Redacción Canal Abierto | Comunidades mapuches del sur de Río Negro organizadas en el Consejo Asesor Indígena denuncian el avance de un gran emprendimiento en el que estaría implicado, entre otros, el empresario multimillonario Marcos Marcelo Mindlin, presidente y fundador de Pampa Energía S.A., firma del sector energético que no para de crecer gracias a sus amistades en el Estado desde 2005 y que se agigantó durante la gestión macrista.
Pero Mindlin, quien en su versión filantrópica preside el Museo del Holocausto de la Argentina y es presidente honorario de la fundación benéfica Tzedaká, no es el único. El capital es ecuménico, y quien le hace sombra en los negociados con tierras en la región es el empresario qatarí Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri. La colorida banda se completa con el amigo del expresidente, el magnate inglés Joe Lewis, apropiador de tierras emblemáticas como las que rodean el Lago Escondido que ha quedado sin acceso público desde su llegada.
La comunidad Kom Kiñe Mu con posesión territorial en el sudoeste de la provincia denunció el tendido de alambrados por parte de peones de Hugo Alberto Barabucci, personero del qatarí, en territorio ancestral comunitario. “Se desplazan constantemente con perros y caballos colocando postes de hierro. Se observan camionetas que movilizan material y peones”, señala en un comunicado del Consejo Asesor Indígena (CAI) Daniel Benávidez Cayunao, miembro de la comunidad.
De continuar y completarse, este alambrado impedirá toda la actividad productiva y cultural de Kom Kiñe Mu. La actividad habitual de la cría y pastoreo de cabras y vacas tiene como técnica ancestral las veranadas, consistentes en migrar con los rebaños hacia los valles verdes de la cordillera en la temporada estival. Los alambrados impiden este derrotero.
“Este alambrado marca una parte del límite del inmenso territorio que ha acaparado este empresario y sobre el cual ha realizado numerosas presentaciones ante la Cámara Civil Comercial y Minera de San Carlos de Bariloche con documentación en la que muestran todo lo que compraron en un negociado que sólo con la anuencia del poder político ha sido posible. El territorio acaparado va desde el Foyel cerca de la ruta a El Bolsón hasta cruzar la naciente del Río Chubut”, señala el comunicado.
Entre la documentación que presenta el citado Barabucci ante la demanda de la comunidad en la Justicia provincial, figura Mindlin al frente de un proyecto de caza mayor y menor de ciervos.
La lucha por la tierra es la lucha por la vida
“En 1997, en un trawun (asamblea) del CAI decidimos avanzar en la recuperación de territorios ancestrales, y recuperamos alrededor 200 mil hectáreas en la provincia de Río Negro, en distintos casos. Todos ellos los llevamos a la Justicia y se resolvieron favorablemente para las comunidades. Entonces le exigimos a la provincia el reconocimiento formal y documentado del territorio que ocupamos -narra Chacho Liempe, del CAI, en comunicación con Canal Abierto-. No hay ninguna respuesta. Hicimos un juicio contra la provincia que lleva cerca de quince años para que reconozca nuestro derecho sobre esas tierras. El juicio está en su etapa final, en poco más de un mes deberíamos tener una sentencia”.
En todo este tiempo “los gobiernos, no importa el color, actuaron favoreciendo la apropiación de tierras por parte de grandes empresarios del país y del mundo”, señala Liempe. Y las instituciones provinciales avalan este proceso de enajenación del territorio ancestral. Tanto es así, que nunca prosperó la investigación sobre el ataque a un puesto de veranada que la comunidad sufrió en noviembre de 2019.
Aunque no cuenta con el título de propiedad comunitaria, la comunidad Kom Kiñe Mu tiene el reconocimiento judicial de su ocupación tradicional de unas 30.000 hectáreas por un fallo de 2004 que quedó firme, y su derecho colisiona en 17 mil hectáreas con las tierras que pretende como propias Barabucci.
“Han hecho caminos, cortado árboles autóctonos, realizaron construcciones de viviendas, obradores y galpones, hicieron alambrados para encerrar ciervos, y ahora continúan alambrando. Esto es saqueo, esto es una nueva forma de genocidio. Expulsar a las comunidades del territorio es hacerlas desaparecer”, destaca el CAI.
Como consecuencia, el organismo indígena está solicitando al gobierno nacional que interceda. “Exigimos al gobierno que se exprese. Que haga algo, que investigue, pero que al menos se exprese. Los que pasaron estuvieron de acuerdo con esta situación, necesitamos saber qué va a hacer este gobierno”, sostiene el referente comunal.
La comunidad vive amenazada, no solo en su subsistencia sino abiertamente por el personal armado de estos empresarios y la justicia provincial acompaña el despojo al no investigar.