Redacción Canal Abierto | En el marco de la conferencia para anunciar la extensión de la cuarentena, Alberto Fernández había desafiado a los grupos económicos concentrados y a las grandes empresas diciéndoles que “les tocó la hora de ganar menos”.  El disparo fue entendido como tiro por elevación a Paolo Rocca, que pretendía despedir a 1450 operarios de Techint, un poderosísimo pulpo de tentáculos extendidos por todo el planeta que, se dijo, pretendía presionar al gobierno con esas cesantías para que levante la cuarentena y se reactive la producción.

Este fin de semana el jefe de Estado le dijo a Horacio Verbitsky que tendría «más lógica» exigir un aporte superior a los que «más han ganado o se beneficiaron con el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos», respaldando proyecto del diputado Máximo Kirchner, que crea un gravamen extraordinario para los que entraron al blanqueo de capitales macrista.

Anoche, en TN, el mandatario ratificó: “No es posible que pidamos que nadie pague y que el Estado haga todo. Un aporte extraordinario, no de los que blanquearon sino de las grandes fortunas, podría pensarse”. Además recordó que en febrero Ángela Merkel le expresó que nunca entendió “porqué en Argentina lo ricos no pagan más impuestos”.

“Tal vez en este momento –remató Fernández- los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos, pero es un tema que debe resolver el Congreso. Que los que tengan más recursos puedan aportar más, está reconocido constitucionalmente”.

Desde el sindicalismo, distintas voces se apuraron a apoyar las iniciativas oficiales, poniendo en carne viva la lucha eterna del movimiento obrero organizado para que los trabajadores y los sectores humildes y empobrecidos no asuman, una vez más, los costos del decadente sistema global.

El sector que más desarrollo le dio al tema fue el de los estatales de ATE y la CTA-Autónoma que conducen Ricardo Peidro y Cachorro Godoy, y sus institutos de economía y análisis cuya cara visible es el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, uno de los principales impulsores de la investigación contra la cerealera Vicentín.

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La crisis antes de la crisis

El informe del IDEP, firmado por el propio Lozano y Horacio Fernández explica que “en los procesos de crisis en el orden capitalista se agudizan las condiciones de desigualdad, y los sectores del poder económico intentan descargar el peso de las mismas sobre el resto de la sociedad, se plantean para nuestro país una serie de propuestas que hagan que sea ese poder económico (grandes fortunas, cúpula empresarial concentrada y la gran banca privada), el que hoy aporte los recursos necesarios”.

“Hasta este momento el gobierno intentaba modificar la estructura de precios relativos de la economía resultante del macrismo, mientras negociaba una solución al endeudamiento externo. En la nueva situación, ningún acreedor puede demandarle a la Argentina un plan económico consistente. La situación de crisis mundial, permite una solución acordada que postergue los pagos por varios años o en su defecto la inmediata suspensión de los pagos. Esta retroalimentación negativa entre condiciones sociales que hacen más vulnerable a la pandemia, y una pandemia que agrava la situación de las condiciones sociales, puede generar una situación de colapso de inimaginables consecuencias”.

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Luego de destacar las medidas sociales y económicas lanzadas por el gobierno para contener las consecuencias del parate, el texto del Instituto de Estado y Participación describe las herramientas planteadas desde la Central Autónoma: “Transformar y universalizar el hoy vigente Salario Social Complementario en un Salario Social de Empleo y Formación para las Jefas y jefes de hogar desocupados o con ocupaciones de subsistencia. También universalizar efectivamente la asignación por hijo e hija. Hemos demostrado que fácilmente pueden incluirse en el sistema, tres millones de pibes y pibas que hoy están por fuera. Promover una asignación para todas aquellas adultas y adultos mayores que no cumplen con los requisitos de la seguridad social”.

“Frente a las formas precarias de relación laboral hoy vigentes, la seguridad social no puede estar más atada, como en el Estado de Bienestar, al modelo del pleno empleo del fordismo. Y por ello, hay que animarse a pensar otras alternativas”, explican.

“Hay que impulsar un plan de financiamiento compulsivo. Los bancos tienen que garantizar que se reprogramarán todas las deudas que no puedan pagarse. Pero además, que se van activar las líneas de crédito para garantizar el pago de salarios y el crédito para el capital de trabajo. Se requiere una acción agresiva del Banco Central. Y si es necesario, declarar de interés y de utilidad pública al sector. Para poder intervenir y obligar, mientras dure la emergencia, con regulaciones más fuertes, a cumplir con las instrucciones de la autoridad pública”, agregan.

“Una estrategia que debe completarse con una clara vocación estatal de comprometer a las principales fortunas y a la cúpula empresarial en el aporte concreto frente a la crisis. Resulta intolerable que, en contextos como el vigente, los dueños del poder económico boicoteen la situación aumentando precios, limitando el abastecimiento o agravando el desempleo y la caída de los ingresos. Es indispensable, en este sentido, declarar de interés y utilidad pública aquellos aspectos de la economía que resultan centrales para afrontar la emergencia: Alimentos, Salud, Medicamentos, Equipamiento Médico, Transporte, Finanzas, Energía, Higiene y Limpieza. Esto debería dotar al gobierno de instrumentos para intervenir sobre las firmas y los bancos, a efecto de obligarlos a cumplir con las definiciones de la Autoridad Pública”.

“Garantizar que las empresas que han hecho fortunas en base a los tarifazos afronten el no pago de las facturas con sus propios recursos. Que los laboratorios se subordinen a la política de medicamentos que imponga el ministerio de Salud, así como también el abastecimiento a precios razonables de los alimentos. Estas definiciones sumadas a la posibilidad de requerir un aporte de las grandes fortunas, considerando inclusos el dinero fugado al exterior, son algunas de las posibilidades que hay que barajar en el presente contexto”.

“Estamos convencidos que revalorizando el rol del Estado, y dando una disputa sobre los términos en que se debe dar esa revalorización, podemos afrontar la pandemia primero, para luego encarar un proceso de recuperación bajo contenidos de mayor igualdad”, concluyen desde el IDEP de ATE. (ver informe completo)

Que los que más tienen, más aporten

Por su parte, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado emitió una declaración en el mismo sentido.

“Luego de cuatro años de gestión macrista –denuncia el sindicato- fueron arrojados a la pobreza 5 millones de compatriotas y sumidos en la indigencia un millón y medio, en un escenario que ya rondaba con altibajos tasas de pobreza entre el 25% y el 29% dado que desde el 2010 y hasta antes del inicio del período recesivo 2018-2019, alternaba años de crecimiento moderado con estancamiento luego agravado por la recesión. Este marco de desigualdad está acompañado por índices alarmantes de informalidad y precariedad: hoy más del 50% de la fuerza de trabajo manifiesta algún grado de precariedad o informalidad”.

“Mientras este cuadro social se agravaba año a año, a un grupo selecto compuesto por las 200 principales empresas y las 50 fortunas familiares y/o personales no les fue tan mal”, advierte ATE Nacional.

“En nuestro país esas 50 fortunas alcanzan a 57.000 millones de dólares. Fortunas encabezadas por Paolo Roca con 8000 millones,  Alejandro Bulgheroni y familia con 6200 millones y Pérez Companc con 3000 millones. Más allá de señalar lo indignante que resulta que quien encabeza este ranking sea el titular del grupo Techint que pretende despedir a 1450 trabajadores, cabe resaltar que estás tres fortunas se incrementaron en un 81,8%, 87,9% y 99,1% respectivamente entre 2017 y 2019”

“Otro tanto podría puntualizarse con respecto a la cúpula empresarial que durante el período 2015-2018 aumentaron sus ventas en un 205% mientras millones de compatriotas caían en la pobreza. Mereciendo destacarse las empresas del sector Energía, Gas y Agua que vieron crecer sus ventas en un 1036,5%, mientras los tarifazos asolaron a nuestro pueblo”, agrega el texto.

“A estas obscenas fortunas les ha llegado el momento de poner en serio para superar esta emergencia. Es el momento de establecer un impuesto de emergencia que grave a estos patrimonios que no dejaron de incrementarse mientras Argentina transitaba un sendero recesivo”.

El documento hace alusión al debate planteado por la oposición para que la dirigencia política y los funcionarios del gobierno se desprendan de parte de sus ingresos: “Más allá de que existen sectores en los tres poderes que ganan importantes sueldos y pueden tener un gesto de contribuir en esta emergencia, que seguramente será bien recibido como señal política, el nivel de este aporte no es lo que está en juego en esta coyuntura”.

Y concluyen: “Saldremos de esta crisis con una decidida intervención del Estado que ponga en caja el comportamiento avaro y depredatorio de los privilegiados de siempre y construyendo desde los sectores populares espacios que prioricen estrategias de intervención solidaria y colectiva”. (ver documento completo)

La pandemia de los despidos y las suspensiones

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un documento al Ministerio de Trabajo en el que, entre otras cosas, reclama “medidas para proteger los puestos de trabajo y los salarios durante la cuarentena”. El titular de la central, Ricardo Peidro, denunció que «los sectores más concentrados, en el momento de crisis aplican medidas para consolidar ganancias”.

 

Imagen: El cacerolazo de Paolo Rocca. Montaje  

 

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