Por Pablo Bassi (@pablobassi_) | La mayoría de la oposición acordó un solo proyecto de declaración de Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 y convocará a una sesión extraordinaria en Diputados para tratarlo este jueves. Afuera, los movimientos sociales se concentrarán tras marchar desde la sede del ministerio de Desarrollo Social en horas del mediodía.
Como se trata de un debate que no pasó por comisiones, su aprobación necesita los votos de los 2/3 de los presentes, algo difícil de lograr si Cambiemos baja al recinto y se abstiene o vota en contra. Este martes las autoridades del interbloque oficialista se reunirían para adoptar una posición.
El texto que lleva la firma de los bloques FPV – PJ, Red x Argentina, Bloque Justicialista, Frente Renovador y aliados provinciales dispone de “un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. Faculta además al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente los montos desde el 1° de enero 2020, tomando como referencia el IPC y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC.
Dentro de los movimientos sociales convergen miradas contrapuestas. Entre sus representantes en Red x Argentina, que encabeza Felipé Solá, hay quienes creen que Cambiemos no bajará al recinto, para habilitar la aprobación. Evitarían de esta manera un mayor desgaste y, en todo caso, podrían obturar luego el debate en Senadores. Otros, en cambio, sostienen que el oficialismo maquillará su discurso y terminará por abstenerse o votar en contra.
En la reunión que ayer mantuvo con la cúpula de la CGT, la ministra Carolina Stanley descartó la implementación de la Emergencia Alimentaria por decreto, amparándose en un eventual tratamiento en el Congreso. Similar argumento ofreció horas después el equipo técnico de Desarrollo Social a los dirigentes de la CTEP, Somos Barrios de Pie, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán.
Según pudo saber Canal Abierto, el Gobierno ofreció en ese encuentro elevar el salario social complementario de $7500 a $8000 en octubre y de $8000 a $8500 en noviembre. También propuso un bono de $2000 en dos cuotas iguales a pagar a fines de septiembre y últimos días de octubre.
Ambos planteos fueron rechazados por los movimientos populares. Por un lado, reclaman que ningún salario puede estar por debajo de los $31.200, que es la canasta básica establecida para una familia tipo, defendida por la CTEP y las centrales sindicales la semana pasada en el Consejo del Salario.
Por otro lado, demandaron que el bono se erogue en un solo pago en septiembre y que se incremente de 21 a 30 pesos la ración de merienda que reciben los comedores populares y escuelas en toda la Argentina.
Entre sus fundamentos, los diputados manifestaron que, según los últimos datos publicados por el INDEC, la pobreza llegó al 32% al finalizar segundo semestre 2018, lo que es igual a 6,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2017. Asimismo, la indigencia pasó del 4,8% en el segundo semestre de 2017 al 6,7% en el mismo período de 2018.
La Canasta Básica Total, en tanto, aumentó un 2,5% durante julio de 2019 y llegó a $31.934 para una familia compuesta por dos adultos y dos niños. Acumula un 25,3% en lo que va del año y un 58,6% en los últimos doce meses.
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