Redacción Canal Abierto | “Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”, aseguró Mauricio Macri semanas atrás, luego de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Desde que asumió en diciembre 2015, el Gobierno evitó críticas o aprietes públicos hacia personalidades “encumbradas”, plumas y figuras de medios hegemónicos. No tuvo necesidad de hacerlo: en estos años, los periódicos y canales de televisión más importantes de la Argentina no sólo evitaron cuestionar las políticas de Cambiemos, en muchos casos incluso pecaron de fervientes oficialistas.

No fue casual ni expresión de una honestidad intelectual del mainstream mediático. En el marco de las medidas de ajuste del Gobierno, 2018 fue el año con menor gasto en publicidad oficial de los tres que lleva la gestión de Mauricio Macri: fueron $2.250 millones, casi 10% menos que los $2.439 millones de 2016. No obstante, el año pasado el Grupo Clarín fue su principal beneficiado: el pulpo mediático favorito del macrismo recibió cerca del 20% del total de la torta nacional. El segundo beneficiario fue el Grupo UNO, bajo control de Daniel Vila, con un 7,2%; y Telefe (Viacom), con 7%.

Sin embargo, distinta fue la actitud gubernamental para quienes opinan distinto, o sencillamente se comprometen con retratar la cruda realidad que atraviesa la Argentina. Ejemplo de ellos fueron las detenciones de los fotoperiodistas Bernardino Ávila (Página 12) y Pablo Barrientos (Revista Cítrica) cuando intentaban registrar la represión policial de una protesta de trabajadores de la cooperativa Madygraf, el 20 de febrero pasado.

En esta embestida contra la libertad de prensa, merece un capítulo aparte la avanzada sobre los medios públicos cabezada por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. A los 357 despidos en la agencia de noticias Télam y las campañas de estigmatización de sus profesionales, se sumaron las numerosas cesantías y denuncias de censura en Radio Nacional y la TV Pública. Entre ellas, la denuncia de que -en pleno año electoral, por orden del gerente Néstor Sclauzero y por primera vez en la historia del canal estatal- ningún periodista del staff propio conduciría un noticiero.


En las últimas horas, se conoció un nuevo acto de censura: por medio de una nota interna, la dirección del canal (encabezada por Hernán Lombardi y el gerente de Noticias de la TV Pública, Nestor Sclauzero) exigió a una periodista explicaciones por haber caracterizado a Juan Guaido como el “autoproclamado presidente” de Venezuela.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) denunciaron el hecho como una “caza de brujas” por parte del Gobierno de Mauricio Macri y la contratación de periodistas militantes con sueldos elevados designados para “vigilar” la tarea de los trabajadores.

promoción

Nuestros temas