Redacción Canal Abierto | “Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia”, aseguró Mauricio Macri en redes sociales luego de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Según el informante para nuestro país y empresario del sector, Daniel Dessein, Cambiemos encara su “tercer año consecutivo sin agresiones hacia el trabajo periodístico”.

En un esfuerzo por sacarle jugo al reconocimiento de la asociación que representa a propietarios y directores de medios, el Presidente aprovechó para recordar hechos repudiables del pasado y pegarle a la gestión kirchnerista. “No descalificamos, no aceptamos que se ‘juzguen’ periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás”, afirmó el mandatario en referencia al escrache -disfrazado de juicio- que en 2010 encabezó Hebe de Bonafini. En él se declaró “culpables de complicidad con la dictadura militar” a Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona, Mauro Viale, Julio Lagos, Joaquín Morales Solá, Samuel «Chiche» Gelblung y al ya fallecido Bernardo Neustadt.

Es cierto que, desde que asumió en 2015, el Gobierno evitó las críticas o aprietes públicos hacia personalidades “encumbradas”, plumas y figuras de los medios hegemónicos. Tampoco tuvo necesidad de hacerlo. En estos años, los periódicos y canales de televisión más importantes de la Argentina no sólo evitaron ser hostiles con Cambiemos, en la mayoría de los casos incluso pecaron de ferviente oficialismo.

Sin embargo, distinta fue la actitud gubernamental para quienes opinan distinto, o sencillamente se comprometen con retratar la cruda realidad que atraviesa la Argentina. Ejemplo de ellos fueron las detenciones de los fotoperiodistas Bernardino Ávila (Página 12) y Pablo Barrientos (Revista Cítrica) cuando intentaban registrar la represión policial de una protesta de trabajadores de la cooperativa Madygraf, el 20 de febrero pasado. Similar situación atravesó Ezequiel Medone, trabajador de prensa de Antena Negra -un canal comunitario de televisión-, detenido el 1 de septiembre de 2018 mientras cubría una marcha por la aparición de Santiago Maldonado (en aquella ocasión, incluso, hubo denuncias de amenazas y manipulación de las actas oficiales para incriminarlo). O bien el caso del alemán Stefan Borghardt, aprehendido cuando sacaba fotografías en los piletones de residuos petroleros de Treater Neuquén SA, en Vaca Muerta.

“La radio atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a fines de 2016 y principios de 2017 sancionó una serie de normas que le permiten clausurar y legalizar radios con un alto grado de discrecionalidad y a sola firma de funcionarios de segunda línea, como pasó con FM Ocupas de Moreno y  otras en todo el país”, explicó a Canal Abierto en agosto pasado Pablo Antonini, presidente de FARCO

Peores, de hecho, fueron las jornadas en que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizaron “camarazos” para repudiar los casos de represión policial contra colegas.

“Nunca antes se gastó menos plata en pauta publicitaria que en este gobierno. Dicho de manera directa, esto significa que no se usa la publicidad oficial como un mecanismo para domesticar medios o someter periodistas como sí se hacía antes”, twitteo también Macri.


En el marco de las políticas de ajuste del Gobierno, 2018 fue el año de menor gasto en publicidad oficial de los tres que lleva la gestión de Mauricio Macri. Fueron $2.250 millones, casi 10% menos que los $2.439 millones de 2016. No obstante, el año pasado el Grupo Clarín fue el principal beneficiado: el pulpo mediático favorito de Cambiemos recibió cerca del 20% del total de la torta nacional. El segundo beneficiario fue el Grupo UNO, bajo control de Daniel Vila, con un 7,2%; y Telefe (Viacom), con 7%.

La SIP, asociación continental de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas, cuestiona las fake news, pero a su vez no parece estar al tanto del involucramiento de Cambiemos en el escándalo de Cambridge Analytica.

Merece un capítulo aparte la avanzada sobre los medios públicos cabezada por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. A los 357 despidos en la agencia de noticias Télam y las campañas de estigmatización de sus profesionales, se le suman numerosas cesantías y denuncias de censura en Radio Nacional y la TV Pública. La última novedad es la denuncia de que -en pleno año electoral, por orden del gerente Néstor Sclauzero y por primera vez en la historia del canal estatal- ningún periodista del staff propio conduciría un noticiero. Por su parte, los canales Encuentro, Paka Paka y DeporTV también fueron víctimas de la guadaña macrista: en estos años su planta laboral se vio reducida en un 50% y las producciones en un 75%.


A los centenares de despidos en medios privados de todo el país, la precarización laboral y cierres de medios históricos, se adenda una deuda por parte del Estado de alrededor de 250 millones de pesos para con los medios comunitarios. “La radio atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a fines de 2016 y principios de 2017 sancionó una serie de normas que le permiten clausurar y legalizar radios con un alto grado de discrecionalidad y a sola firma de funcionarios de segunda línea, como pasó con FM Ocupas de Moreno y  otras en todo el país”, explicó a Canal Abierto en agosto pasado Pablo Antonini, presidente de FARCO e integrante de Radio Estación Sur de La Plata.

Por otro lado, además de durísimas críticas al gobierno venezolano y loas al argentino, en su última resolución la SIP guardó un breve párrafo sobre la problemática de las fake news: “distintas democracias alrededor del mundo han experimentado fenómenos novedosos, como campañas masivas de intervención y desinformación en períodos electorales, facilitadas por el anonimato, la viralización y el manejo de datos personales propios del modelo de negocios de plataformas digitales y redes sociales”.

En este sentido, cuesta creer que la asociación continental de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas cuestione dicha manipulación, pero a su vez no esté al tanto del involucramiento de Cambiemos en el escándalo de Cambridge Analytica. Según reveló un medio británico entonces, y luego confirmó el director ejecutivo de la firma, Alexander Nix, la consultora recolectó datos sin autorización para elaborar “campañas de influencia” en redes sociales sobre los votantes que llevaron a Macri a la presidencia en 2015.

Por último, lo que sí llamó la atención de la SIP en el caso argentino fue la exposición judicial de los periodistas argentinos Daniel Santoro, Rodrigo Alegre, Eduardo Feinmman y Rolando Graña como parte de un presunto plan de extorsión o maniobras de inteligencia ilegal, en el marco de una causa en la cual se investiga por esos mismos delitos a Marcelo D’Alessio.

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