Redacción Canal Abierto | En las últimas horas se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos encontró 950 cuentas en el extranjero que esconden 2600 millones de dólares para evitar pagar impuestos en Argentina. Lo hizo a partir de información brindada hace dos años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que el gobierno anterior ni siquiera había analizado. El descubrimiento cobró mayor relevancia porque esos evasores podrían ser alcanzados por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que por estos días discute el oficialismo, como iniciativa para incorporar recursos que permitan afrontar la crisis que generó la pandemia del coronavirus.
En ese contexto, Claudio Lozano -uno de los directores del Banco Nación y responsable del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas- asegura que se trata de una práctica histórica de las elites económicas argentinas, explica cuáles son las herramientas que tiene el Estado parta controlar la fuga y penalizar la evasión, y como deberían adaptarse para perseguir esas complejas maniobras que utilizan las grandes compañías para esconder sus millones.
Además, insiste en que cobrando “la alícuota vigente para Bienes Personales a las cincuenta principales fortunas de la Argentina, la recaudación te permitiría eliminar la indigencia”.
¿Lo que faltaba era información o voluntad política para encontrar estas cuentas no declaradas?
– Había una fuente informativa disponible que no se utilizó para establecer mecanismos impositivos más progresivos. En el blanqueo se blanquearon 116 mil 800 millones de dólares, que todos sabíamos que no era el total de lo que estaba afuera, se podría haber continuado la pesquisa por intermedio de los acuerdos de cooperación tributaria con los países de la OCDE. Ahora existe la voluntad política de tratar de identificar porque se busca establecer un impuesto sobre las principales fortunas, por el contrario, en aquel momento se permitió el blanqueo eliminando prácticamente el impuesto a los Bienes Personales.
¿Cuál es el impacto real que puede tener una evasión fiscal de esta magnitud?
– En los cuatro años de Macri se fugaron 88 mil 376 millones de dólares. Eso tiene, por un lado, un impacto negativo en términos de recaudación, porque se oculta patrimonio y rentas, y por lo tanto están desfinanciando al Estado. Pero por otro lado esos recursos son inversiones potenciales que podrían haber implicado un crecimiento de la economía que efectivamente no existió, o sea que se pierde financiamiento del aparato estatal, deterioro de los niveles de inversión, por lo tanto hay menos nivel de crecimiento.
¿Es posible que haya más cuentas?
– El propio INDEC tiene un cálculo de fondos de argentinos en el exterior que supera los 330 mil millones de dólares, y en ese cálculo ni siquiera esta computado el crecimiento de esos fondos por las rentas que puedan haber obtenido. A nivel de las principales fortunas del país, lo que se pone en práctica es una suerte de planificación fiscal nociva, por no decir delictiva, que tiene que ver con establecer distintas estrategias que permitan ocultar patrimonios y rentas. Por ejemplo, Paolo Rocca, que es la principal fortuna de la Argentina y una de las principales en el mundo, lo que hace es ir cambiando permanentemente la estructura societaria del grupo Techint, entonces pasó de ser un grupo ítalo-argentino, a ser hoy un grupo holandés que se llama San Faustin. En realidad lo que hace Rocca es establecer sociedades intermediarias entre él y sus empresas -que en general son sociedades de inversión con sede en paraísos fiscales-, de manera tal que la distancia entre Rocca y sus empresas hace que se pierdan sus participaciones accionarias y por lo tanto parte de lo que debería incorporar en Bienes Personales, entre otras cosas.
Es una práctica de histórica de las clases dominantes argentinas…
– Exactamente. Es una práctica de erosionar la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos. El Estado tiene la AFIP, tiene la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ), todas esas herramientas el Estado tiene que adecuarlas para poder capturar el movimiento que tienen los conglomerados empresarios cuya característica es la diversificación, es decir que no son una empresa, son múltiples compañías que no están solo ubicadas en Argentina.
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Por ejemplo las exportadoras crean sociedades fantasmas en otros países, el caso Vicentin es un caso típico, donde el préstamo del Banco Nación es un préstamo a Vicentin Argentina para que le exporte a Vincentin Uruguay, que en realidad no existe, es una empresa en los papeles que para lo único que sirve es para que en Argentina Vicentin declare un total de exportaciones inferior al que termina declarando desde Uruguay, porque en Uruguay no paga retenciones.
¿Los estados son débiles ante estas maniobras?
– Es una pelea desigual si no hay voluntad política ni se adaptan las herramientas. Se podría impedirle a Vicentin, por ejemplo, tener empresas que no tienen ninguna razón que las explique. Para eso la IGJ tiene que funcionar adecuadamente de manera que permita evaluar el entramado de sociedades que un mismo grupo empresario tiene en todo el país. Pero no hay una IGJ de alcance nacional, están en cada localidad. No existe un organismo que coordine las IGJ de todo el país, y eso te impide tener una mirada general sobre los principales dueños del poder económico de la Argentina. Del mismo modo que la AFIP tiene que trabajar con el criterio de renta y patrimonio mundial, y tiene que incorporar la idea de patrimonio presunto, porque Techint aparece como uno de los principales millonarios del mundo con 8 mil millones de dólares en el año 2019, pero efectivamente no tiene declarada esa cifra en la AFIP de la argentina.
El blanqueo del periodo de Macri no implicaba la obligación de traer la plata, simplemente declararla, y ante esa declaración se eliminaba el cobro del impuesto, y durante el período se fugaron 88 mil 376 millones de dólares, o sea prácticamente se fugó casi lo mismo que se había blanqueado. En estos meses de gobierno actual, entre diciembre, enero y febrero, se fugaron apenas 21 millones de dólares, mientras en el mismo periodo de la etapa Macri del año pasado se fugaron 3.764 millones de dólares, o sea que mecanismos para controlar la fuga, existen.
Si vos le cobrarás la alícuota vigente para Bienes Personales, de 0.75%, a las 50 principales fortunas de la Argentina, esa recaudación te permitiría garantizar la canasta alimentaria completa para 4 millones de personas, es decir eliminar la indigencia.
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