Redacción Canal Abierto | Al igual que sucediera con la presión de las pre pagas para lograr dar marcha atrás con el decreto que buscaba centralizar todos los recursos sanitarios de la Argentina, el lobby empresario estuvo otra vez a punto de lograr su cometido de no incluir el coronavirus en el listado de enfermedades profesionales.

No obstante, esta madrugada el Presidente Alberto Fernández terminó haciendo lugar al reclamo de diversos sectores gremiales a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 367/2020. De esta manera, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deberán dar cobertura a los trabajadores de servicios esenciales que resulten contagiados. 

Según la resolución, las ART no podrán rechazar la cobertura de las contingencias, y deberán «adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) y sus normas modificatorias y complementarias».

“El decreto es un respaldo para trabajadores y trabajadoras de la salud, y de todas las tareas que vienen siendo consideradas como servicios esenciales”, explicó a Canal Abierto el director nacional del Instituto Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado, Orestes “Beto” Galeano.

¿Qué implica para trabajadores y para las empresas? En pocas palabras, que a partir de este momento las ART están obligadas a dar las prestaciones de forma inmediata luego de hecha la denuncia y acreditada la existencia de la enfermedad.

“No sólo es importante para reparar el daño eventual que pueda sufrir un trabajador, sino también porque ahora las ART van a empezar a presionar a las patronales para que tomen medidas de prevención”, aseguró Galeano.

El artículo 4 del decreto 367/20 determina que los trabajadores y trabajadoras de la salud, al guardar estrecha relación causal, directa e inminente, salvo prueba en contrario, regirá la presunción de la cobertura respectiva. “En el caso del resto de los trabajadores de servicios esenciales, es un poco mas complejo porque el fondo de la cuestión lo va a dirimir la Comisión Médica Central (la semana pasada salió una resolución para que, pese a la cuarentena obligatoria, se pongan en funcionamiento). En este caso, la carga de la prueba continúa a cargo del laburante que se contagió en su puesto laboral, al revés de lo que ya rige para los trabajadores de la salud”, detalló el especialista.

El lobby que no fue…

Una semana atrás todo parecía indicar que las presión de las aseguradoras iba a surtir efecto cuando el superintendente de Riesgos del Trabajo Gustavo Morón, designado por Mauricio Macri en noviembre de 2016, resolvió no incluir al COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales.

Entre otras cosas, Morón fue uno de los cerebros del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669 de 2019 con el que Cambiemos buscó reducir las indemnizaciones por invalidez y muertes por accidentes de trabajo.

“En la mayoría de los casos, los dueños y accionistas de las ART son bancos y financieras que vienen presionando y haciendo lobby para no reducir sus márgenes de ganancia, aún en medio de esta crisis. Por suerte, en esta caso primó la coherencia de que primero está la salud y después lo económico. El Presidente es consiente de que se juega mucho, y no está apostando al resguardo de las ART. Como bien dijo en su momento Alberto Fernández, es tiempo de que todos pongan algo, y las ART –que hasta ahora no venían poniendo- no podían ser la excepción”, lanzó Galenano, quien celebró que haya “un Gobierno que escucha cuando las voces son muchas y son fuertes, como en este caso han sido las de ATE, Fesprosa, CTA Autónoma y otras organizaciones sindicales que hicieron fuerza para que esto salga”.

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