Redacción Canal Abierto | Recientemente, el Gobierno anunció un aumento salarial de suma fija que resultó apenas un pequeño alivio para los bolsillos. Se trata de $4.000 a cuenta de futuros aumentos definidos en paritarias que se pagarán en dos cuotas -$3.000 en febrero y $1.000 en marzo- para los privados y, como será publicado en breve en el Boletín Oficial, también para los trabajadores del Estado nacional.
La medida resultaba un imperativo en un contexto de pérdida de poder adquisitivo que fue constante y pronunciada a lo largo de los últimos cuatro años. Si tenemos en cuenta sólo los salarios por convenio –que, en general, son los menos castigados si se los compara con los sueldos de quienes no están sindicalizados y/o en blanco-, en la mayoría de los gremios cayeron en torno del 20%.
En un informe Recuperando la política de ingresos publicado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por el economista y flamante director del Banco Nación Claudio Lozano y elaborado por Ana Rameri, se establece que este incremento representa un “8,4% sobre la media salarial del sector. No obstante, en tanto el 60% de los trabajadores están por debajo del promedio, la suma fija implica un aumento superior para la mayor parte de los trabajadores del sector privado”.
La media estaba en septiembre de 2019 (último dato oficial publicado), en $47mil. “La progresividad de lo dispuesto se expresa en la mayor reparación que supone para los tramos salariales más bajos. Para quienes perciben valores cercanos al salario mínimo el aumento será de 24,8% y para los rangos salariales más elevados el impacto será sensiblemente inferior, del 2,4%”, resalta el estudio. El efecto del adelanto del aumento salarial permite subsanar parte de lo perdido en el último tiempo de sistemático retroceso.
Y explica: “La oportunidad de recomposición que esta medida implica se inscribe en una estrategia por revertir un extenso período de agravamiento de la condición salarial”. El ajuste afectó al conjunto de los trabajadores y especialmente al segmento asalariado de la economía que tuvo un recorte de casi un cuarto de las retribuciones percibidas. Las manifestaciones del recorte fueron disimiles según los lugares y condiciones de inserción: las categorías más afectadas fueron los asalariados precarios (-33,6%), luego los trabajadores del sector público (-19,3%) y, por último, los registrados en el sector privado (-16,4%)”.
Cambio de rumbo
Desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández, la transferencia de ingresos hacia los sectores populares alcanzó un total de $425.565 millones si se toman en cuenta los bonos extraordinarios destinado a las jubilaciones y asignaciones universales, y las tarjetas alimentarias. “El piso de aumento salarial que quedó establecido para el sector privado -en la medida que no sea neutralizado por aumentos posteriores en los precios- implicará un avance en la puja distributiva a favor de los trabajadores de $251.964 millones”, afirma el estudio.
Para el IPyPP, “mientras la caída real del salario durante el último año (último dato a septiembre) se estima en el orden del –2,3%, el reciente incremento logra revertirla y transformarla en una recuperación del +5,9%. De esta manera, permite achicar los márgenes de caída salarial en general. Para ponerlo en términos concretos mientras los asalariados registrados del ámbito privado perdieron el –14,5% del salario en la gestión macrista, el aumento acorta la brecha a la mitad (-7,3%)”.
En otras palabras, el aumento en pesos representa el equivalente a lo que el salario perdió en los quince meses que van desde julio 2018 a septiembre 2019. Esta cifra le devolvería al salario, de forma estimativa, el poder adquisitivo que éste tenía a principios del año pasado.
“En conjunto, la redistribución hasta ahora anunciada equivale al 1,9% del PBI con una incidencia en el consumo interno del 2,9%”, sostiene el informe.