Redacción Canal Abierto | Julieta es abogada, tiene 29 años y dos hermanos varones de  veinte y veintipico, y una nena de 9 años que necesita un trasplante por un cuadro de fibrosis quística. Son de José León Suárez, al norte del partido bonaerense de San Martín. El martes fueron a la Fundación Favaloro, en el centro porteño, para realizarse pruebas de compatibilidad para la donación. A Julieta le dieron bien los resultados y por ese motivo se pidieron las valoraciones formales al INCUCAI y a la obra social para avanzar en los estudios, pero la vuelta a casa no fue como la habían planeado y ahora todo está detenido, complicado.

Para evitar riesgos, por recomendaciones generales y por su situación familiar particular, decidieron movilizarse en remis, y cuando iban por Avenida 9 de Julio, a la altura de Barrio Norte, un grupo de policías federales y de la Ciudad los interceptaron, los confundieron con ladrones y los maltrataron durante casi una hora en un operativo plagado de irregularidades y sin aplicación de las normas oficiales de cuidado para evitar la propagación del COVID-19.

“Por ahí no pasa nada, porque ahí me contagio y tampoco pasa nada, y por ahí me cagan la vida porque ponen en una situación de peligro a mi hermana y ¿qué hacemos, nos morimos toda la familia de tristeza?”, se pregunta la mujer ante la consulta de Canal Abierto.

Todo comenzó violentamente. “Nos cruzan una moto con un tipo todo vestido de negro y nos dice que nos bajemos, en el primer segundo pensé que era un chorro”, dice. Y por supuesto, los varones fueron condenados sumariamente por portación de vestimenta deportiva: “Esta Zalafria, la policía que le pega a mi hermano, lo miraba y le decía ´me dan asco los negros de la General Paz para allá´”.

“Esta mina en un mes, en cinco años, en veinte años, va a matar a un pibe y si ese pibe es morocho van a decir que estaba robando, porque a nosotros nos dijeron que estábamos robando”, advierte Julieta.

«Dónde está el arma negros de mierda» fue la frase que se repitió durante los primeros minutos.

“Yo soy abogada, conozco el procedimiento y no podía hablar, porque cada vez que les quería explicar qué veníamos del hospital me decían ´callate negra de mierda, mira para el piso´. Nos querían revisar el auto sin testigos, y empecé a los gritos por si nos ponían algo, así que finalmente llamaron a dos personas y obviamente no teníamos nada de nada”, agrega.

Las situaciones de riesgo sanitario atravesaron toda la escena:

“Desde el primer momento gritábamos que se pongan los barbijos y no se los ponían. En el forcejeo se voló mi barbijo, estuve durante 25 minutos sin barbijo y después un policía me dio su propio tapaboca, no me dejaron volver al auto a buscar otro barbijo mío. Que un policía este sin barbijo es violar el Artículo 205 del Código Penal. Saben que están en el epicentro de la pandemia, no pueden hacer un operativo diez tipos sin barbijo.

 

La denuncia por maltratos ya fue radicada. Los jóvenes ahora piden que se les realicen los testeos para detección rápida de eventual contagio de coronavirus. Pero además tuvieron que tomar medidas de prevención extrema que perjudican la ya de por si compleja situación familiar, porque el menor de los hermanos vive en la misma casa en la que la niña se encuentra con internación domiciliaria. “¿Y si a mi hermano ayer esos diez tipos que le pegaron y le gritaron en la cara, lo contagiaron? Mi hermano tuvo que venir a mi casa”, explica.

Y por último denuncia: “El estado tiene la obligación de testearnos. Se negaron a ponerse los barbijos sabiendo que veníamos de una valoración de trasplante, porque se los dijimos en todo momento. A mí me sacaron sangre, tenía el algodón en el brazo, e igual nos seguían hostigando, y nunca se pusieron el barbijo, no se querían identificar. ¿Qué pasa si yo me contagie coronavirus porque diez policías que están todo el día en la calle con un montón de gente me contagiaron? Todos los planes que tenemos se verían modificados y demorados».

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