicó el servicio a Smartmatic, una empresa venezolana denunciada en reiteradas oportunidades por la vulnerabilidad de sus sistemas que llegó al país en 2015. Ante los cuestionamientos, otras dos contendientes entraron al juego: la histórica española Indra, de Ricardo Viaggio, y la catalana Scytel. Ambas, también, criticadas por su desempeño desde diversos sectores.

“Este sistema de transmisión de datos debiera eliminar el proceso por el cual otro tiene que cargar los datos. Se podrían cargar directamente desde la escuela, con un sistema que todos podamos conocer y auditar, que sea transparente. ¿Cuál es el sentido de contratar una empresa privada para que haga la transmisión desde las escuelas? ¿El Estado no tiene los recursos? ¿No tiene gente para tipear actas? “, analizaba en enero Javier Smaldone, en diálogo con Canal Abierto. Y en estos días, desde su cuenta de Twitter, critica la demora en la adjudicación del escrutinio provisorio y se pregunta qué esconde.

Busaniche, por su parte, alertó: “A quienes están involucrados en partidos políticos les hago un llamamiento a custodiar los documentos fundamentales del acto electoral. Las actas de mesa se tienen que ir en papel, no se puede digitalizar cualquier cosa. El único resguardo para después litigar una mesa polémica es la documentación de la mesa, el acta de apertura, de cierre, el certificado de la mesa”.

Sin embargo, Sanseverino no coincide: “Creo que el escaneo es un avance, pero con condiciones, porque el decreto que manda el Gobierno dice que la planilla que se escanea es la misma que le dan a los fiscales, y nosotros creemos que hay que mantener el certificado de escrutinio. Pero el escaneo me parece un avance importante porque hasta ahora fue mucho más oscuro: vos le dabas el telegrama a un empleado del correo pero no sabías su destino. Iba al correo y desde ahí lo transmitían al centro de cómputos. Ahora es directo desde la escuela. Si hubiera alteraciones en la carga, más allá de si la carga la hace el Estado o un privado, van a saltar en el escrutinio definitivo”.

La discusión sigue abierta y las sospechas también. Y la búsqueda de un sistema electoral más transparente deberá sortear, en su camino, los obstáculos de avivadas y negociados que persiguen, por supuesto, un interés diferente.

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