Redacción Canal Abierto | Lo que ocurre en el parque de reciclado de CEAMSE es una experiencia inédita en Latinoamérica -según explican los actores involucrados-, por las dimensiones, por los  objetivos planteados y por los logros alcanzados.

Una veintena de galpones se reparten entre once cooperativas y asociaciones civiles de recicladores que todos los días reciben 2.000 camiones de basura domiciliaria de 34 municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Allí, los residuos pasan por una cinta transportadora en la que los trabajadores y las trabajadoras separan cada material en bolsones que luego se compactan para vender.

En cada planta, que hoy se parecen mucho a una fábrica, trabajan entre 60 y 100 personas, en su gran mayoría vecinas y vecinos de la zona conocida como Área Reconquista, un convoy de barrios y asentamientos que bordean el contaminadísimo Río Reconquista atravesando la autopista que,  casualmente, recibe el nombre de Camino del Buen Ayre, en la localidad de José León Suárez al norte del partido de San Martín. Se trata de una población signada por la pobreza que encuentra dificultades infranqueables a la hora de intentar acceder a círculos laborales formales, con lo cual el predio es, además de un sorprendente mega polo-productivo, uno de los espacios de inclusión sociolaboral más importante del país, traccionado por las organizaciones involucradas.

En la actualidad y desde hace varios años la empresa estatal “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado” paga a cada agrupación un canon fijo por la tarea de disminuir la cantidad de basura que va a disposición final, es decir a la montaña. Además las asociaciones suman ingresos mediante la comercialización de los fardos de recupero. Pero no siempre fue así, y todo se logró gracias a extensas luchas, algunas muertes, y años de organización y articulación territorial.

La ciruja

Durante los últimos 90s, en días de descomposición social acelerada, vecinos de distintos distritos bonaerenses y familias venidas de otras provincias se acumulaban frente al relleno sanitario para estar cerca de las colinas de desechos de las que sacaban comida y cosas para revender. Para no pagar el ingreso los camiones de algunas concesionarias volcaban los desperdicios recolectados a orillas del río, literalmente sobre las casillas de la gente que finalmente vivía en la basura y de la basura. La profundización de la crisis neoliberal fue acentuando una conflictividad social insoportable: el organismo dispuso guardias de policía y seguridad privada para evitar que los pobres robaran su basura, lo que derivó en violentas represiones y abusos salvajes.

El momento de quiebre se dio en 2004 con la muerte de Diego Duarte: El joven de 15 años había entrado a CEAMSE a buscar zapatillas para ir a la escuela, se escapó de un policía que lo quiso detener y se escondió para que no lo golpearan. El uniformado dio la orden y un camión descargó miles de kilos de residuos sobre Diego, que nunca más apareció. El conflicto llegó a un punto de no retorno y el organismo aceptó comenzar a entregar las plantas a los distintos grupos que, con apoyo y acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social se fueron constituyendo en asociaciones civiles y cooperativas de trabajo.

Junto a los grupos nuevos que se organizan alrededor de la posibilidad de comenzar a gestionar los galpones del organismo, se mantienen algunos de los históricos dirigentes sociales que, a fuerza de lucha, sufrimiento y organización, sembraron derechos en la basura para recoger futuro. Entre ellos se encuentra la planta Piletas, que funciona afuera del predio, en el barrio Independencia, fundada hace más de 15 años por Adán Guevara, un referente de los recuperadores de San Martín que desde hace años coordina un centro cultural de la zona. Los primeros años de esta historia fueron narrados en “Río Adentro. Una expedición al Río Reconquista”, un documental de los periodistas Eduardo Anguita y Miriam Lewyn, en 2007.

También está Reciclando Sueños, cuya presidenta es Lidia Quinteros, primera delegada del recordado Tren Blanco del Ferrocarril Mitre que transportaba a los cartoneros de José León Suárez a Retiro durante los primeros años del siglo, cuya lucha concluyó en la despenalización del cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires. Y la cooperativa Bella Flor, el emprendimiento de la organización Ocho de Mayo que fundó en 1998 el barrio del mismo nombre con un centro comunitario y un comedor infantil. Al frente está Lorena Pastoriza, que cuando inició la toma de tierras integraba la CTA-San Martín y desde hace años es referencia ineludible en tanto experiencia de organización alrededor del reciclado con inclusión social.

La Facultad a la basura

Desde 2016 opera en el lugar un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un convenio de asistencia técnica y laboral que busca mejorar las condiciones de trabajo en los galpones, a la vez aumentar las proporciones de material recuperado y desarrollar estrategias de venta, y, en definitiva, dignificar la tarea y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras.

El grupo -integrado por especialistas en reciclado, biología, en ecología urbana, antropología y  trabajo social-, despliega cada temporada talleres de seguridad e higiene, de clasificación de materiales, de historia del reciclaje, apoyo escolar para lxs recuperadorxs y sus hijxs, orientación en casos de consumos problemáticos, cursos y capacitaciones específicas, además de coordinar las clases del Fines para terminalidad educativa que se brindan adentro del parque, la gestión de documentación y los trámites para facilitar el acceso a los programas sociales, entre otras tareas.

De hecho, el lugar vivió una virtual transformación en los primeros días de este año. A partir del relevamiento del Equipo UBA en acuerdo con las Plantas Sociales se diseñó un plan de reformas e incorporación de tecnologías que redundó en una inversión millonaria que el organismo aceptó realizar.

La propuesta incluyó adquisición de maquinaria, arreglos y ampliación de espacios, mejoras en la infraestructura e instalaciones, construcción de galpones nuevos y asfaltado de las calles internas, entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad. Además, cada organización recibió un tractor-pala para cargar la basura, entre otras muchas cosas.

Finalmente el sitio se cerró durante el último trimestre del año pasado y amaneció 2019 con el comienzo de una nueva etapa.

Estado, universidad pública y organización social

Luego de las fiestas se llevó a cabo un mega “Operativo socio sanitario” que sirvió para que los recuperadores y las recuperadoras junto a sus familias accedieran, en el mismo lugar, en horario laboral y más fácilmente, a distintas instancias de relación con el Estado que en general le son esquivas a los habitantes del conurbano profundo.

El Equipo UBA articuló con el ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el ministerio del Interior y su oficina de documentación Renaper, la ANSES, el Registro Provincial de las Personas, y Sedronar, que ofreció charlas sobre prevención y tratamiento de adicciones. El ciclo duró dos semanas y brindó la posibilidad del acceso a servicios y prestaciones sociales como los DNI, partidas de nacimiento, Asignación por Embarazo y por Hijo, garrafa y tarifa social, y los programas Progresar y Hacemos Futuro, entre otros.

Por otro lado, se realizaron talleres de primeros auxilios y recorridas informativas sobre VIH, sífilis, hantavirus, salud sexual, y controles sanitarios, atención ginecológica, entrega de medicamentos y anticonceptivos, órdenes para estudios y derivaciones. Como dato saliente, para dar cuenta de la magnitud del despliegue, basta mencionar que durante las siete jornadas casi 800 personas se aplicaron vacunas.

Si bien la crisis económica endureció la situación, la organización y la experiencia todavía permiten desarrollar perspectivas y seguir luchando por un futuro mejor en José León Suarez.

Diego Brancoli, coordinador del Equipo de la facultad, explica: “La academia muchas veces es mirada como un espacio lejano que cree ser portador del saber. Nosotros tenemos grandes diferencias con esa perspectiva, no solo retóricas sino prácticas, políticas e institucionales, e intentamos construir una universidad pública de puertas abiertas. La gente estaba trabajando en condiciones que nosotros, desde la universidad, no nos podíamos dar el lujo de cuestionar porque existe una suerte de continuidad entre las condiciones de la vida cotidiana y las prácticas laborales. De todas maneras, desde la lógica estatal esas formas tampoco eran aceptables, entonces fuimos construyendo un programa hacia el organismo, para ir transformando ese trabajo, en empleo”.

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