Redacción Canal Abierto | Durante 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.

Las cifras corresponden a un nuevo informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas que realiza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani-UBA.

Esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización, sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención.

La profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad. Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. “Estas graves violaciones de forman parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado”, señala la CPM.

Las cifras son alarmantes y crecen año a año. Es en este contexto, se presenta el que informe desde 2010 realizan los tres organismos públicos, resultado del trabajo interinstitucional de inspecciones a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires y del ámbito federal, y del monitoreo de las prácticas policiales en el territorio.

En el marco de la presentación del estudio, el ex relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez brindó la conferencia “El desafío de las democracias en la lucha contra la tortura. Visibilizar, registrar y denunciar las violaciones a los derechos humanos”. La exposición contó con los comentarios de Alcira Daroqui, directora del GESPyDH, y el procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo. La mesa será coordinada por el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.

A pesar de la gravedad de las cifras, estas sólo representan un registro parcial en un medio donde las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal. “La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención”, asegura en un comunicado la CPM.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura, de los cuales más del 70% tiene como víctimas a jóvenes (menores de 35 años). El aislamiento y la falta -o deficiente- atención de la salud son las prácticas más denunciadas. En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.

Por su parte, en el sistema federal 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un “encierro dentro del encierro” y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura. Justificado por las autoridades penitenciarias como “sanción” y como “protección”, es también aplicado como régimen de vida de los pabellones y forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel.

Desde el 2015, el RNCT registra también las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Este año, se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Sólo en el territorio provincial, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría de la policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas. En el ámbito federal, la situación es similar, 112 víctimas denunciaron 436 hechos de torturas y/o malos tratos; una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.

 

*Fuente: Comisión Provincial por la Memoria / Agencia Andar

Fotografía: Valerio Bispuri

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