Redacción Canal Abierto | En vastos sectores de la población, la crisis sanitaria golpea fuerte y hace aflorar un fuerte sentimiento de solidaridad. Sin embargo, en otro extremo, están quienes interpretan este contexto como una oportunidad de negocios o, cuando menos, un tiempo para no resignar ni una pizca de rentabilidad.

La seguidilla de mezquindades arrancó con las grandes cadenas de supermercados y farmacias, protagonistas de múltiples denuncias por remarcación de precios y desabastecimiento con fines especulativos. Luego siguieron gigantes del sector industrial y manufacturero como Paolo Rocca en Techint y Nicolás Caputo (el “hermano del alma” de Mauricio Macri) en Mirgor, quienes aprovecharon el momento para dejar en la calle a miles de trabajadores precarizados.

Luego, en los primeros días de abril, salió a la luz la operación empresaria ante una supuesta intención gubernamental para poner a disposición pública todos los recursos sanitarios de la Argentina. Ni más ni menos, se trataba de centralizar el manejo de las clínicas y sus camas, incluso las privadas, tal como ya dispusieron países como Irlanda y España.

En pocas horas los trascendidos se convirtieron en verdad revelada y foco de los ataques de lobbistas, empresarios de prepagas y dirigentes de Cambiemos. “Comunismo” y “expropiación” fueron las palabras claves utilizadas por los tuiteros que responden a Cambiemos, junto a apelaciones de corte xenófobo.

Al día siguiente -según publicaciones de Clarín, La Nación e Infobae- el ministro de Salud salió a calmar a las fieras negando el decreto ante los principales representantes del sector de medicina privada. En cambio, anunció, habría una resolución para profundizar la coordinación entre el sector público y el sector privado.

“Ginés a veces se manda solo” fue la frase con que la Casa Rosada intentó despegarse del trascendido. La presión y el lobby habían hecho efecto.

La última avanzada empresaria en medio de la pandemia fue de parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Es que, a contra mano de toda lógica, el Gobierno decidió no incluir -por ahora- el coronavirus en el listado de enfermedades profesionales. En cambio, según detalló el periodista Mariano Martin, los afectados por COVID-19 durante el ejercicio de sus labores -con preeminencia lógica de los trabajadores de la salud- deberán exponer cada caso ante la Comisión Médica Central del sistema de riesgos del trabajo para establecer si recibirá las coberturas en prevención, tratamiento y eventualmente dinerarias de las aseguradoras.

Todo pese a que el martes pasado la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma habían conseguido el compromiso de Salud de tramitar la inclusión del Covid-19 en el listado. Sin embargo, la presión de las aseguradores fue mas fuerte, en buena medida producto del trabajo de un aliado clave al interior del Gobierno: la decisión cayó en manos del superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, designado por Mauricio Macri en noviembre de 2016.

Auditor interno del Ministerio de Trabajo en el gobierno de la Alianza, Morón tuvo su primer paso por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo durante la gestión de Patricia Bullrich. Luego, desde 2007 y hasta 2015, trabajó para Guillermo Montenegro en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

En enero de 2017, a tono con los reclamos empresarios, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la vigente Ley de riesgos del trabajo. Así, los trabajadores que sufran accidentes estarán obligados a pasar por una comisión médica -que suele fijar reparaciones insuficientes- antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de reclamo y defensa.

Entre otras cosas, Morón fue uno de los cerebros del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669 de 2019 con el que Cambiemos buscaba reducir las indemnizaciones por invalidez y muertes por accidentes de trabajo. “No es médico, ni ingeniero de higiene y seguridad laboral, ni abogado. Es un especialista en manejar números más que personas. Y lo hizo a la perfección: Fue la guardia pretoriana de los intereses de las ART, atrás de las cuales están los grandes grupos económicos y financieros”, advertía en diciembre pasado un comunicado de la CTA Autónoma.

“El listado de enfermedades profesionales está cerrado desde 2009 y es potestad de la SRT incluir nuevas, o bien el Gobierno puede emitir un decreto para garantizar la cobertura en prevención y reparación mediante el sistema, por más que el coronavirus no esté incluido, como se hizo en España. Es cierto que las ARTs expusieron su buena voluntad para darnos cobertura, pero con esa buena voluntad no alcanza, acá necesitamos una decisión del Gobierno”, explicó Jorge Yabkowski, secretario general de la Fesprosa, al matutino Ámbito Financiero.

Una alternativa 

En 2012, el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó el proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral.

La iniciativa -que finalmente no logró sortear el lobby de las ART en el Congreso Nacional- buscaba erradicar el negocio que las empresas aseguradoras y el Estado hacen a costa de la vida los trabajadores, instrumentando un sistema solidario que contemplaba la generación de un Banco Nacional mantenido con el aporte destinado a las ART, que posibilitaría que cualquier trabajador de cualquier ámbito esté cubierto ante emergencias o enfermedades, y que se haría cargo de la reparación de los daños y perjuicios.

El proyecto proponía un cambio de paradigma hacia un sistema gestionado con participación de los trabajadores, que además serían protagonistas en el diseño y control de las acciones de prevención, que aseguraría la reparación integral y automática de los daños,  entre otras previsiones.

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