Redacción Canal Abierto | Romina Laura Gutiérrez, una sargento de la policía bonaerense, fue asesinada a tiros en su departamento de La Plata. Las sospechas de los investigadores recaen sobre su pareja, Danilo Alberto Acevedo, un oficial de la misma fuerza que intentó suicidarse y permanece internado en grave estado en el hospital San Martín.
El cuerpo de Romina fue descubierto este domingo a la mañana por Daiana Salas, también sargento de la provincia de Buenos Aires, que se dirigió hasta el departamento porque no podía comunicarse con su amiga.
Daiana se encontró con sangre que se escurría por la puerta, y al ingresa descubrió a su amiga sin vida. A su lado se encontraba su pareja, herido e inconsciente. A unos metros de los cuerpos estaba el arma reglamentaria calibre 9 milímetros y vainas servidas.
Uno de cada cinco
Según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional sobre violencia institucional, en uno de cada cinco femicidios, el asesino era integrante de las fuerzas de seguridad. El porcentaje aumenta si se consideran los asesinatos cometidos en el primer mes de 2019, donde alcanzó un 30%.
Según el relevamiento, desde 1992 en Argentina hubo 349 femicidios cometidos por el aparato represivo estatal. “Es la primera causa de muerte de mujeres en el marco de la violencia institucional. Muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades”, aseguró María del Carmen Verdú. El dato surgió cuando cruzaron las bases sobre femicidios y sus propios archivos de violencia institucional.
Los datos extraídos de un informe similar, llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2015 y 2017, arrojan que sólo en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires 23 mujeres fueron asesinadas por funcionarios de las fuerzas de seguridad en contextos de violencia doméstica. En la gran mayoría de esos casos los agentes estaban fuera de servicio al momento de disparar.
Para el CELS, estos femicidios son consecuencia directa del Estado Policial que “convierte a los agentes en policías las 24 horas, los 365 días del año”. El mandato cultural dice que deben estar armados y listos para actuar. Por ello, casi la totalidad de los policías hacen uso de ese derecho y después de la jornada laboral vuelven a sus casas con el arma reglamentaria. “La portación de armas no es solo un elemento de fuerza física, también es simbólica. Se utilizan para ejercer hostigamiento y amenazas. No es problema privado de un policía, es un problema institucional, por lo tanto el Estado tiene responsabilidad”, explican desde el centro.
De acuerdo al último informe del Observatorio Mumalá, en lo que va de 2019 se registraron 150 femicidios. En Argentina, una mujer muere cada 34 horas por violencia machista. De esa cifra, el 8% de los femicidas pertenece a las fuerzas de seguridad, y 28% de las mujeres fue muerta por un arma de fuego.
Privilegios de género
Mientras esto ocurre con los miembros hombres de las fuerzas de seguridad, las mujeres, además de ser asesinadas, no pueden acceder a derechos básicos como poder denunciar un acoso o situación de violencia.
En tres años, casi 600 denuncias fueron efectuadas por víctimas de abusos en estas instituciones. La Red Nacional De Mujeres Policías denuncia que hay un mecanismo establecido para callarlas: “Al agresor lo mandan de vacaciones y a la víctima le abren una carpeta psiquiátrica”.
En Mendoza, la situación es peor. “Hay una ley, la 6.722 de la policía local, que sostiene que si una mujer policía denuncia violencia en el hogar, le quitan el arma, le inician una carpeta psiquiátrica y le reducen el sueldo a la mitad. Por eso mi hija no la pudo hacer, porque tenía su hogar a cargo”, comentó Graciela Bianchi, madre de Florencia Peralta, policía ahorcada en su casa por su ex pareja.