Redacción Canal Abierto | Bajo la lluvia impiadosa del último 17 de octubre, lejos de festejos peronistas, un puñado de familiares y amigos de víctimas de causas armadas por la policía y la justicia marcharon del Congreso Nacional hasta el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Acompañados por la Coordinadora contra la Impunidad Policial, la Comisión Provincial por la Memoria, la CTA Capital y otras organizaciones de derechos humanos y feministas realizaron la Primera Marcha Plurinacional contra las Causas Armadas.

“Esto surge a partir de que un montón de familiares empezamos a encontrarnos en esta situación terrible e injusta que son las detenciones arbitrarias, ilegítimas, ilegales, de nuestros familiares y amigos. Somos allegados de más de quince jóvenes presos que en la Coordinadora contra la Impunidad Policial encontramos una espacio de contención”, explicó Florencia en diálogo con Canal Abierto.

“Mediante actividades diversas a las que fuimos concurriendo nos fuimos conociendo más y más familiares y ésta es la primera acción coordinada: la Primera Marcha Plurinacional contra las Causas Armadas”, agregó.

Florencia es la novia de Marcos Bazán detenido en el marco de la búsqueda de un culpable en un caso de femicidio que tomó relevancia mediática. “Marcos está detenido desde el 6 de agosto de 2017 acusado de haber participado en el femicidio de Anahí Benítez. Esto sucedió en el barrio Parque Barón, en Lavallol, en el Municipio de Lomas de Zamora. Anahí fue secuestrada, violada y asesinada y arrojaron su cuerpo a 300 metros de donde vivía Marcos, en la reserva Santa Catalina -narró-. A partir de ahí empezó una búsqueda por hallar un culpable, el caso fue muy mediático y finalmente detuvieron a mi novio sin tener ningún elemento, sin haber hallado ninguna prueba. Después detuvieron al violador de Anahí que confesó que estuvo con alguien más y que a Marcos no lo conoce”.

Este accionar policial y judicial establece un patrón claro de criminalización de la pobreza.

“En general detienen a pibes vulnerables, pobres, pibes de barrio. Hay casos de luchadores sociales como Juan Manuel. En el caso de Marcos, pensaron que como vivía en una reserva estaba solo, que no habría nadie que reclamara por él. Es lo que pasa muchas veces, las familias se encuentran solas y desprotegidas, no tienen a quién acudir porque en la justicia les cierran las puertas. En la mayoría de los casos no hay pruebas o las que hay son plantadas. Detrás de todo esto, generalmente, detrás de los homicidios o robos de que se acusa a nuestros familiares está implicada la policía”, señala Florencia.

La Coordinadora contra la Impunidad Policial es una organización en la que participan familias y amigos de personas detenidas injustamente, y que trabaja junto a otros grupos antirrepresivos y movimientos territoriales. La impulsan Claudio Castro, quien sufrió en carne propia una detención arbitraria por una causa armada, y Claudia Agüero, quien luchó por la libertad de otra víctima de la justicia injusta: Alejandro Bordón, detenido durante dos años en la cárcel de Sierra Chica, acusado de un homicidio con pruebas fraudulentas, antes de ser absuelto en un juicio.

Las causas armadas suelen surgir frente a la necesidad de dar una respuesta rápida a casos de relevancia pública –como en el caso de Marcos Bazán–. La policía recurre a jóvenes que tiene identificados, en algunos casos que ya tuvieron algún problema con la justicia, y los implica. Estas situaciones se pueden dar porque la policía controla las medidas de prueba y actúa como auxiliar de la justicia. Así es muy fácil que la justicia trabaje en base a actuaciones que son mera inventiva policial basada en supuestos informantes y pruebas fraguadas.

En esta Primera Marcha participaron también organizaciones de mujeres como la Red de Mujeres de Moreno y Furia Feminista y otras organizaciones sociales.

“Hoy pedimos que nos recibieran en el Ministerio Público Fiscal, entregamos un petitorio y se comprometieron en llamarnos y darnos una respuesta. No podemos tolerar más estas injusticias, estamos para luchar por nuestros seres queridos y los vamos a sacar. Queremos que nuestros pibes, que son inocentes, estén en libertad”, finaliza Florencia.

Los familiares fueron recibidos por el director de Comunicación Institucional del organismo quien escuchó los reclamos y los relatos de los casos cuyo factor común es que son hechos fraguados por efectivos policiales, avalados por fiscalías distritales, con torturas y todo tipo de apremios y violación de leyes y procedimientos. El Ministerio Público habilitó un expediente en el que se hará un seguimiento de cada caso al que podrán acceder los familiares.

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