Redacción Canal Abierto | El Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, con el acompañamiento de los provinciales, ha resultado, desde el punto de vista sanitario, una de las experiencia más exitosas en el planeta en términos de muertes evitadas y evolución de la cantidad de contagios en plena pandemia.

Por su parte, las consecuencias económicas aún son difíciles de dimensionar pero las medidas paliativas lanzadas por la gestión muestran asimetrías importantes, señalan desde las cooperativas que llevan adelante las fábricas y empresas recuperadas.

Mientras empresas como Danone, Clarín o Techint reciben asistencia del Estado a través de los fondos del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para cubrir parte de los salarios de sus 2,6 millones de trabajadores, las cooperativas de este sector no reciben nada.

“Lo que hemos conseguido para las recuperadas es que los compañeros que no cobran el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) puedan cobrar un Salario Social Complementario. En junio, 1750 trabajadores más empiezan a cobrar este salario, que es la mitad de un salario mínimo, unos $8.400”, señala Eduardo “Vasco” Murúa, al frente de la Dirección de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Mientras tanto, a un trabajador de una empresa privada el ATP le cubre el 50% del salario, con un mínimo de un SMVM ($ 16.875) y un máximo de dos SMVM ($ 33.750).

Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, hoy al frente de la Direccción de Empresas Recuperadas

Mientras a Danone o Clarín el Estado los asiste pagando el 50% del salario de sus empleados (hasta $33.750), un trabajador de una empresa recuperada puede llegar a recibir $8.400 de Salario Social Complementario.

El problema es que el Estado sigue entendiendo como trabajador solamente al trabajador en relación de dependencia”, destaca Murúa, que tiene ahora el desafío de representar al Movimiento de Empresas Recuperadas desde adentro de la función de gobierno.

La particularidad de este sector es que, al ser cooperativistas, los trabajadores no cobran un salario como quienes están en relación de dependencia, sino que retiran excedentes de lo producido por la empresa. Cada trabajador está inscripto como monotributista y en este caso puede ser “beneficiado”, según los criterios establecidos, con el cobro de la IFE o con un crédito en su tarjeta, si supera los requisitos de la AFIP y su pedido es aprobado.

Así, un universo compuesto por 460 empresas recuperadas registradas y que representa una fuente de trabajo para alrededor de 18 mil trabajadores y trabajadoras sigue sin tener un encuadre legal que lo ampare, que reconozca las particularidades de su situación y le permita acceder a derechos de los que gozan otras unidades productivas.

 

Ocupar, resistir y resistir

En el Bauen reunimos tres de las actividades más complicadas por la pandemia: la hotelería, la gastronomía y el mundo del espectáculo, ya que el hotel tiene dos salas teatrales gestionadas por otra cooperativa. Estamos con facturación cero desde el 20 de marzo, llevamos alrededor de 67 días con el hotel absolutamente cerrado, y esto está impactando financiera y económicamente en la cooperativa –sostiene, en diálogo con Canal Abierto, Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen y presidente de FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados)–. Estamos en una crisis profunda producto de no poder asumir los compromisos de servicios, impuestos, proveedores a quienes les habíamos dado cheques que luego no pudimos cubrir. Nuestra situación económica es muy compleja, como las de las demás empresas recuperadas que no estamos consiguiendo la asistencia económica que necesitamos”.

Federico Tonarelli y Eva Losada, vice y presidenta de la Cooperativa del BAUEN

 

“Estamos reclamando dos cosas: la primera, ser incluidas las cooperativas de trabajo en las ATP, así como se asiste a los empresarios pyme. La asistencia está pensada para los empleadores, para cubrir el pago de salarios. Nosotros reclamamos ser asistidos por lo menos con el pago de un salario mínimo para cada asociado de cooperativa. Por otro lado, pedimos una línea de subsidios o créditos a tasa muy blanda, de ser posible a tasa cero y con un buen plazo de gracia, para apalancar la reapertura de las cooperativas porque tampoco tenemos capital de trabajo –señala Tonarelli–. Como el universo de pymes y pequeños comerciantes la mayoría de las cooperativas nos encontramos en situación terminal”.

Y concluye: “Nosotros, que somos un sector aliado, no entendemos cómo en la Asistencia al Trabajo y la Producción se termina asistiendo a aquellas grandes empresas que atentan contra la estabilidad del gobierno permanentemente, presionan y hacen lobby, al nivel del apriete, para romper el aislamiento y seguir acumulando y maximizando ganancias, y se deja afuera a un sector muy importante de trabajadores asociados en cooperativas que hemos trabajado para la victoria de octubre del año pasado y por sacarnos de encima al macrismo”.

 

Resistir y producir a pesar de todo

En este escenario son numerosas las muestras de solidaridad y de inventiva de las empresas recuperadas. Como vienen demostrando desde el año 2000, en el marco de la pandemia hay numerosos ejemplos de la relevancia del sector.

El laboratorio recuperado Farmacoop comenzó a producir alcohol en gel a precio justo para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y en breve comenzará a fabricar tiras de diagnóstico rápido para detección de anticuerpos de Covid-19 desarrolladas por un equipo del Centro de Investigaciones y Desarrollos en Fermentaciones Industriales (CINDEFI) de la Universidad de La Plata.

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Además, montaron junto a otras cooperativas un emprendimiento de fabricación de barbijos. Así lo hizo también la cooperativa gráfica Madygraf que sumó a su producción una línea de fabricación de viseras sanitarias, barbijos y alcohol sanitizante, que donaron a doce hospitales del AMBA.

“La Dirección de Empresas Recuperadas está trabajando con todas las cooperativas. Casi el 60% están abiertas, trabajando. Sacamos un primer proyecto de asistencia de 8 millones de pesos que puso el Estado para arreglar unas torres de enfriamiento para el frigorífico SUBPGA, tenemos proyectados para finales de mayo y principios de junio 100 millones de pesos para compra de maquinarias en distintas cooperativas –describe Eduardo Murúa–. Por otro lado, ya tenemos prácticamente cerrado un acuerdo con el Enargas y el ENRE para sacar una tarifa diferenciada para todas las empresas recuperadas”.

Desde el sector esperan que, finalmente, éste sea un primer avance hacia generar un marco legal y de políticas públicas que reconozcan su relevancia y le den visibilidad a una experiencia reconocida en todo el mundo que en nuestro país aún resulta invisible.

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