Redacción Canal Abierto | Farmacoop es una cooperativa surgida tras la quiebra, a fines de 2018, y el vaciamiento patronal del ex laboratorio Roux Ocefa. Hoy, luego de una larga lucha, 100 de los más de 400 despedidos (farmacéuticos, ingenieros y demás profesionales) reorientan su producción y suman su esfuerzo a la batalla contra el COVID-19.

Este 30 de abril se cumple el primer aniversario del fallo que reconoció la conformación de la cooperativa a cargo de la empresa. Desde entonces, los trabajadores vienen reconstruyendo lo que la ex patronal destruyó durante años, realizando un reacondicionando de la planta y poniendo los papeles en regla para alcanzar los requisitos necesarios que exige la ANMAT.

“Teníamos programada una inspección para habilitar la producción de medicamentos en la semana del 16 de marzo”, cuenta Bruno Di Mauro, presidente de la cooperativa. Por esos días el anuncio presidencial que ordenaba la cuarentena implicó la cancelación del trámite y pausó el largo y ansiado proceso de habilitación. No obstante, la mala nueva no logró mellar las ganas de sacar adelante la empresa.

“Cuando empezaron a salir a la luz las noticias de escasez y sobreprecios en el alcohol en gel quisimos aportar nuestro granito de arena, y para eso re acondicionamos una línea de producción que antiguamente era de cremas y nos pusimos a fabricar este insumo tan necesario a precios accesibles”, explica a Canal Abierto el referente de Farmacoop.

Por estos días, conseguir alcohol en gel no sólo parece una misión imposible, sino sumamente costosa. Es que, como suele ocurrir en estos casos, a mayor demanda… especulación y remarcación. El tema llegó incluso a oídos del propio Presidente, quien ordenó retrotraer los precios al 15 de febrero y mantenerlos durante 90 días.

“No voy a tolerar que unos pícaros nos tomen por bobos; el riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, había lanzado Alberto Fernández.

A diferencia de quienes buscan sacar rédito de esta crisis, los integrantes de Farmacoop decidieron separar una parte de la producción para donar a instituciones de salud pública que puedan tener faltantes de alcohol en gel. “Los abusos empresarios no deberían sorprendernos, pero sí es importante que estos hechos nos hagan pensar en cuestiones como el control de precios, una renta básica universal para todos los trabajadores y trabajadoras, entre otras cosas”, asegura Di Mauro.

 

Para que “ocupar, resistir y producir” sea ley

La recientemente creada Dirección Nacional de Empresas Recuperadas presentó en el Congreso un proyecto que recoge 20 años de experiencia y busca facilitar la tarea de aquellos trabajadores que se animan a autogestionar las fábricas que sus patrones abandonaron.

“Cuando termine la pandemia seguramente va a haber muchas empresas que no vuelvan a abrir o, como en nuestro caso, con patronales vaciando las plantas -anticipa Di Mauro-. Por eso estamos promoviendo este proyecto de ley que apoye a los laburantes que pretendan conformar cooperativas y hacerse cargos de la producción”.

Hoy funcionan en nuestro país más de 400 empresas de este tipo, dando lugar a más de 18.000 puestos de trabajo autogestionado, que desarrollan sus actividades en los más diversos rubros de la industria nacional. A su vez el movimiento de fábricas recuperadas supo asociar el resurgir del ámbito laboral con un entramado social que a la vez de servir de apoyo permitió albergar y desarrollar espacios populares de acceso a educación, cultura, cuidados, formación e inclusión. Así, junto y dentro de las fábricas crecieron centros culturales, bachilleratos populares, centros de salud, salas teatrales y hasta un canal de televisión como Barricada TV que hoy emite su señal por la televisión digital abierta (TDA) desde la metalúrgica IMPA en el barrio de Almagro.

Con más de dos décadas de desarrollo de esta experiencia que se estudia en el mundo, llegó la hora de generar políticas estratégicas de reconocimiento y acompañamiento para un sector que ha demostrado viabilidad económica y compromiso social. Con este fin, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que ha asumido la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, en la figura de Eduardo Murúa, ha presentado en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas (Expediente1400-D-2020).

La iniciativa -presentada por Leonardo Grosso y acompañada con la firma de las diputadas y diputados Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Mabel Caparrós, Federico Fagioli, Itai Hagman, Graciela Landriscini, Mónica Macha y Ayelén Spósito– propone declarar de utilidad pública la recuperación de empresas por sus trabajadores, impulsa el reconocimiento institucional a esta experiencia y propone herramientas estratégicas de protección y desarrollo.

El proyecto propone que “toda Unidad Productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”.

La iniciativa parlamentaria prevé que el monto de la indemnización sea determinado por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el juez o la jueza de la quiebra o concurso preventivo y determina la creación de un Fondo Fiduciario a efectos de pagar el monto de la indemnización. Este fondo se conformará con partidas previstas en la Ley de Presupuesto Nacional de cada año y el proyecto propone que el monto no sea inferior al 5% del presupuesto anual del Ministerio de Economía.

El Poder Ejecutivo cederá en comodato los inmuebles expropiados por la aplicación de esta ley a la cooperativa de trabajadores/as, para la consecución de su objeto social, con la condición de que ésta ceda parte de sus instalaciones, no utilizadas para la producción, para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados y/o de formación profesional.

La ley propone además una serie de exenciones tributarias para las empresas recuperadas y crea el Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER).

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